Futbol para Todos en la nueva década

El costo estimado del programa Futbol para todos ronda los 1300 millones de pesos anuales (los subsidios para mantener los actuales precios de los boletos de transporte público en AMBA multiplican muchas veces esos valores -si tienen paciencia pueden verificar acá-).

Una cifra aproximada a esa estaría desembolsando el fisco este año para poder emitir por televisión abierta el total de los partidos de futbol de primera división, algunos del Nacional B y otros de la Copa Argentina.  Hay cierta dificultad en encontrar cifras precisas, debido a que si bien los ejercicios presupuestarios son anuales (de enero a diciembre), los gastos de FPT responden al calendario futbolístico, con temporadas que van de julio a junio, por lo cual si bien existe una previsión presupuestaria la misma está siempre sujeta a ajustes en la segunda mitad del año que van de acuerdo a los niveles de indexación nominal de la economía argentina. Es casi seguro que el programa FPT gozará en algún momento del año de alguna ampliación presupuestaria (no muy distinto de todos modos a lo que pasa con cualquier ítem del presupuesto, por decreto, en virtud de la vigencia de la Ley de emergencia económica que vence a fin de este año y cuya renovación promete traer algún acalorado debate en el congreso).

Esta cifra incluye las erogaciones en varios conceptos: la producción integral del programa, los salarios de los periodistas que componen el equipo, la producción de los spots publicitarios y el costo fundamental, los derechos de televisación que cobra la AFA y que distribuye con criterio coparticipativo a los clubes de las distintas categorías del futbol argentino. Este es un punto esencial: el dinero percibido por la venta de los derechos de televisación se distribuye entre todos los clubes directa e indirectamente afiliados a AFA, de la categoría que fueran (aunque quedan un poco relegadas las ligas del interior y sus torneos de ascenso al futbol de AFA: Argentinos A, B y C, no porque no cobran, sino porque cobran menos).

El Estado paga estos derechos a través de la Jefatura de Gabinete, en cuyo organigrama se encuentra dependiendo directamente del jefe de la cartera una unidad funcional que se encarga de la gestión de todo lo atinente al programa. Los recursos salen de rentas generales, de la parte que, una vez hecha la coparticipación primaria, se queda el Estado Nacional. Es decir, de la recaudación de impuestos.

En el origen de este tipo de erogaciones rige, aunque parezca mentira, un principio constitucional: el Gobierno está obligado a dar publicidad de sus acciones. 

A partir de esta obligación constitucional lógicamente con el paso del tiempo, la aplicación de tecnologías, el perfeccionamiento de las técnicas, la asimilación de modelos comunicativos del ámbito empresarial, se fue buscando también desde el sector público darle a la tarea una eficiencia mayor, incluso incorporando nuevas funcionalidades a la comunicación. Y obtener (y cómo que no?) un aunque sea módico rédito político.

Así, se llega fácilmente a percibir que la potencia comunicativa de la radio o la televisión brindan no sólo la posibilidad a los gobiernos de comunicar de manera auto-propagandística sus acciones, sino que permiten al estado incluso desarrollar con mayor eficiencia sus políticas, además de hacer un uso más eficiente de los recursos económicos. En algunos casos, la publicidad bien encarada puede redundar en ahorro de plata. No es solo propaganda, del mismo modo que la información vertida por medios de comunicación privados no puede considerarse tampoco como solamente “propaganda negativa”. En ambos casos, hay algo de eso, pero el alcance de la información difundida es mucho más amplio.

Pongamos el ejemplo de una política social ambiciosa como la asignación universal por hijo. Cuya idea era alcanzar con la cobertura de las asignaciones familiares a aquellas familias que padecen la desgracia de permanecer excluidas del ámbito laboral formal, ya sea con cabezas de familia desempleados o empleados pero no registrados. Esta estrategia equitativa en la percepción del beneficio de la asignación requiere de un estado activo, pero además con un aparato muy versátil que le permita tener llegada a lugares donde las condiciones de acceso no son las mejores, no en sentido físico solamente, sino en cuanto a la dificultad de acceso a la información requerida para identificar la existencia de posibles beneficiarios. Ante ese obstáculo inicial, la difusión pública de esta política puede promover que los potenciales beneficiarios adopten una postura activa y se acerquen ellos voluntariamente a las oficinas a postularse para el trámite con una buena parte de la información necesaria ya provista. Así, segundos de televisión pueden suplir semanas de trabajo.

De este modo, lo que era simple difusión de acciones de gobierno por obligación constitucional adquiere una complejidad mayor y pasa a formar parte decisiva en la implementación de políticas públicas.

Pero también la comunicación oficial tiene un justificativo muy importante cuando se señala por ejemplo cuáles son los montos erogados desde el estado nacional para la construcción de represas hidroeléctricas, escuelas, hospitales, viviendas, en subsidios al agro o a los servicios públicos, en incremento de haberes jubilatorios o para pagar los gastos de representación de la curia eclesiástica. Permite, por ejemplo, armar un esquemita práctico con el cual determinar si se podrían aumentar 50 pesos anuales las jubilaciones con la plata del futbol, o si sería razonable dejar sin ver partidos de futbol a los chaqueños, tucumanos, cordobeses, etc., para mejorar el transporte urbano de los porteños.

Esta “propaganda”, además, así como la “propaganda negativa” (la que señala implacablemente todas las cosas que no se hacen y que habría que hacer) son herramientas de una potencia insustituible en la formación política de ciudadanos que, gracias a una Constitución que en este aspecto se pensó con un criterio altamente participativo, tienen un poder de decisión muy grande en el acontecer político nacional. A diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, donde la no obligatoriedad del voto, por ejemplo, genera un desligamiento mayor de los ciudadanos respecto de la administración de las cuestiones públicas.

En este sentido, la necesidad de que el estado contrate segundos de televisión para poder valerse de todas estas herramientas, que a su vez son usufructuadas colectivamente, queda totalmente legitimada (se puede estar de acuerdo o no, pero tiene legitimidad).

Bueno, frente a eso, la idea de la cual surge FPT es muy buena. En vez de comprar minutos televisivos de manera fragmentaria a los distintos emisores privados, se compran los derechos de televisación de un producto altamente demandado, y con “rebote” garantizado. Esto es, todo lo que pasa en materia publicitaria en las tandas de FPT es ampliamente comentado en diversos medios de comunicación.

Esta reasignación de recursos, ahora percibidos por los clubes de futbol y ya no por los canales privados de televisión y las radios puede haber provocado algún enojo pasajero, algún énfasis patriótico de preocupación por el uso de los fondos públicos, principalmente de parte de aquellos que ya no cobran fondos públicos por un servicio que ya no dan, porque se encontró una forma superadora de contratarlo. Nada que no se pudiera arreglar con la restitución del derrotero original de los cheques. Y de la ineficiencia comunicativa.

Pero con el cambio de itinerario se matan dos pájaros de un tiro al darle, además, cierto aire económico a los clubes de futbol (asociaciones civiles sin fines de lucro), aumentando el canon, cosa que, atenta a su ecuación microeconómica, la empresa que compraba antes con exclusividad y sin competencia esos mismos derechos, consideraba inadecuada.

Fin de la nueva ecuación: mejores ingresos para los clubes, mejor potencia comunicativa para el estado, mayor grado de visibilidad de las acciones de gobierno, mejores posibilidades ciudadanas de conformarse como sujetos políticos.

El Estado (es cierto) paga por un producto (los derechos de televisación del futbol) más de lo que sugeriría la interacción de oferta y demanda. Pero cuál es el beneficio que se asegura con esa compra es también tema a analizar.

El futbol en el ámbito de la “cultura”.

Todos los presupuestos de los distintos estamentos estatales cuentan con la asignación de fondos a actividades de tipo cultural.

En general, lo que se entiende por cultura en este sentido son una serie de manifestaciones artísticas legitimadas como “culturales” en un proceso de interacción social, en el que, como siempre, los que más guita tienen pueden imponer mejores condiciones.

De este modo es que surge de manera incontrastable que un teatro monumental, con materiales e instalaciones que deben cumplir con estrictos requisitos técnicos y planteles muy grandes tenga garantizada la legitimidad de la mantención del mismo por parte del Estado (de la órbita nacional, provincial o municipal). Nadie duda que el Colón es “cultura” y que está muy bien gastada la plata que el estado municipal de Buenos Aires pone de la recaudación impositiva para tal fin.

A los partidos de futbol televisados les cuesta un poco más adquirir ese status. Porque aparentemente no tienen las cualidades edificantes del ballet y la música clásica. Al menos eso es lo que inculcan los consumidores de éstas disciplinas. Que han conseguido gran éxito en su tarea, al punto que la mantención con fondos públicos de espectáculos que hacen a su goce personal sea defendida férreamente incluso por personas incapaces de tolerar esas manifestaciones durante un plazo mayor a los 15 minutos. Digamos: si los hace dormir, entonces es “cultura”. Y por eso, como es “cultura” está bien que el estado pague. Sin ir más lejos, la película argentina ganadora del Oscar, dirigida y actuada por los “dirigentes opositores” Campanella y Darín, recibió fondos públicos a través del INCAA. Sin el escándalo que suscita, en cambio, que la productora de Andrea del Boca reciba fondos para desarrollar “productos culturales de exportación”. Bueno, el futbol ni siquiera goza en las consideraciones generales del atenuante de ser “cultura”. Injustamente, como es obvio. Por simples prejuicios de clase, históricos.

Ahora bien, si midiéramos en cantidad de beneficiarios el beneficio social que genera el dispendio de fondos públicos en sostener las distintas actividades culturales, artísticas o deportivas, el futbol ocuparía el primer lugar del ranking de mayor impacto de cada peso gastado. Es decir, cada billete que se pone en televisar futbol hace poner feliz a mucha más gente que cada billete puesto en solventar una filarmónica. Aún creyéndole a los cuestionables y limitadísimos datos de IBOPE.

Este contabilización democrática, si bien no puede ser la única utilizada a la hora de decidir en qué gastar, sería injusto que fuera dejada totalmente de lado. Más aún cuando se reclama a viva voz que sea ese mismo criterio el que se emplee exclusivamente en otros casos, en los cuales sería menos justificable emplearlo. Como por ejemplo, la publicidad en medios gráficos. Donde los diarios de mayor tirada se quejan abiertamente de que reciben subsidios proporcionalmente menores a los que reciben los de menor tirada.  Curiosa diferencia en el criterio de evaluación: en el arte y el deporte, cuanto a menos gente le gusta una disciplina más justificada está su financiación por parte del estado (tal vez porque de ese modo se garantiza la subsistencia de una actividad que por criterios mercantiles debería desaparecer); pero en el caso de los medios de comunicación, los más elegidos por el público deben ser además los que reciban mayores subsidios (o pauta publicitaria estatal). Absolutamente contradictorio. A tal punto que si no hubiera intereses pecuniarios instalados en el medio de estas disputas por la apropiación de fondos, casi sería inexplicable la diferencia. Pero que en este caso es entendible en virtud de que como sostenemos algunos cínicos de lejana inspiración marxista, primero está la propensión a satisfacer los deseos materiales y después las explicaciones, y aún la lógica.

Bueno, una vez ensayado este (extenso para estrada de blog, pero breve para análisis) panorama estamos en condiciones de pensar mejor si Futbol para Todos es parte de lo bueno que hay que mantener o parte de lo malo que habría que cambiar. Queda instalado el debate.