Considero que lo peor del proyecto es la creación de AGNET. Una agencia estatal, controlada en la práctica por entidades privadas de salud (como las prepagas) y semiprivadas (como las obras sociales) que tendría atributos suficientes para modificar a su antojo el Programa Médico Obligatorio, es decir, la lista de prestaciones que obligatoriamente dichas entidades deben cubrir (sin costo adicional) a sus beneficiarios.
En este punto, los dirigentes sindicales y Belocopitt tienen exactamente el mismo interés.
Por otro lado, está la reforma tributaria. Que contiene en rol estelar la reducción de aportes patronales. Que ya dijimos muchas veces, significa que las entidades de salud (prepagas y obras sociales) reciban menos guita en concepto de aportes, por cada trabajador.
Existe entonces el riesgo potencial de que las prepagas y las obras sociales, al recibir menos plata, determinen sin oposición qué programa de salud deben cubrir y cuál no.
Para decirlo claramente: nos ponen a discutir horas extra y cálculo de indemnizaciones mientras nos condenan a pagarnos el tratamiento del cáncer o la operación de corazón. O cosas menores, como la medicación en un embarazo o las pastillas anticonceptivas de la planificación familiar.
Pero además, esto se da mientras encaran la creación del CUS (cobertura universal de salud), un "beneficio" para quienes no tienen obra social ni prepaga. Consiste en que se puedan atender en hospitales públicos y tener cubierto un listado de prestaciones mínimas.
O sea, lo que ya existía desde tiempos de Ramón Carrillo, pero acotado a lo más básico.
El "beneficio" es claramente un perjuicio, una reducción de cobertura gratuita.
En síntesis: vamos hacia una descomposición potencial del Programa médico obligatorio (PMO) que es el complemento tercerizado de las prestaciones públicas que brinda el sistema de salud universal ideado por Ramón Carrillo, que conforman en conjunto lo que serían las prestaciones sanitarias de un estado de bienestar, el cual debería ser orgullo para todos los argentinos.
Y su reemplazo por un sistema privatizado, más parecido al que desde países vecinos expulsa enfermos críticos hacia la Argentina para poder atenderse dignamente a pesar de no contar con plata.
Júbilo, seguramente, en reductos progresistas como el programa de Lanata: ya no vendrán bolivianos a atenderse a nuestros hospitales.
La xenofobia, mientras tanto, la vamos a tener que pagar entre todos en la cuenta de los remedios.
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