domingo, 26 de agosto de 2012

Relato


Cristina lo anticipó en una de sus últimas actividades públicas: "van a salir a hablar de un proyecto para expropiar tierras".
Hoy, La Nación cumple la profecía: sale a llamar la atención sobre la existencia de un anteproyecto de ley elaborado en el seno del ministerio de planificación federal, próximo a ser remitido al Congreso, que trata efectivamente sobre reordenamiento territorial, y que al parecer facultaría al estado para la expropiación de tierras (con pago de indemnización). Si no me equivoco, Cristina ya había hablado de la necesidad de la sanción de una ley que cumpliera con algunos de los objetivos señalados en la fundamentación del anteproyecto, cuando abrió el período de sesiones ordinarias este año. No hay ninguna novedad en el asunto.

También se supo en la semana que el judío, marxista y expropiador de Axel Kicillof encarnaría el avance del estado sobre la regulación del mercado energético. Un mercado que desde los 90 fue acondicionado para la libre competencia entre empresas del sector por abaratar costos, en virtud de obtener por esa vía mayores márgenes de rentabilidad, sin límites para la remisión de utilidades. Las intervenciones irregulares que desde 2003 llevó adelante el "arquitecto" De Vido hicieron que algunas empresas del sector festejaran el avance regulatorio, ya que Kicillof prometió que el mismo tendría como uno de sus objetivos regular los márgenes de rentabilidad, lo cual supuso para muchos volver a tener márgenes de rentabilidad. Paradojas, que no ocultan que el nuevo esquema formal, si bien puede relativamente beneficiar a las empresas en comparación con la situación que atravesaban con las intervenciones informales de De Vido, pone límites a la apropiación privada de producto social.

El esquema del decreto 1277 para el sector petrolero y gasífero tiene estos mismos lineamientos: remisión de información por parte de las empresas, análisis de costos y fijación de rentabilidades razonables según criterio estatal. El decreto 1278 que pone a Kicillof al mando de los directores estatales en las compañías de las cuales ANSeS heredó acciones de las AFJPs es parte también de este espectro de medidas, ya que sigue criterios similares al del decreto antes mencionado.

Hay otras: por ejemplo, la intervención de AFIP y UIF en los movimientos financieros de triangulación, prácticas elusivas, la tan trillada administración del comercio internacional, o el control a las compras de divisas de acuerdo al destino que se les diera a las mismas.

Este ordenamiento nuevo del esquema económico (ya no es secreto para nadie) transita indefectiblemente el camino de la limitación de ciertas libertades individuales, sobre todo en la libre disponibilidad de las rentas obtenidas en el proceso de apropiación privada de lo socialmente  producido.
Desatar debates en torno de ésto, implica asumir la discusión en el terreno de la ideología. No le conviene al sector "progre" o "de izquierda" de la oposición, ya que implica desbaratar la absurda idea de que el kirchnerismo es sólo relato.

miércoles, 15 de agosto de 2012

Época de definiciones para el federalismo argentino


Mientras el jefe político de la ciudad de Buenos Aires reclama la finalización del festival de subsidios, a la vez que se queja amargamente de que le recortaran los del alumbrado público y la mitad del de los subtes, las provincias de Santa Fé y Córdoba encaran la ofensiva judicial por la apropiación de la plata de los jubilados contra la ANSeS.

La cuestión pasa por definir y hacer cumplir las obligaciones emanadas de los acuerdos entre ANSeS y provincias por las cajas jubilatorias provinciales.
Algunas provincias cedieron sus cajas, y los jubilados acreedores de éstas pasaron a cobrar sus haberes a través de ANSeS. Otras provincias, entre las que se encuentran Córdoba y Santa Fé mantuvieron sus cajas propias para empleados públicos jubilados, pero acordaron que ANSeS se haría cargo de sus déficit previsionales.
Las dos reclaman hoy que ANSeS les adeuda plata de años anteriores en este concepto.

Visto así, la posición de las provincias (y sus cajas jubilatorias) es casi privilegiada, ya que la opción de no transferir la caja propia a la ANSeS significa una victoria por partida doble. Pagás los haberes que querés, con plata que no te encargás de recaudar.
Pero la cosa no era tan sencilla como parece.

Como contrapartida a la recepción de fondos para cubrir los déficit, las cajas provinciales se comprometían a adecuar sus sistemas jubilatorios al sistema utilizado a nivel nacional. Esto implicaría directamente que el cálculo de cuánto se le paga a un jubilado y con qué régimen de movilidad se hace, sea en las provincias con caja propia, igual que en la Nación.
En la práctica, reemplazar el 82% móvil por el régimen de la ley de movilidad jubilatoria (2 aumentos anuales calculados con un índice creado a través del cruce del coeficiente de variación salarial del INDEC y los resultados financieros del flujo de caja de ANSeS), y por otro lado calcular el haber en base al promedio de los últimos 10 años de salario activo, complementado por moratorias, en lugar de los 4 que promedia Córdoba.
Estas modificaciones hubieran significado probablemente un perjuicio en el más corto plazo para los jubilados del régimen provincial. Por eso es legítimo que las provincias no quisieran hacerlas. Lo que pasa es que esa negativa a adecuar el sistema, automáticamente desliga a la ANSeS de la obligación de fondear los déficit. Dicho con claridad: ¿querés pagar 82% sobre promedio de los últimos 4 años de salario? Perfecto, valoro mucho tu generosidad para con tus jubilados, pero pagalo con tu plata, no con la mía.
Desde el sentido común, la cuestión es sencilla de resolver.

Pero, desde ese mismo sentido común se cuela con capacidad de daño grave la cuestión de la coparticipación y el pacto fiscal por el cual las provincias cedieron puntos de la misma en favor del estado nacional para financiar provisoriamente a ANSeS, cuando se creó el régimen de AFJPs.

Si bien la postura actual de Córdoba de querer romper el pacto unilateralmente no tiene consistencia y constituye apenas un fuego de artificio político, digamos que el fin de las AFJP obliga a una discusión sobre cómo repartir los fondos de acuerdo a los nuevos lineamientos y necesidades. Porque la cesión se hizo con el objetivo de no desfinanciar a ANSeS en momentos en que dejaba de recibir aportes pero seguía pagando haberes. Hoy, el cobro de aportes fue recuperado por ANSeS, junto, además, con un stock de ahorro.

Ahora bien, el riesgo político de avanzar en estas negociaciones (con las cuales los jueces de la Corte se manifestaron ya de acuerdo, en lugar de definir con un fallo de ellos) es que puede desembocar tranquilamente en la excusa precisa para encarar una reforma constitucional (la otra, la de la instauración del parlamentarismo ya fracasó; la que me gusta a mí, de reforma de las jurisdicciones provinciales partiendo la PBA y sumando a la CABA no asoma por ningún lado).
De todos modos, la idea de la reelección prosperará o no en relación a variables políticas y económicas independientes de las razonadas argumentaciones jurídicas. Pero, la excusa siempre es necesaria. Y la guita (y su forma de repartirla) suele ser un buen disciplinador del acontecer político.

Para cerrar, recomiendo la desopilante columna humorística de Rodolfo Terragno en Clarín. El dirigente opositor emprende de manera bravía contra los "cabistas" (?????), demostrando que es una persona de coraje a la hora de defender sus firmes convicciones. Y que no está en contra de la confrontación en sí, sino solo contra la falta de oportunidad que supone ejercerla contra alguna entidad concreta, y tal vez con poder mayor al propio.

martes, 14 de agosto de 2012

La decadencia de la moral y las buenas costumbres: comentario sobre el sistema financiero del Uruguay

Por cepo argentino cayó un 44% la venta de propiedades en Uruguay.

Es este el título de la nota de Ámbito a Juan Carlos Protasi, ex presidente del Banco Central uruguayo. Pero del "cepo cambiario" (qué nombre más insulso que le pusieron al control de cambios esta vez) se habla poco y nada en la entrevista. De hecho, se analiza mucho más la hipotética sobrevaluación cambiaria argentina y las perspectivas de devaluación, que "blanquee" en la cotización oficial del dólar el comportamiento del blú.

Pero lo que se lleva toda la atención es otra novedad intervencionista que afecta a los circuitos por donde fluyen los vínculos financieros entre la corrupta Argentina y la honesta Uruguay. Y que es evidentemente el principal motivo de la retracción en el mercado inmobiliario uruguayo por falta de inversores.

En ese punto es bastante evidente el cinismo con el que el entrevistado dice abiertamente y sin disimulo que la economía uruguaya se nutre en alto grado del lavado de activos por parte de argentinos, y que las medidas conjuntas de intercambio de información tributaria que tomaron ambos países por recomendación de la OCDE perjudican al Uruguay (aún a pesar de los convenios para evitar la doble imposición, así que mirá si habrá evasión ahí, que la certeza de que no les van a cobrar impuestos en los dos países a los tipos no les mueve la aguja).
Y (se deduce de lo que dice Protasi) se disuelve la capacidad del sistema jurídico uruguayo en materia financiera de generar confianza suficiente para cobijar el lavado de dinero proveniente de la evasión fiscal, el fraude comercial u otras actividades igualmente ilegales.
Si así no fuera (que el dinero proviene de ese tipo de actividades) no queda claro por qué los inversores argentinos estarían adoptando la cautela ante la posibilidad de que la AFIP intercepte su accionar (ya que el generoso secreto bancario uruguayo ya no podría cubrirlos como hasta hace poco).

Cosas de la globalización: hasta la discreción bancaria uruguaya, esa virtud tan pueblerina, termina sucumbiendo ante la contaminación prepotente de las costumbres corrompidas de países como la Argentina.

domingo, 12 de agosto de 2012

Sector energético: estructura desequilibrada y sistema político. Comentarios a la nota de Jorge Castro.

Las notas de Jorge Castro en Clarín de los domingos son altamente recomendables. Con mucha diferencia, lo mejor del multimedios, por estas horas víctima de una nueva avanzada de la dictadura que, lejos de conformarse con haber neutralizado la capacidad de presión del Grupo, sus ejercicios destituyentes y su rol disciplinador del sistema de decisiones políticas nacional, intenta además despojarlo o al menos limitarlo en algunos de sus negocios, lo cual ya constituye un claro atentado contra la libertad de prensa y la independencia periodística. Recomiendo esta innovadora pieza de (auto) publicidad no tradicional como muestra de lo dicho.

Hoy dedica su espacio (Castro) a la descripción de un cuello de botella que se le está provocando al esquema económico de la India. En el abastecimiento de energía eléctrica. Por deficiencias en las redes de distribución, y también en la generación, debido a las dificultades para abastecerse de carbón (para centrales térmicas) a precios aceptables según la decisión del estado, que interviene fuertemente a través de control de precios, subsidios cruzados, y participación de entes estatales en la intermediación, con los cuales absorbe los déficit devengados de los controles de precios, al tiempo que promueve la dirección del crédito nacional hacia la financiación de esos déficit.

Presentado con un grado de dramatismo mucho mayor, es inevitable sin embargo asociar algunos de los problemas de ese esquema a los que afectan al sistema energético nacional argentino, sobre todo si lo comparamos con los comentarios de los analistas, más que con las consecuencias realmente palpables. Aclaro que Castro en ningún momento sugiere la comparación que en este caso corre por exclusiva cuenta mía, como lector.

El tema es que Jorge Castro es un analista demasiado sofisticado como para ser absolutamente funcional a los intereses políticos de una línea editorial desorbitada. Y deja algunos elementos adicionales en su análisis, que son también parcialmente asimilables a aspectos de nuestra realidad.

Primero, destaca la influencia que tiene la estructura desequilibrada de la economía india, con el sector de High-Tech en el sur del país, con un potencial cuya explotación máxima probablemente significaría la imposibilidad paralela de amplias capas de la población de ajustar parámetros de crecimiento sustentable que no les hagan perder el tren del desarrollo, tan fácilmente conseguible para aquellos que pueden vincularse directamente a los grados de competitividad de la actividad preponderante.

Este desequilibrio estructural es una causa principal en la necesidad de que el Estado regule, intervenga e intente administrar precios en el sector energético. No puede entenderse la acción "irracional" (desde el punto de vista de la lógica mercantil) del Estado, que mantiene precios artificialmente bajos a costa de pagar el precio del desequilibrio entre el auge del consumo y la demora en el acondicionamiento de las redes de distribución, y absorbe los déficit y afronta el pago de subsidios, sin prestar atención a la existencia de ese fuerte desequilibrio estructural y a las consecuencias disgregatorias que conlleva su afianzamiento profundo.

De ahí a evaluar la cuestión de la eficiencia en la intervención estatal hay un paso más largo. Pero Castro también lo da. Como yo lo quiero entender, de alguna manera legitima la decisión soberana del Estado indio de intervenir en el circuito.
Por un lado habla de la debilidad del estado indio frente a la existencia de actores que tienen comportamientos parasitarios (la calificación presente en la palabra parasitarios es mía). Nosotros en Argentina somos testigos de casos similares, con un régimen de propiedad en torno a las concesiones de servicios públicos que es claramente deficiente. Lo que Lucas Carrasco describe como parte del "lumpen-burguesariado".

Pero también enfoca a la influencia de causas políticas.
En primer lugar, salvando al régimen democrático de hacerle pagar alguna factura. En un punto que puede entenderse como algo arbitrario. Y centrando las responsabilidades en la debilidad del sistema político, en la inexistencia de partidos políticos fuertes capaces de conducir procesos de tomas de decisión sin quedar esclavizados a los lobbys.
Y también menciona a la descentralización que desconcentra los poderes de decisión en detrimento de la autoridad central y en favor de las decisiones estaduales (provinciales). Este aspecto es fácilmente asimilable a la realidad política argentina actual. Aunque supongo que Castro no estaría de acuerdo conmigo en este punto, ya que valora positivamente la descentralización.

En nuestro caso, nos animamos a afirmar que en Argentina asistimos a un proceso de re-centralización en materia de fiscalización sobre el sistema energético.
Y que es prácticamente imposible no juzgar que la descentralización política fue en este aspecto muy funcional a que la intervención estatal no fuera todo lo eficiente que se necesita para instalar un sistema energético que permita paliar parcialmente los efectos del desequilibrio estructural del que hablábamos antes y que compartimos, aunque con características distintas, con la economía india.

La centralización del proceso de decisión política y el régimen de propiedad de las empresas es lo que actualmente empezamos a revisar en nuestro país.

jueves, 9 de agosto de 2012

Herencia

Planta de abatimiento de arsénico, que Azurix dejó inconclusa
Se acerca el final de los Juegos Olímpicos, y como todo el mundo sabe la performance de Argentina en materia deportiva no fue de las mejores. Suponemos que por culpa de Magnetto. Y Duhalde.

Aunque puede esperarse que para estos últimos días de Juegos, tal vez por las presiones de Moreno, la posición de Argentina en el medallero mejore.

Y la cosecha de medallas aumente en un 200%, sustancialmente más pero con pareja repercusión mediática que el patrimonio de los funcionarios en el último año.
Incremento al cual los medios periodísticos suelen no aplicarle ningún deflactor, utilizando un criterio contable totalmente opuesto al que usan para evaluar las tenencias de ANSeS, por ejemplo, al que le aplican el índice de inflación de la diputada, ex-ministra de trabajo, previsionalista, criminalista y consultora económica, la licenciada Patricia Bullrich.

La cuestión es que el final de los Juegos Olímpicos significará un alivio para la comunidad internacional, que a esas alturas ya no deberá soportar las presiones argentinas surgidas de esa repudiable actitud de politizar la competencia en torno a la cuestión Malvinas, hecho que mantiene horrorizados a los comentaristas del diario La Nación.
Y podrá dedicarle (la "comunidad internacional", es decir los dueños de la guita del mundo y los distraídos que le siguen el juego) especial interés a los conflictos a resolver a través del CIADI (Banco Mundial) entre Argentina y las empresas que formaron parte de las privatizadas de servicios públicos y que se vieron "perjudicadas" por la pesificación de tarifas.
Hay varios juicios con sentencia favorable a las compañías. Algunos son considerados emblemáticos como los de Azurix y Blue Ridge, dos empresas con nombres ignotos para los argentinos, pero que por una conjunción de ingeniería financiera lavadora de activos, pérdida consensuada de soberanía judicial por parte de Argentina, y presiones disciplinadoras de parte del establisment financiero internacional se hicieron acreedores a 300 millones de dólares de la plata de los jubilados, ante el beneplácito de algunos operadores locales que esperan que recrudezcan las complicaciones para la dictadura y que ésta tenga finalmente que devolver el país a sus dueños, que dejarán de cobrarle el alquiler a grupos políticos y económicos locales para firmar un contrato de locación con poderes extranjeros, único contrato en la especie con beneficios extraordinarios para el inquilino, cobrarbles incluso varios años después de caducado, gracias a la intervención neutral del CIADI.

Estas sentencias impagas a la que se sumó en estos días la que beneficia a Electricité de France, acumulan unos 1000 millones de dólares en total. Aparte están los gastos de representación por los juicios aún no resueltos y las obligaciones negociadas (mucho más livianas en estos casos) surgidas de las gestiones para propiciar el levantamiento de algunas de estas demandas. Los juicios (entre resueltos en negociación, con sentencia y en curso) son 45. Todavía el lobby local desinteresado no pudo convencer a Repsol de que inicie la demanda 46.
La debacle de la convertibilidad menemista a la que tanto aportó la impericia y obstinación radical sigue dando coletazos, absorbiendo recursos nacionales y presionando a la Argentina para que abandone la crispación política que la lleva a tomar decisiones soberanas sin consensuar con los beneficiarios principales del esquema de circulación de los capitales a nivel internacional.

Es una herencia tanto económica como jurídica que nos dejaron algunos de los grandes consejeros de la actualidad.
Visibilizar estos aspectos, lejos de debilitar políticamente al actual gobierno, por un lado permite identificar los efectos nocivos del default inducido por los mismos que hoy juegan de representantes de los derechos de quienes supuestamente sufrieron la consecuencia de los incumplimientos, y por otro lado engrandece más la capacidad de maniobra de algunos actores a los cuales hoy se dice que les tocó gobernar con viento de cola.
Los que lo dicen, encima, son en muchos casos los mismos que en 2002 decían que Argentina no iba a poder solucionar los problemas provocados por la crisis de 2001 ni en 20 años. Y en algún punto tenían razón. Cómo no iban a tener razón en el caso del CIADI, si no debe haber diferendo en la historia de resultado más cantado que esos. Los voceros de los poderes que dieron en crear un marco jurídico para cobrar por duplicado, le podrán errar en cualquiera pero en esta justamente no.

domingo, 5 de agosto de 2012

La colocación exitosa de deuda por parte de Scioli

El viernes Scioli colocó deuda por 885 millones de pesos.

Las particularidades del bono emitido por la Provincia dan cuenta parcialmente de cuál es la situación de la economía argentina actual, en materia cambiaria y fiscal.
Lo primero que hay que decir es que la colocación fue exitosa. En el siguiente sentido: convocó la participación de muchos ahorristas, y la cantidad de pesos recaudados por el gobierno provincial superó las expectativas iniciales.

Esto implica dos cosas: por un lado, que también se acrecientan las obligaciones de pago futuras para la provincia. Por el otro que los intermediarios de la operación hicieron un negocio mejor que el esperado. Estos son: el Banco Provincia (bien) y la sociedad Puente hermanos. Algún día habrá que indagar (para conocer cuestiones políticas conexas a estos hechos) el régimen de propiedad de ese tipo de firmas que suelen sacar jugosos  réditos de los ahogos presupuestarios estatales, y que funcionan a su vez como consultores de inversiones, agentes de bolsa, operadores cambiarios y agencias de turismo.

El bono de Scioli está atado a la cotización oficial del dólar. Lo cual hace que algunos medios periodísticos modalicen el alto interés despertado en los ahorristas con la aparición de un "a pesar de".
Y en realidad es al revés. Scioli les otorga a los ahorristas, pagándoles aparte un interés de 9% anual, un instrumento cuyo valor nominal se moverá al compás de la devaluación. La provincia se hace cargo de otorgarles a los inversores un seguro de cambio por los pesos invertidos en la compra del bono.
Y cómo los ahorristas van a despreciar la oportunidad de participar de operaciones regidas por el valor oficial del dólar, si están justamente comprando un papel símil dólar al precio oficial? O sea, lo consideran barato, y cubierto de las expectativas de devaluación, que es el motor de la sobrevaloración del mercado paralelo.
Para decirlo claramente, la cotización del dólar paralelo no sería tan alta ni tan publicitada, sino existieran lobbys a favor de una devaluación brusca. Por ende, joven especulador, si te ofrecen un instrumento que te cubre de una devaluación brusca, ¿para qué te vas a calentar con el fetiche del dólar paralelo? ¿Para que Bonelli pueda seguir haciéndoles creer a sus jefes que entiende algo de todo esto?

El problema de estos instrumentos (el bono provincial) es que todo lo apetecibles que pueden ser para tipos con muchos pesos encima, y para la provincia en el corto plazo de la obtención de fondos, puede volverse en contra en un futuro no muy lejano, de un año. La licuación de obligaciones fiscales que se suponen de una devaluación, en este caso se vería compensada por este tipo de instrumentos.
Una devaluación mayor del peso supondrá mayores márgenes de rentabilidad para los tenedores de estos bonos. Y una transferencia de recursos mayor desde los sectores asalariados hacia los sectores rentísticos.

No hay acá ninguna acusación a Scioli ni a Batakis que tienen que operar dentro de los limitados márgenes que les impone una realidad inocultable de transferencia de pasivos desde Nación hacia algunas provincias. Pero sí es conveniente remarcar los riesgos de las emisiones de deuda en los mercados voluntarios, y por qué hay algunas personas obstinadas en evitarlas.


viernes, 3 de agosto de 2012

82%

La jubilación mínima aumenta nominalmente un 11,4%, a partir de septiembre. Llega a los $1924 (sumando los 45 pesos del subsidio de PAMI).
Esto representa alrededor de un 83% del salario mínimo vital y móvil que hoy está en 2300 pesos, brutos.
Es decir, un jubilado con la mínima cobrará neto apenas un poco más que un asalariado que percibe el salario mínimo vital y móvil. No era tan difícil llegar al 82%. faltaría suspender la reunión del consejo del salario, y listo. 82% para todos y todas (los que cobran la mínima, Badaro sigue esperando, con un haber de apenas 13 mil pesos mensuales).

Esto, que parece un chiste de muy mal gusto, no es solamente eso, sino también una chicana lapidaria para quienes desde el Congreso o los programas de cable proclaman a viva voz la necesidad de instaurar el 82% móvil como índice de movilidad jubilatoria, desconenctándolo de la política de ingresos, que es lo que define la virtuosidad o no de dicha movilidad.

Si atar el haber jubilatorio al salario, sin encontrar la proporción de 4,3 activos-aportantes por cada pasivo-jubilado para que se autosustente, sino financiándolo al menos parcialmente con rentas generales aportadas por el Tesoro, termina no en un aumento progresivo de los ingresos, la actividad y el empleo, sino en un mecanismo eficaz para anclar el salario y recomponer los márgenes de rentabilidad empresaria entonces no le veo la virtud a modificar el sistema actual.

Es lo que decíamos en medio de la discusión por el veto sobre el 82% móvil. Sin proporción de 4,3 a 1, el 82% móvil podría incentivar a los gobiernos a mantener a raya los salarios, ya que cada incremento de los mismos redundaría en un aumento mayor de las cargas fiscales.

Todo depende, entonces, de la evaluación de las políticas en forma integral, no de consignas publicitarias.