El
costo estimado del programa Futbol para todos ronda los 1300 millones de pesos
anuales (los subsidios para mantener los actuales precios de los boletos de
transporte público en AMBA multiplican muchas veces esos valores -si tienen paciencia pueden verificar acá-).
Una
cifra aproximada a esa estaría desembolsando el fisco este año para poder
emitir por televisión abierta el total de los partidos de futbol de primera
división, algunos del Nacional B y otros de la Copa Argentina. Hay cierta dificultad en encontrar cifras
precisas, debido a que si bien los ejercicios presupuestarios son anuales (de
enero a diciembre), los gastos de FPT responden al calendario futbolístico, con
temporadas que van de julio a junio, por lo cual si bien existe una previsión
presupuestaria la misma está siempre sujeta a ajustes en la segunda mitad del
año que van de acuerdo a los niveles de indexación nominal de la economía
argentina. Es casi seguro que el programa FPT gozará en algún momento del año
de alguna ampliación presupuestaria (no muy distinto de todos modos a lo que pasa
con cualquier ítem del presupuesto, por decreto, en virtud de la vigencia de la
Ley de emergencia económica que vence a fin de este año y cuya renovación
promete traer algún acalorado debate en el congreso).
Esta
cifra incluye las erogaciones en varios conceptos: la producción integral del
programa, los salarios de los periodistas que componen el equipo, la producción
de los spots publicitarios y el costo fundamental, los derechos de televisación
que cobra la AFA y que distribuye con criterio coparticipativo a los clubes de
las distintas categorías del futbol argentino. Este es un punto esencial: el
dinero percibido por la venta de los derechos de televisación se distribuye entre
todos los clubes directa e indirectamente afiliados a AFA, de la categoría que
fueran (aunque quedan un poco relegadas las ligas del interior y sus torneos de
ascenso al futbol de AFA: Argentinos A, B y C, no porque no cobran, sino porque
cobran menos).
El
Estado paga estos derechos a través de la Jefatura de Gabinete, en cuyo organigrama
se encuentra dependiendo directamente del jefe de la cartera una unidad
funcional que se encarga de la gestión de todo lo atinente al programa. Los
recursos salen de rentas generales, de la parte que, una vez hecha la
coparticipación primaria, se queda el Estado Nacional. Es decir, de la
recaudación de impuestos.
En el
origen de este tipo de erogaciones rige, aunque parezca mentira, un principio
constitucional: el Gobierno está obligado a dar publicidad de sus acciones.
A
partir de esta obligación constitucional lógicamente con el paso del tiempo, la
aplicación de tecnologías, el perfeccionamiento de las técnicas, la asimilación
de modelos comunicativos del ámbito empresarial, se fue buscando también desde
el sector público darle a la tarea una eficiencia mayor, incluso incorporando
nuevas funcionalidades a la comunicación. Y obtener (y cómo que no?) un aunque sea módico rédito político.
Así, se
llega fácilmente a percibir que la potencia comunicativa de la radio o la
televisión brindan no sólo la posibilidad a los gobiernos de comunicar de manera auto-propagandística sus acciones, sino que permiten al estado incluso desarrollar con mayor
eficiencia sus políticas, además de hacer un uso más eficiente de
los recursos económicos. En algunos casos, la publicidad bien encarada puede
redundar en ahorro de plata. No es solo propaganda, del mismo modo que la
información vertida por medios de comunicación privados no puede considerarse
tampoco como solamente “propaganda negativa”. En ambos casos, hay algo de eso,
pero el alcance de la información difundida es mucho más amplio.
Pongamos
el ejemplo de una política social ambiciosa como la asignación universal por
hijo. Cuya idea era alcanzar con la cobertura de las asignaciones familiares a
aquellas familias que padecen la desgracia de permanecer excluidas del ámbito
laboral formal, ya sea con cabezas de familia desempleados o empleados pero no
registrados. Esta estrategia equitativa en la percepción del beneficio de la
asignación requiere de un estado activo, pero además con un aparato muy
versátil que le permita tener llegada a lugares donde las condiciones de acceso
no son las mejores, no en sentido físico solamente, sino en cuanto a la
dificultad de acceso a la información requerida para identificar la existencia
de posibles beneficiarios. Ante ese obstáculo inicial, la difusión pública de
esta política puede promover que los potenciales beneficiarios adopten una
postura activa y se acerquen ellos voluntariamente a las oficinas a postularse
para el trámite con una buena parte de la información necesaria ya provista.
Así, segundos de televisión pueden suplir semanas de trabajo.
De este
modo, lo que era simple difusión de acciones de gobierno por obligación
constitucional adquiere una complejidad mayor y pasa a formar parte decisiva en
la implementación de políticas públicas.
Pero
también la comunicación oficial tiene un justificativo muy importante cuando se
señala por ejemplo cuáles son los montos erogados desde el estado nacional para
la construcción de represas hidroeléctricas, escuelas, hospitales, viviendas,
en subsidios al agro o a los servicios públicos, en incremento de haberes
jubilatorios o para pagar los gastos de representación de la curia
eclesiástica. Permite, por ejemplo, armar un esquemita práctico con el cual
determinar si se podrían aumentar 50 pesos anuales las jubilaciones con la
plata del futbol, o si sería razonable dejar sin ver partidos de futbol a los
chaqueños, tucumanos, cordobeses, etc., para mejorar el transporte urbano de
los porteños.
Esta
“propaganda”, además, así como la “propaganda negativa” (la que señala
implacablemente todas las cosas que no se hacen y que habría que hacer) son
herramientas de una potencia insustituible en la formación política de
ciudadanos que, gracias a una Constitución que en este aspecto se pensó con un
criterio altamente participativo, tienen un poder de decisión muy grande en el
acontecer político nacional. A diferencia de lo que ocurre en otros países del
mundo, donde la no obligatoriedad del voto, por ejemplo, genera un
desligamiento mayor de los ciudadanos respecto de la administración de las
cuestiones públicas.
En este
sentido, la necesidad de que el estado contrate segundos de televisión para
poder valerse de todas estas herramientas, que a su vez son usufructuadas
colectivamente, queda totalmente legitimada (se puede estar de acuerdo o no, pero tiene legitimidad).
Bueno,
frente a eso, la idea de la cual surge FPT es muy buena. En vez de comprar
minutos televisivos de manera fragmentaria a los distintos emisores privados,
se compran los derechos de televisación de un producto altamente demandado, y
con “rebote” garantizado. Esto es, todo lo que pasa en materia publicitaria en
las tandas de FPT es ampliamente comentado en diversos medios de comunicación.
Esta
reasignación de recursos, ahora percibidos por los clubes de futbol y ya no por
los canales privados de televisión y las radios puede haber provocado algún
enojo pasajero, algún énfasis patriótico de preocupación por el uso de los
fondos públicos, principalmente de parte de aquellos que ya no cobran fondos
públicos por un servicio que ya no dan, porque se encontró una forma superadora
de contratarlo. Nada que no se pudiera arreglar con la restitución del derrotero
original de los cheques. Y de la ineficiencia comunicativa.
Pero
con el cambio de itinerario se matan dos pájaros de un tiro al darle, además,
cierto aire económico a los clubes de futbol (asociaciones civiles sin fines de
lucro), aumentando el canon, cosa que, atenta a su ecuación microeconómica, la
empresa que compraba antes con exclusividad y sin competencia esos mismos
derechos, consideraba inadecuada.
Fin de
la nueva ecuación: mejores ingresos para los clubes, mejor potencia comunicativa
para el estado, mayor grado de visibilidad de las acciones de gobierno, mejores
posibilidades ciudadanas de conformarse como sujetos políticos.
El
Estado (es cierto) paga por un producto (los derechos de televisación del
futbol) más de lo que sugeriría la interacción de oferta y demanda. Pero cuál
es el beneficio que se asegura con esa compra es también tema a analizar.
El
futbol en el ámbito de la “cultura”.
Todos
los presupuestos de los distintos estamentos estatales cuentan con la asignación de fondos a actividades de
tipo cultural.
En
general, lo que se entiende por cultura en este sentido son una serie de
manifestaciones artísticas legitimadas como “culturales” en un proceso de
interacción social, en el que, como siempre, los que más guita tienen pueden
imponer mejores condiciones.
De este
modo es que surge de manera incontrastable que un teatro monumental, con
materiales e instalaciones que deben cumplir con estrictos requisitos técnicos y
planteles muy grandes tenga garantizada la legitimidad de la mantención del
mismo por parte del Estado (de la órbita nacional, provincial o municipal).
Nadie duda que el Colón es “cultura” y que está muy bien gastada la plata que
el estado municipal de Buenos Aires pone de la recaudación impositiva para tal
fin.
A los
partidos de futbol televisados les cuesta un poco más adquirir ese status.
Porque aparentemente no tienen las cualidades edificantes del ballet y la
música clásica. Al menos eso es lo que inculcan los consumidores de éstas
disciplinas. Que han conseguido gran éxito en su tarea, al punto que la
mantención con fondos públicos de espectáculos que hacen a su goce personal sea
defendida férreamente incluso por personas incapaces de tolerar esas
manifestaciones durante un plazo mayor a los 15 minutos. Digamos: si los hace
dormir, entonces es “cultura”. Y por eso, como es “cultura” está bien que el
estado pague. Sin ir más lejos, la película argentina ganadora del Oscar,
dirigida y actuada por los “dirigentes opositores” Campanella y Darín, recibió
fondos públicos a través del INCAA. Sin el escándalo que suscita, en cambio,
que la productora de Andrea del Boca reciba fondos para desarrollar “productos
culturales de exportación”. Bueno, el futbol ni siquiera goza en las
consideraciones generales del atenuante de ser “cultura”. Injustamente, como es
obvio. Por simples prejuicios de clase, históricos.
Ahora
bien, si midiéramos en cantidad de beneficiarios el beneficio social que genera
el dispendio de fondos públicos en sostener las distintas actividades
culturales, artísticas o deportivas, el futbol ocuparía el primer lugar del
ranking de mayor impacto de cada peso gastado. Es decir, cada billete que se
pone en televisar futbol hace poner feliz a mucha más gente que cada billete
puesto en solventar una filarmónica. Aún creyéndole a los cuestionables y
limitadísimos datos de IBOPE.
Este
contabilización democrática, si bien no puede ser la única utilizada a la hora
de decidir en qué gastar, sería injusto que fuera dejada totalmente de lado.
Más aún cuando se reclama a viva voz que sea ese mismo criterio el que se
emplee exclusivamente en otros casos, en los cuales sería menos justificable
emplearlo. Como por ejemplo, la publicidad en medios gráficos. Donde los
diarios de mayor tirada se quejan abiertamente de que reciben subsidios
proporcionalmente menores a los que reciben los de menor tirada. Curiosa diferencia en el criterio de
evaluación: en el arte y el deporte, cuanto a menos gente le gusta una
disciplina más justificada está su financiación por parte del estado (tal vez
porque de ese modo se garantiza la subsistencia de una actividad que por
criterios mercantiles debería desaparecer); pero en el caso de los medios de
comunicación, los más elegidos por el público deben ser además los que reciban
mayores subsidios (o pauta publicitaria estatal). Absolutamente contradictorio.
A tal punto que si no hubiera intereses pecuniarios instalados en el medio de
estas disputas por la apropiación de fondos, casi sería inexplicable la
diferencia. Pero que en este caso es entendible en virtud de que como
sostenemos algunos cínicos de lejana inspiración marxista, primero está la
propensión a satisfacer los deseos materiales y después las explicaciones, y
aún la lógica.
Bueno,
una vez ensayado este (extenso para estrada de blog, pero breve para análisis)
panorama estamos en condiciones de pensar mejor si Futbol para Todos es parte
de lo bueno que hay que mantener o parte de lo malo que habría que cambiar.
Queda instalado el debate.