viernes, 29 de noviembre de 2019

Retenciones y deuda

Macri tenía razón cuando decía que no se puede vivir de prestado. Lo hacía (erróneamente) apuntando al gasto público e indirectamente fomentando el criterio (también erróneo) de que los que nos obligan a vivir de prestado son los que el estado supuestamente subsidia.
Una gran parte de la clase media transita, así, en la inconsciencia de que el verdadero motivo por el cual Argentina vivió de prestado (sobre todo estos años en que el presidente decía que había que hacer lo contrario a lo que hacía realmente, que era endeudarnos) no son los "subsidios a los pobres", sino, en primer lugar, el berretín aspiracional muy difundido de demandar muchos dólares sin aportar ninguno.
Ese es el verdadero motivo por el cual la economía argentina padece la endemia del endeudamiento externo constante.
Aparecen en primer lugar las empresas que dolarizan sus excedentes en pesos, y que tienen sus precios dolarizados, es decir, sus utilidades no están sometidas al ajuste cambiario que padecemos todos los demás: exportadores de commodities, energéticas, mineras.
También los que gracias al monetarismo anómalo del BCRA lograron disfrutar del precio que, según esta teoría, es el único legítimamente regulado (aunque siempre para garantizar la renta bancaria), o sea, los bancos.
Y también algunos sectores de clase media y alta que atesoran dólares, ahorran en dólares, en la inconsciencia de que esos dólares no caen del cielo, sino que hay que generarlos, mientras obtienen sus réditos en actividades que difícilmente se vinculen con dicha generación.
La decisión de AF de cortar el flujo de ingreso de dólares prestados, manteniendo el control cambiario (cepo) tiene el objetivo de cancelar obligaciones en dólares, con divisas excedentes del superávit comercial.
Ojalá, para dicha cancelación, el Tesoro pueda comprar esos dólares (que obligatoriamente los exportadores deberán liquidar) con excedentes de recaudación.
En este último punto las retenciones pueden jugar un rol importante, aunque al mismo tiempo hay que cuidar que no afecten el desempeño exportador. Es decir, que el afán recaudatorio para tener superávit fiscal no nos complique el ingreso de U$S.
Porque es más importante garantizar el segundo que el primero. Dicho esto, estoy a favor de una suba de retenciones consensuada con el sector, que tome en cuenta variables como tipo de cambio y formación de precios internos (y no solamente limitada al agro -qué tal señores mineros cómo les está yendo?-).
Y en contra de una guerra abierta entre el gobierno y un sector productivo que puede cumplir un rol importante en lo que se viene, pero que no puede quedar exento de hacer el esfuerzo, poner el hombro y empujar del carro, como hicimos y hacemos todos los demás.

Ahora bien, si yo formara parte de esas negociaciones (para consensuar un nivel de retenciones apropiado, diferenciado por producto, que tenga en cuenta el nivel cambiario adecuado para el desempeño de las actividades económicas y también su influencia en la formación de precios de los bienes) puntualizaría en lo siguiente:
La experiencia de estos años neutraliza muchas de las estrategias de victimización de los representantes del agro.
Por ejemplo, se dedican a la exportación de commodities. Las devaluaciones que para la gran mayoría de la población fueron trágicamente perjudiciales en estos últimos dos años significaron una transferencia beneficiosa para quienes se mueven en la órbita de la exportación de commodities.
No pasa simplemente por un tema de ganancias, sino de formación de precios.
Mientras para todos los que trabajamos en otras actividades (y principalmente para los que percibimos sueldos en relación de dependencia) existe el ajuste cambiario, como marco para que el mercado opere las modificaciones de precios relativos que suponen las mencionadas transferencias, los actores que se mueven en la cadena de producción (o extracción) y comercialización de commodities, tienen un seguro de cambio que les garantiza ganancias relativas adicionales en caso de devaluación.
Entonces, en el caso de las retenciones, no hay una imposición adicional ya saldada con impuesto a las ganancias, sino una compensación por ganancias espurias (la "competitividad espuria" es algo que los ortodoxos mencionan habitualmente para definir lo que se logra con las subas del tipo de cambio, bueno, aplica al agro y sus utilidades perfectamente).
Por su parte, en lo que tiene que ver estrictamente con la formación de precios, y la intervención que a través del cobro de retenciones el estado opera sobre dicho proceso, lo cierto es que por ejemplo en el caso de los asalariados, hoy están cobrando compulsivamente alrededor de un 20% menos por la venta de su fuerza de trabajo. Hubo un ajuste forzoso sobre el precio del bien que venden, determinado por la desventaja de que no se trata de un commoditie (que cuentan con seguro de cambio subsidiado por el resto del país y el valor que agrega).
Las retenciones pueden aportar a que el proceso de formación de precios de algunos alimentos y bienes básicos no se vea tan sometido a los desequilibrios propiciados por un salto cambiario brusco. Son un elemento estabilizador en determinados contextos.
Todas estas cosas confluyen para mí irreversiblemente en la legitimación del instrumento llamado retenciones.
Cuál es el nivel adecuado para las mismas es algo que se tiene que definir técnicamente, pero deberíamos partir de la base de que ya no haya espacio para discutir la legitimidad del recurso.
Y lo que probablemente sí el estado debería ofrecerle al sector es un ámbito de revisión periódica de las variables, para ofrecer a su vez la flexibilidad de modificar los niveles en el caso de que fuera necesario para evitar perjuicios (no solo sectoriales sino colectivos).
Por último, también podría ayudar el deslinde de la guita cobrada en concepto de retenciones de la aplicación a gastos corrientes.
Podría en todo caso conformarse un Fondo, administrado por un ente del estilo del que administra el FGS, que en todo caso pueda suscribir bonos del estado (o sea, prestarle plata al fisco) con una parte del capital, pero que tenga como misión específica garantizar el proceso de desendeudamiento externo (hasta cumplir determinada meta).
Es decir, un verdadero Fondo de excedentes de recaudación aplicable a la cancelación de obligaciones externas.
Lógicamente, esa idea general debería plantear un montón de especificaciones de tipo técnico (hasta qué porcentaje de vencimientos, qué relación tendría con la refinanciación, etc.).
No creo que sea algo tan descabellado, al modelo se podría sumar la minería (ya lo dijimos), aunque no sé bien hasta qué punto la legislación vigente lo permitiría (la Corte suprema es permeable a fallar a favor de los reclamos de los particulares contra el estado, bueno no sé si de cualquier particular, pero en el caso de las mineras sí).
Ah, y una cuestión que hay que usar como moneda de cambio: el resultante de la negociación haría caducar inmediatamente esas insensatas retenciones planas de 4 pesos por dólar que puso Macri cuando el dólar se fue a 30 y pico.


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