El motivo remoto
Según la teoría, las cantidades demandadas por los potenciales consumidores de un producto tenderán a aumentar a medida que el precio disminuya, y viceversa.
De modo inverso, las cantidades ofrecidas por los productores tenderán a aumentar si el precio también lo hace.
Así, a partir de la tensión generada entre la demanda y la oferta, las cantidades ofrecida y demandada alcanzan un hipotético punto de equilibrio a determinado precio, si se cumplen las condiciones de mercado denominadas como competencia perfecta.
Sin embargo, existen ciertas restricciones que hacen que la competencia perfecta sea un tanto esquiva en la realidad. La teoría identifica algunos casos, agrupándolos bajo el tendencioso nombre fallas de mercado. Una de estas fallas de mercado es la que se conoce como monopolio natural. Es el caso de aquella actividad en que la oferta sólo puede ser provista por un único actor, sin competencia alguna. El caso paradigmático es el del servicio público (luz, gas, agua). Sería un derroche inmenso de recursos que existieran varias redes de distribución ofrecidas por diversas empresas que compitieran entre sí por los clientes. Del mismo modo que tampoco sería rentable para estas empresas invertir en la red de distribución de energía eléctrica, por ejemplo, teniendo una baja densidad de clientes por kilómetro de red. Por este motivo, fundamentalmente, suele decidirse que exista sólo un proveedor para cada uno de estos servicios.
El vicio en el monopolio natural
Ahora bien, el monopolio natural se caracteriza, entre otras cosas, por propiciarle al único oferente la ventaja de poder colocar cualquier precio. La disminución de las cantidades demandadas nunca será absoluta. De manera que, a cualquier nivel de precio, el producto se seguirá demandando. De este modo, resulta más económicamente eficaz para el oferente, bajar el nivel de inversión y ofertar pocas cantidades a precio exorbitante.
Para evitar esta desviación es que los estados regulan este mercado, en general fijando precios.
La microeconomía en la empresa
La eficiencia de una unidad de producción también tiene una forma de medirse en la teoría.
Las variables que se toman en cuenta son dos tipos de costo: el costo marginal (es decir, lo que le cuesta a la empresa generar una unidad adicional de producto), y el costo medio.
En determinadas cantidades y a determinado precio las curvas que describen ambos costos se intersecan. Ese es el punto de equilibrio que determina que la empresa opera al máximo de eficiencia, es decir, maximizando beneficios.
No me lo va a creer, pero la teoría prevé que el punto de equilibrio que mencionábamos antes, el que vincula oferta y demanda, y éste que vincula costo medio y costo marginal, coinciden. Es decir, el precio y las cantidades de producto ofrecidas que maximizan la eficiencia de la empresa, coinciden con los precios y cantidades demandadas, en funcionamiento óptimo del mercado.
Así es que, en el caso de los monopolios naturales, el Estado debería intervenir en el mercado, fijando precio al nivel de eficiencia, según la teoría (que es el punto en que ambas curvas se cruzan).
Los servicios públicos y los subsidios
En algunos casos, como en Argentina estos años, el Estado decide, para incentivar la actividad económica, fijar los precios por debajo del punto de equilibrio. Y compensar a las empresas con subsidios hasta cubrir el valor del costo medio.
A la contabilidad de la empresa esta situación, aparentemente, le sería neutra. Sin embargo, no es así.
Con un precio neto, pagado por el consumidor, menor al de eficiencia, la demanda del producto se estimula. Es decir, los consumidores, ya que no les sale tan caro en proporción con otros bienes consumir estos servicios, los demandan en mayores cantidades.
Para proveer a esa mayor demanda, la empresa comienza a operar a un nivel en el que el costo marginal le resulta demasiado alto.
Para las cantidades que se encuentran a la izquierda del punto de equilibrio (donde ambas curvas se cruzan), la empresa opera con costo marginal menor al costo medio (lo que le genera un excedente favorable). Para las cantidades que se encuentran a la derecha, el costo marginal es mayor al costo medio (y el excedente es favorable al consumidor).En algunos casos, como en Argentina estos años, el Estado decide, para incentivar la actividad económica, fijar los precios por debajo del punto de equilibrio. Y compensar a las empresas con subsidios hasta cubrir el valor del costo medio.
A la contabilidad de la empresa esta situación, aparentemente, le sería neutra. Sin embargo, no es así.
Con un precio neto, pagado por el consumidor, menor al de eficiencia, la demanda del producto se estimula. Es decir, los consumidores, ya que no les sale tan caro en proporción con otros bienes consumir estos servicios, los demandan en mayores cantidades.
Para proveer a esa mayor demanda, la empresa comienza a operar a un nivel en el que el costo marginal le resulta demasiado alto.
El lobby energético
En este contexto, y para “cuidar la energía de los argentinos”, varias voces (entre ellas las de ex - Secretarios de Energía) se pronuncian a favor de dar mejores “señales de precio” a los fines de mejorar los niveles de inversión en materia energética.
Proponen estos señores que aumenten los precios al consumidor de servicios como la luz, el gas, y también los combustibles, para que, con esas “señales de precio” positivas las empresas se pongan a invertir más. Lógicamente, así, el Estado dejaría de subsidiarlas con sus impuestos, señora (esta es la pata “progresista” del argumento).
Sin embargo, el ajuste que las empresas a través de sus lobbystas reclaman, ¿es por precio? No, es por cantidades. Necesitan que el precio neto al consumidor le sea mayor para que ajuste su consumo. Es decir demande menos, es decir le permita a la empresa operar al nivel de eficiencia que marca la teoría, en el que invertir no le resulte tan caro.
En este contexto, y para “cuidar la energía de los argentinos”, varias voces (entre ellas las de ex - Secretarios de Energía) se pronuncian a favor de dar mejores “señales de precio” a los fines de mejorar los niveles de inversión en materia energética.
Proponen estos señores que aumenten los precios al consumidor de servicios como la luz, el gas, y también los combustibles, para que, con esas “señales de precio” positivas las empresas se pongan a invertir más. Lógicamente, así, el Estado dejaría de subsidiarlas con sus impuestos, señora (esta es la pata “progresista” del argumento).
Sin embargo, el ajuste que las empresas a través de sus lobbystas reclaman, ¿es por precio? No, es por cantidades. Necesitan que el precio neto al consumidor le sea mayor para que ajuste su consumo. Es decir demande menos, es decir le permita a la empresa operar al nivel de eficiencia que marca la teoría, en el que invertir no le resulte tan caro.
O sea, lo que piden los lobbystas es que se les permita a las empresas destinar una proporción más baja de sus utilidades a la inversión. “Las señales de precio”, entonces, no son para invertir más, sino para invertir menos. Para que la contabilidad de la empresa se vea beneficiada con el registro de actividades tan provechosas para los argentinos como la remesa de utilidades a sus países de origen, por ejemplo, o a algún paraíso fiscal, desde donde se pueda invertir en fondos de inversión que especulan en el mercado hipotecario estadounidense.
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