domingo, 26 de agosto de 2012

Relato


Cristina lo anticipó en una de sus últimas actividades públicas: "van a salir a hablar de un proyecto para expropiar tierras".
Hoy, La Nación cumple la profecía: sale a llamar la atención sobre la existencia de un anteproyecto de ley elaborado en el seno del ministerio de planificación federal, próximo a ser remitido al Congreso, que trata efectivamente sobre reordenamiento territorial, y que al parecer facultaría al estado para la expropiación de tierras (con pago de indemnización). Si no me equivoco, Cristina ya había hablado de la necesidad de la sanción de una ley que cumpliera con algunos de los objetivos señalados en la fundamentación del anteproyecto, cuando abrió el período de sesiones ordinarias este año. No hay ninguna novedad en el asunto.

También se supo en la semana que el judío, marxista y expropiador de Axel Kicillof encarnaría el avance del estado sobre la regulación del mercado energético. Un mercado que desde los 90 fue acondicionado para la libre competencia entre empresas del sector por abaratar costos, en virtud de obtener por esa vía mayores márgenes de rentabilidad, sin límites para la remisión de utilidades. Las intervenciones irregulares que desde 2003 llevó adelante el "arquitecto" De Vido hicieron que algunas empresas del sector festejaran el avance regulatorio, ya que Kicillof prometió que el mismo tendría como uno de sus objetivos regular los márgenes de rentabilidad, lo cual supuso para muchos volver a tener márgenes de rentabilidad. Paradojas, que no ocultan que el nuevo esquema formal, si bien puede relativamente beneficiar a las empresas en comparación con la situación que atravesaban con las intervenciones informales de De Vido, pone límites a la apropiación privada de producto social.

El esquema del decreto 1277 para el sector petrolero y gasífero tiene estos mismos lineamientos: remisión de información por parte de las empresas, análisis de costos y fijación de rentabilidades razonables según criterio estatal. El decreto 1278 que pone a Kicillof al mando de los directores estatales en las compañías de las cuales ANSeS heredó acciones de las AFJPs es parte también de este espectro de medidas, ya que sigue criterios similares al del decreto antes mencionado.

Hay otras: por ejemplo, la intervención de AFIP y UIF en los movimientos financieros de triangulación, prácticas elusivas, la tan trillada administración del comercio internacional, o el control a las compras de divisas de acuerdo al destino que se les diera a las mismas.

Este ordenamiento nuevo del esquema económico (ya no es secreto para nadie) transita indefectiblemente el camino de la limitación de ciertas libertades individuales, sobre todo en la libre disponibilidad de las rentas obtenidas en el proceso de apropiación privada de lo socialmente  producido.
Desatar debates en torno de ésto, implica asumir la discusión en el terreno de la ideología. No le conviene al sector "progre" o "de izquierda" de la oposición, ya que implica desbaratar la absurda idea de que el kirchnerismo es sólo relato.

1 comentario:

guido dijo...

Un marco federal de ordenamiento territorial es muy importante, pero su aplicación efectiva, y de hecho su adhesión en caso de platearse en un proyecto y aprobarse es potestad no delegada de las provincias.

Lo veo verde. Lo que anduvo trascendiendo por ahí retoma aspectos de un proyecto en ese sentido que envió Álvarez Rodriguez cuando era ministra de infraestructura. Dos notitas histéricas de La Nación y Daniel lo mandó a dormir, donde todavía está. Multiplicado que esto sería por el número de unidades subnacionales existentes, con el agravante de que la correspondencia grandes propietarios/jueces-legisladores-gobernas-intendentes tiende a ser algo más pronunciada en algunas provincias que en Buenos Aires...chau.

Es que hay cosas que hay que hacerlas a lo unitario o no se hacen.