Herencia

Planta de abatimiento de arsénico, que Azurix dejó inconclusa

Se acerca el final de los Juegos Olímpicos, y como todo el mundo sabe la performance de Argentina en materia deportiva no fue de las mejores. Suponemos que por culpa de Magnetto. Y Duhalde.

Aunque puede esperarse que para estos últimos días de Juegos, tal vez por las presiones de Moreno, la posición de Argentina en el medallero mejore.

Y la cosecha de medallas aumente en un 200%, sustancialmente más pero con pareja repercusión mediática que el patrimonio de los funcionarios en el último año.
Incremento al cual los medios periodísticos suelen no aplicarle ningún deflactor, utilizando un criterio contable totalmente opuesto al que usan para evaluar las tenencias de ANSeS, por ejemplo, al que le aplican el índice de inflación de la diputada, ex-ministra de trabajo, previsionalista, criminalista y consultora económica, la licenciada Patricia Bullrich.

La cuestión es que el final de los Juegos Olímpicos significará un alivio para la comunidad internacional, que a esas alturas ya no deberá soportar las presiones argentinas surgidas de esa repudiable actitud de politizar la competencia en torno a la cuestión Malvinas, hecho que mantiene horrorizados a los comentaristas del diario La Nación.
Y podrá dedicarle (la "comunidad internacional", es decir los dueños de la guita del mundo y los distraídos que le siguen el juego) especial interés a los conflictos a resolver a través del CIADI (Banco Mundial) entre Argentina y las empresas que formaron parte de las privatizadas de servicios públicos y que se vieron "perjudicadas" por la pesificación de tarifas.
Hay varios juicios con sentencia favorable a las compañías. Algunos son considerados emblemáticos como los de Azurix y Blue Ridge, dos empresas con nombres ignotos para los argentinos, pero que por una conjunción de ingeniería financiera lavadora de activos, pérdida consensuada de soberanía judicial por parte de Argentina, y presiones disciplinadoras de parte del establisment financiero internacional se hicieron acreedores a 300 millones de dólares de la plata de los jubilados, ante el beneplácito de algunos operadores locales que esperan que recrudezcan las complicaciones para la dictadura y que ésta tenga finalmente que devolver el país a sus dueños, que dejarán de cobrarle el alquiler a grupos políticos y económicos locales para firmar un contrato de locación con poderes extranjeros, único contrato en la especie con beneficios extraordinarios para el inquilino, cobrarbles incluso varios años después de caducado, gracias a la intervención neutral del CIADI.

Estas sentencias impagas a la que se sumó en estos días la que beneficia a Electricité de France, acumulan unos 1000 millones de dólares en total. Aparte están los gastos de representación por los juicios aún no resueltos y las obligaciones negociadas (mucho más livianas en estos casos) surgidas de las gestiones para propiciar el levantamiento de algunas de estas demandas. Los juicios (entre resueltos en negociación, con sentencia y en curso) son 45. Todavía el lobby local desinteresado no pudo convencer a Repsol de que inicie la demanda 46.
La debacle de la convertibilidad menemista a la que tanto aportó la impericia y obstinación radical sigue dando coletazos, absorbiendo recursos nacionales y presionando a la Argentina para que abandone la crispación política que la lleva a tomar decisiones soberanas sin consensuar con los beneficiarios principales del esquema de circulación de los capitales a nivel internacional.

Es una herencia tanto económica como jurídica que nos dejaron algunos de los grandes consejeros de la actualidad.
Visibilizar estos aspectos, lejos de debilitar políticamente al actual gobierno, por un lado permite identificar los efectos nocivos del default inducido por los mismos que hoy juegan de representantes de los derechos de quienes supuestamente sufrieron la consecuencia de los incumplimientos, y por otro lado engrandece más la capacidad de maniobra de algunos actores a los cuales hoy se dice que les tocó gobernar con viento de cola.
Los que lo dicen, encima, son en muchos casos los mismos que en 2002 decían que Argentina no iba a poder solucionar los problemas provocados por la crisis de 2001 ni en 20 años. Y en algún punto tenían razón. Cómo no iban a tener razón en el caso del CIADI, si no debe haber diferendo en la historia de resultado más cantado que esos. Los voceros de los poderes que dieron en crear un marco jurídico para cobrar por duplicado, le podrán errar en cualquiera pero en esta justamente no.