Elecciones: transparencia y neutralidad

Desde el llano, el programa de Morales Solá en TN dedicó un bloque a tratar las futuras elecciones desde el punto de vista organizativo y jurídico-legal.

Los invitados: Sergio Berenstein, de Poliarquía, y Hernán Charosky, de Poder ciudadano ("capítulo" argentino de Transparency International, la ONG esa que arma rankings de corrupción).

Se habló de transparencia, más precisamente de la necesidad de transparentar los procesos electorales; se habló de acceso a la información, más precisamente de la necesidad de eliminar diferenciales de información para que la distribución de la misma fuera equilibrada entre todos los participantes del proceso (distintos partidos y ciudadanos).

Después de la introducción teórica se pasó, lógicamente, a las recomendaciones de tipo práctico.
La primera, principal: sacar del ámbito del Estado la organización de los comicios en todas sus etapas, para garantizar neutralidad y equilibrio de oportunidades y condiciones.
O sea, mucha transparencia, mucha información equitativamente distribuida, y los tipos se mandaron el lobby encubierto, candidateándose como concesionarios de la organización de los comicios. Garantes de la neutralidad y la equidad (?).

Fundaciones y filántropos: la clave para una sociedad más justa

Administrar una universidad privada es no tener fines de lucro.
Así al menos está pensado en el régimen jurídico argentino para el sector. Las universidades privadas son gestionadas a través de fundaciones.

La fundación es una figura jurídica que goza de espectaculares ventajas en materia impositiva. Como no tiene ganancias, no tributa ganancias. Está exenta, además, de todos los impuestos al consumo en cada compra de insumos que realiza.

Recibe donaciones, que son la fuente de ingresos para inversión más importante de estas entidades.

Es por todo esto que, en el caso de que una entidad como estas quiera alquilar sus instalaciones (digamos, un aula magna) a una empresa que organiza un Congreso, con equipos de audio, video y Wi-Fi, además de comodidades para refrigerio y movilidad, puede hacerlo a un valor "simbólico" de 100 lucas semanales. Recibidas por la fundación como donación. Porque, de otra forma, estaría prohibido. Es, digamos, una donación mutua. De la fundación a la empresa, y de la empresa a la fundación. Así, sí.

La empresa "donante", desde ya, desgravará de Ganancias semejante acto de altruísmo filantrópico (es decir, donar 100 lucas a una fundación que cumple con la noble tarea de educar -pago de cuota mediante- a nuestros jóvenes, supliendo las falencias de un estado que no cumple como debiera una de sus funciones esenciales, como es brindar educación de calidad, cosa que indigna mucho a esta gente).

Como siempre atrás de la fundación hay un empresario que diversifica sus inversiones, es posible que algunos emprendimientos de carácter comercial y conectados con el usufructo de la infraestructura educativa del establecimiento se valgan de la existencia de la fundación para saciar la sed filantrópica de éstos empresarios ávidos por hacer donaciones. Que la fundación puede usar, digamos, para comprar insumos. Que pueden ser usados (o incluso vendidos) por alguna de las empresas conexas que administra nuestro filántropo emprendedor. Sin declarar. Y sin tributar.

Aparte, el estado ha resuelto, a través del ministerio de trabajo, llevar a cabo planes de capacitación comunitarios. Subsidia a las universidades que pongan a disposición de la comunidad cupos para estudiar en ellas. A veces, las fundaciones (que a decir verdad, tienen algo de tendencia a tomarle la leche al gato) otorgan, para no desperdiciar, estas becas a empleados suyos a los que tal vez ya estaban becando. Siempre y cuando reciban el subsidio por adelantado. Si no, es posible que el empleado estudiante tenga que esperar hasta mediados de cuatrimestre para saber si le confirman la vacante. Problemas que se generan (alegarán) por la burocracia estatal.

Pero lo más simpático en este caso es que los empleados debieran estar becados siempre que lo quisiesen (y de forma total y no parcial como a veces ocurre), tal como lo dice el convenio colectivo que firma el sector (cuyo lobby está a cargo del CRUP, Consejo de Rectores de Universidades Privadas) y el SAEOEP (Sindicato argentino de empleados y obreros de la educación privada), conducido por el ex-árbitro Guillermo Marconi. Convenio colectivo con una escala salarial bastante baja. Porque no se le puede pedir mucho a una fundación. No sea cuestión que la avidez de los empleados les termine quitando a nuestros jóvenes la posibilidad de estudiar.

Cobrar subsidios como si se diera un servicio que no se da es una práctica que podríamos incluir entre las que los emprendedores aportantes a una fundación llamarían de "maximización de ganancias". Pero, en este caso, justo hablamos de fundaciones, que no tienen ganancias. Así que lo que se maximiza (filantrópicamente) es la calidad educativa del pueblo argentino, desde ya.

La estrella de la temporada, sin embargo, es el aceitado vínculo del sector con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre el que circula el rumor de que ofrece subsidios con eficiencia dinamarquesa. Hasta ahora, la contraprestación de estas universidades en materia de ciencia y tecnología ha sido, en cambio, "angoleña". Pero eso formaría parte de otra discusión.

Boudou en el G20 y los precios de los alimentos

O cómo sacarles a los africanos el trigo de la boca

Algunos conceptos vertidos por el ministro y candidato nacional y popular Amado Boudou en la reunión del G20 provocaron "inesperados" elogios de parte de, por ejemplo, la mesa de enlace.
Especialmente, estos:

"La regulación de los precios no es un objetivo posible, iría en contra de los objetivos que es mejorar la seguridad alimentaria porque caería la cantidad ofrecida"

Estos dichos, aquí, descontextualizados, provocaron la impresión de que el ministro estaba contradiciendo los argumentos que el mismo Gobierno esgrime a la hora de aplicar políticas sobre los sectores agropecuario (con mucho rebote en la prensa) e hidrocarburífero (casi invisibles para el conjunto de la sociedad).

Pero en el discurso de Boudou encontramos otras definiciones que son mucho más clarificadoras respecto de la posición sostenida.

Lo que Boudou expresó es lo que todos los países emergentes sostienen, amparados en datos duros de la realidad financiera mundial. Los commodities ven inflados artificialmente sus precios por una demanda igualmente artificial, que opera en el estrato financiero a través de contratos de futuros y derivados.

Las causas de la generación de este mercado secundario, donde se negocian papeles que representan cosechas futuras, apalancado por capitales provenientes de los países centrales (y principalmente EEUU) está en las medidas que toman estos países para mantener (de manera artificial) el status de vida de sus clases medias, trasladando los costos de los ajustes a los países perisféricos.

Por ejemplo, EEUU, como país que provee la reserva de valor mundial (el dólar), legitimado por los bancos centrales que atesoran esta moneda para constituir sus reservas internacionales, y la confianza del público que demanda esos papeles preferentemente, puede tomar medidas monetarias laxas, imprimir dólares para monetizar sus déficits fiscales, bajar a un virtual 0 sus tasas de interés sin sufrir desequilibrios en sus precios relativos internos. Sin sufrir los efectos de una devaluación, digamos. Sin imputar en los balances de sus ahorristas el costo de los desequilibrios. Traslada (los desequilibrios) al mercado de los commodities.
El resultado es, paradójicamente, la creación de una demanda artificial, que vuelve prohibitivos los precios de los alimentos y restringe la demanda efectiva.

La postura de Boudou (y los emergentes) es clara. Regular el precio de las materias primas alimenticias en este contexto sería trasladar el ajuste que no se hace en el sector financiero y en la renta de los ahorristas que participan de este circuito, hacia el sector que produce los alimentos. Capitales de países emergentes.

En cambio, regular los flujos financieros que inflan artificialmente la demanda de materias primas alimenticias, sería hacerles aceptar a las clases medias del "primer mundo" que su cuarto de hora se está agotando y que la plata dulce se queda sin azúcar. Cosa que también podría suceder en algunos países centrales, cuya economía todavía no se recuperó del todo, si se regulan los precios de los commodities.

A la mesa de enlace y al ministro Boudou (éste último seguramente lo sabe bien) habría que aclararles: el efecto sobre los precios de las materias primas sería, en ambos casos, el mismo. Bajar, relativamente, contra lo manufacturado.

Aceitunas riojanas, y con qué criterio decidir en favor de la riqueza, y no de la pobreza.

Clarín se conduele hoy de la situación de los aceituneros, principalmente riojanos.

De la nota pueden extraerse algunos indicios, que podrían colaborar con la idea de desarrollar productivamente algunas regiones, para diversificarlas e integrarlas al crecimiento del país.

Se quejan, los dueños del capital, de que la mayor productividad alcanzada en la obtención del producto, no se complementa con la posibilidad de conseguir mano de obra barata para la cosecha. Hay muchas aceitunas, pero pocas manos dispuestas a cosechar (por poca plata). Culpan a los "planes". La mención directa  de la AUH, entre ellos, es una canallada. Primero porque no es un "plan", tal como ellos lo suelen describir. Segundo, porque el beneficiario no pierde el derecho si consigue trabajo, como se dice en la nota.

La "solución" para este "problema" es, parece, un cambio en la composición orgánica del capital. Incluir tecnología, dar un salto de productividad. Usar menos manos para cosechar más aceitunas. Esas manos que persistan en la actividad, digamos de paso, deberán tecnificarse. Aprender a manejar maquinaria sofisticada. Menos trabajo, de más calidad.

El campo (aceitunero riojano) expulsará mano de obra (golondrina, que cobra planes).

Dicen también, que el alza de costos (por inflación, dicen, pero debe leerse salarios) con el dólar casi quieto les resta competitividad. Los encarece. Dependen de los precios internacionales del producto que venden. Que no aumenta, sino que cae. No cuentan con la suerte de otros sectores de la producción agrícola que ven cómo esos precios se incrementan, apreciando el tipo de cambio y restándole competitividad a otras actividades.

Aparte, pierden competitividad en el mercado brasilero, por el alto costo del flete (mayor al que afrontan los productores peruanos). Necesita el sector, infraestructura para abaratar el transporte.

Todas estas condiciones son necesarias para empezar un proceso de desprimarización de una economía. Hay necesidad de infraestructura, hay mano de obra expulsada del campo, hay necesidad de incorporar tecnología para ganar productividad, hay precios de materias primas a la baja. Hace falta un shock inversor. E identificar actividades conexas para integrar.

Lo peor que se puede hacer frente a eso es atender las necesidades del sector aceitunero, con la intención de reestablecer las condiciones "ideales" de funcionamiento del mismo. Hay que promover, en cambio, mecanismos de adaptación a la nueva realidad. Respetar, por ejemplo, el encarecimiento relativo de la mano de obra, y no volver a abaratarla. Aprovechar el producto barato, para agregarle valor a menor costo, y pagar, de paso, más salarios. Nunca menos.

Extravagancias

Micheli hizo una presentación judicial para que se declare inconstitucional el impuesto a las ganancias, reza (más o menos) el título de Clarín.

Lo primero que se me ocurrió pensar es que si la "izquierda" sigue avanzando con estas ideas, ya deben estar bastante cerca de solicitar la disolución del Estado Nacional. Medida progresista que liberaría a los trabajadores de la opresión que significa la existencia de un régimen jurídico claramente pro-capital.

Leyendo la nota (y haciendo esfuerzos por atenuar los sarcasmos) se descubre que el pedido atañe al tramo (llamémosle así) de gravados que son asalariados.

Está bien: uno puede decir que $4.800 no es una cifra que justifique el pago de ganancias, por lo cual se podría elevar (un poco) el piso, o incluso modificar los umbrales de las distintas categorías (no sin discutirlo antes desde ya). Pero pedir la inconstitucionalidad de la aplicación del gravamen sobre el salario es un exceso.

Porque, como se deriva del expediente de Papel Prensa, por ejemplo, hay "trabajadores asalariados" que capaz que cobran unas 200 luquitas mensuales.

Tienen un 9 que evita los goles en contra (del rival)

Pasados unos días, la imprevista revelación del "deseo" oculto de Diana Conti, puede merecer una vuelta de tuerca.

Varios compañeros la sometieron a escarnio, comprensiblemente enojados, como primera reacción. Gerardo, Contradicto, Ricardo y Néstor.

Artemio, en cambio, hizo gala de laconismo, con cierta indulgencia casi justificatoria. Este último dato, cruzado con lo que sostiene cierto becario de la Editorial Planeta, publicador serial de folletines pseudo-políticos, y sometido a las desviaciones de una imaginación ávida de encontrar componendas o conspiraciones en todos lados arrojaría, quizás, resultados inquietantes. Podría aclarar hacia donde apunto, pero solamente si hiciera falta (tampoco es nada del otro mundo, eh).

Me limito a seguir la cronología.
Diana Conti pidió disculpas, asumió haber sido sorprendida en su ingenuidad y utilizada. Casi podríamos confirmar esta hipótesis si prestamos atención a que la supuesta operación se inició el mismo domingo en la editorial de Van der Kooy.

Dejando de lado entonces la cuestión de si Diana Conti se equivocó o no (que no lo descartaría), la verdad es que queda un corolario muy interesante por ver, de todo este asunto.

Algunos dirigentes opositores (relativa y llamativamente pocos) se metieron enseguida en teorizaciones sobre la inconveniencia de permitir reelecciones ilimitadas. Otros se mantuvieron callados.

Pero ninguno (Ninguno) aprovechó la oportunidad de señalar que trabaja incesantemente por permitirle a Cristina el derecho de presentarse en 2015. Y que la mejor manera de hacerlo es ganarle en 2011.
Tal vez, la resignación les esté ganando secretamente (o no tanto) la batalla, se sientan irreversiblemente perdedores, y en su fuero íntimo ya no guarden siquiera las esperanzas de poder lograrlo (igual, nunca hay que confiarse).

Es un tiempo de esos raros, en que vaya a saberse por qué conjunción astral, todo sale bien. Todo se capitaliza. Suma. Nunca resta. Todo más, nunca menos.

Es como uno de esos días en que cuando un imprudente marcador de punta desatina un rechazo con destino de gol (en contra) aparece la infortunada espalda de un delantero rival para sacarla en la línea.

Lo único que pido es que el triunfalismo no nos fuerce más errores.

La reelección

Mientras el país se desangra en una nueva y estéril disputa entre hermanos, esta vez entre los que quieren a Vargas Llosa y los que no lo quieren, ocurren también discusiones que se enmarcan mejor entre aquellas que atañen a las 3 o 4 cosas en las que todos tenemos que ponernos de acuerdo.

Por ejemplo, la hipotética reforma constitucional que incluiría un artículo en que se decretaría que Cristina fuera eterna (y eternamente reelegida, hecho fundamental y siempre olvidado por los enemigos de las reelecciones ilimitadas: para que haya reelecciones ilimitadas un líder debe ser elegido en las urnas ilimitadas veces). De hecho, una oposición preocupada por un "Cristina 2015", es una oposición que tiró la toalla en la pelea al 2011. No hay que darles el gusto. Todavía faltan 8 meses de sopapos cruzados.

Pero el tema que nos ocupa no es exactamente ese, sino uno que se deriva de él. Mejor dicho, uno que Pino Solanas derivó de él, en una de sus excursiones a TN (en el programa progresista de Joaquín Morales Solá, ámbito ideal para expresar que el gobierno es de "re-derechas", aparte, por supuesto, de montonero revanchista).

Irreflexivamente, en un brote de espontaneidad juvenil y seguramente contagiado por el clima republicano que irradia el susodicho conductor del programa, llegó a decir, el dirigente, que no le gustaban, ya no las reelecciones para cargos ejecutivos, sino tampoco las de cargos legislativos.

Independientemente de que más de uno de los dirigentes (en un sentido muy amplio del término) que se aprestan a componer las listas de Proyecto Sur no estarían muy de acuerdo con estas afirmaciones (al menos en privado; en público cualquier contradicción es válida), o por lo menos les costaría mucho mostrar coherencia entre sus "ideas" y sus acciones, me parece que ya estamos exagerando un poco con esto del republicanismo alternador y anti-reeleccionista.

No es para tanto muchachos, que si nos ponemos tan fundamentalistas de la alternancia, en menos de 10 años no queda un argentino que no haya sido al menos por un periodo, concejal en algún municipio.

En parte, se entiende que algunos necesiten proscribir a más de la mitad de los candidatos para mojar un cargo cada tanto, pero tampoco nos pasemos de rosca. O antes, al menos, tengamos el decoro de democratizar al interior de las fuerzas políticas, para que ningún "dirigente" se perpetúe al frente de una misma fuerza (o de las varias que vaya creando con el correr de los años).