viernes, 30 de marzo de 2012

Las trabas a las importaciones: algunas consideraciones.

Los compañeros nacionales y populares de MC pueden solicitar el CBU de mi cuenta, en caso de que quieran abonarme lo correspondiente en concepto de publicidad.


Importar, en la Argentina, ya no es tan fácil. Comprar divisas (en sus variadas formas entre las que se incluyen desde las fugas del tipo "contado con liqui" hasta las compras con tarjeta de crédito en el exterior) tampoco.
¿Es algo coyuntural que en breve se resolverá? ¿o los controles seguirán por mucho tiempo?

Responder esa pregunta trascendente exige un análisis detallado de las causas de las decisiones que llevaron a la situación actual.
Ya lo mencionamos en otra oportunidad: el meollo está en una escasez relativa de divisas. Relativa, en cuanto a los niveles de ingreso que el Gobierno pretendería para no depender de financiamiento externo.
Y un objetivo declarado, que puede ser solidario del primero pero que no necesariamente son congruentes entre sí, de sustituir importaciones con producción local.

En este segundo aspecto radica una parte de los controles. La finalidad, más que entorpecer por sí mismo, es encarecer la importación.
Hay dificultades para esclarecer la lógica de funcionamiento de estas cuestiones, y conciliarlas con las urgencias temporales. No hablo de los funcionarios a cargo solamente, sino también de los afectados y de los comentaristas neutrales.

Las trabas, en paralelo al entorpecimiento y encarecimiento consiguiente de la importación, pretenden generar un nicho de demanda para la producción local sustituta de la importada trabada. Las menciones a que "primero hay que incentivar la producción nacional y después trabar la importación" son ingenuas. La inversión responde a la demanda. Y la demanda aparece cuando hay condiciones dadas para ello.
Sin embargo, las complicaciones surgen de la imposibilidad de conciliar tiempos. El reemplazo de ofertas no es inmediato,  en el medio alguna demanda puede quedar insatisfecha, con todo lo negativo del caso.

Por ejemplo, para artículos de consumo como el té de Ceylan o el salmón rosado ideal para sushi. Demandados por sectores medio-altos y altos. Esta demanda específica insatisfecha pone en juego algunas nociones. El "populismo" no radica solamente en organizar fiestas para pagar en el futuro. Algunos costos pueden ser asumidos en el presente también. Como en este caso. En el cual los degustadores de estos productos gourmet pierden el usufructo de un excedente del producto social, que se aplicará (dicho excedente) al cuidado de las divisas, evitando egresos considerados superfluos.

Sin embargo, la cuestión de las demandas insatisfechas se complica en un punto (que no es el anterior; este que sigue sí es un escollo a la "fiesta" del populismo).
Argentina: eligió 10 actividades industriales como estratégicas. Esto implica que necesitará desarrollar escalas de producción superiores a las de abastecimiento del mercado interno actual.
Aumentando la capacidad adquisitiva de nuestro mercado interno y con incentivos para la exportación de excedentes. primera paradoja de incompatibilidad: el fortalecimiento del primer objetivo atenta contra la competitividad para lograr el segundo objetivo.

Además las cadenas de valor de estos productos de ramas industriales "estratégicas" muchas veces (o todas) se integran con importados. El crecimiento de nuestro sector secundario hace crecer las importaciones más que las exportaciones. Esta segunda paradoja deriva en mayor riesgo a incrementar la escasez relativa de divisas.
Y lleva a que se evalúe primordialmente sustituir importaciones en esas cadenas de valor. Aumentando la integración con piezas locales.

Este punto hace que la mencionada dificultad para conciliar tiempos pueda provocar parates productivos por falta de insumos.
Sumando la merma en la producción industrial por este factor, a la que ya se registra por menor demanda externa e interna (dato significativo que queda sepultado ante las trabas a las importaciones que terminan siendo el chivo expiatorio de las posibles suspensiones y hasta reducciones de personal decididas por las empresas, cuando en realidad la menor demanda puede ser mucho más significativa en este punto que la falta de insumos).

Hasta aquí las dificultades que presenta la puesta en práctica de un modelo teórico-ideológico proteccionista. Nada que la práctica no muestre en datos concretos. No descubrimos nada. Supimos siempre (y así lo expresamos) que aquí habría una dificultad.

Otras dificultades adicionales son las que surgen de decisiones arbitrarias de funcionarios. Que deciden con discrecionalidad (con los márgenes necesarios de discrecionalidad para que este tipo de complejo de ideas pueda ponerse en práctica, ya que no hay reemplazo a la doctrina de observar "caso por caso"). Pero esta discrecionalidad muchas veces abre paso a irracionalidades motivadas en el encono personal para con determinada empresa o actividad. Hay ejemplos de esto, también, en los últimos días.

Otra: el "caso por caso" atenta contra la celeridad, al menos hasta que los mecanismos estén más aceitados y los funcionarios a cargo descubran las vías de la mayor eficiencia, qu en cada actividad específica tiene sus vericuetos.

Pero haciendo hincapié en "el caso por caso" queda ver un tema qu se relaciona con la declamada "sintonía fina". En todas las operaciones para las cuales la adquisición de divisas es necesaria, se generan nichos de marginalidad, con fines evasivos, elusivos o contrabandísticos. Los controles pueden tener como objetivo también tapar la mayor cantidad posible de agujeritos que en su sumatoria provocan una sangría de proporciones a la cuenta corriente.

Y además hay un factor que sobrevuela todo lo dicho hasta aquí: si el problema es escasez de divisas, la reversión parcial de algunos problemas estructurales que hacen crecer la salida podría derivar en la relajación de algunos controles en un plazo mediano, quedando en pie solamente aquellos cuyos efectos excedan el objetivo bruto de cuidar los dólares a como dé lugar.

Siempre se puede trabajar para minimizar costos, pero no se puede pretender que la implementación de políticas activas sea sin ellos. El núcleo de la factura política a pagar por estas políticas no se eliminará por volver los procedimientos de control más eficientes. La opción es clara: proteger o liberar.
Ninguna de las dos es gratuita.

jueves, 29 de marzo de 2012

Obama, el sistema general de preferencias, el CIADI, los bonos Discount, y la próxima crisis terrible, que esta vez sí termina en que se va todo a la mierda definitivamente


La exclusión de Argentina de la lista de países que forman parte del Sistema General de Preferencias en Estados Unidos, lo cual hará que algunos de sus productos dejen de ingresar con arancel 0, se vuelvan por ende más caros y por lo tanto sean menos competitivos para con sus pares de otros países que siguen siendo parte del sistema, fue un tópico de conversación importante en estos días.

Obama nos sacó de la lista. Malas noticias para nuestras frutillas, nuestros maníes, nuestros limones y nuestros vinos.
El volumen de negocios afectados por esta medida no es significativo en términos macroeconómicos (no va a perjudicar significativamente el resultado de la balanza comercial a partir de una grosera merma de nuestras exportaciones ni mucho menos). Pero sí lo es para la rentabilidad de las actividades involucradas. Un caso es el de la industria vitivinícola que mantiene una encarnizada disputa con la industria chilena por la conquista del mercado de vinos de buena relación calidad-precio en los Estados Unidos, y que esta medida los dejaría en condiciones desfavorables en la competencia, haciéndola retroceder algunos casilleros de los varios que se avanzaron en estos últimos años.

Digamos también que los montos implicados en las obligaciones incumplidas que motivaron que Obama tomara esta decisión tampoco son demasiado significativos.
Es bueno recordar que las empresas que activaron el reclamo, por el cual Obama decidió sancionar a la Argentina, son Azurix y Blue Ridge. La primera comprometida con el servicio de provisión de agua; la segunda con los servicios financieros.
Ambas empresas litigaron contra el país, reclamando indemnizaciones por incumplimiento de contratos. Los incumplimientos se originaron en la no mantención de la paridad cambiaria. Con la devaluación de 2002. Y los juicios se radicaron ante el CIADI, centro internacional de arreglo de diferencias, dependiente del Banco Mundial, organismo ante el cual el país se sometió a resolver diferendos de este tipo en los años 90.

Hacer esta mención es absolutamente pertinente, porque es necesario dimensionar la influencia que todavía tienen en nuestra realidad económica los sucesos de 2001. Es una etapa cuyas consecuencias más graves han sido neutralizadas, pero que sigue dando coletazos de variada intensidad que ocasionan todavía más de un problema.Aunque hayan pasado 10 años ya.

La cuestión es que estas empresas tienen fallos favorables del CIADI, que obligan a la Argentina a pagarles 300 millones de dólares.

La chicana utilizada por Argentina para dilatar el desembolso fue la de considerar que las empresas, para cobrar, debían iniciar trámite en tribunales nacionales. Las empresas no aceptan.
Este obstáculo es salvable, debido a que la Argentina puede garantizarles a las empresas que el trámite no implica que dejen de percibir ningún monto adquirido por derecho a través del fallo del CIADI. Y listo.

El tema fundamental a resolver es el del medio de pago.
Argentina tiene que convencer a estas empresas de que cobren en bonos Discount, los mismos ofrecidos en los canjes de deuda en default. Si las empresas aceptaran este medio de pago se rubricaría la solución, y ya no habría motivos para que Argentina fuera excluida del sistema general de preferencias.

Y así, será otra tragedia, profusamente lamentada, que nunca terminó de ocurrir.

miércoles, 28 de marzo de 2012

sábado, 24 de marzo de 2012

Controles y desdoblamiento del tipo de cambio: la mentira del "corralito"


Con los datos de balanza de pagos del año 2011 ya cerrados, podemos dimensionar más claramente qué ocurre en torno de las restricciones que algunos han dado en llamar "corralito cambiario", con predilección por el sensacionalismo antes que por el buen tino analítico.

El saldo anual de las reservas del Banco Central fue negativo, en algo más de 6.000 millones de dólares. Un hecho inédito en el período kirchnerista.

La balanza de pagos se compuso más o menos con estos números.
Una balanza comercial superavitaria en alrededor de 10.000 millones de dólares.
Con la contracara de remesas de utilidades y otras transferencias que arrojaron un saldo de cuenta corriente superavitario exiguo de 17 millones de dólares (en el año 2010 el superávit de cuenta corriente había sido de 2.900 millones de dólares).
Esto se contrapuso con un saldo negativo en la cuenta capital (o cuenta financiera, tal la actual denominación sugerida por el FMI) que llegó a  2.267 millones de dólares. En esta cuenta se computa la formación de activos externos. Entre los que resaltan fuertemente los pagos de deuda externa.
Es llamativo el alto monto en Errores y omisiones, por casi 3.928 millones de dólares y que marca la diferencia entre los 2.250 millones de déficit en la balanza de pagos y la pérdida de reservas del Central por 6.108 millones.

Para tener una idea, desde hace unos años el Gobierno tomó la decisión de cerrar el programa financiero al inicio con la constitución del llamado Fondo de Desendeudamiento, que consiste en tomar prestadas directamente reservas del banco Central, como garantía de pago de los vencimientos de deuda. O sea, se les dice a los acreedores, a principio del ejercicio, acá está la plata con la que vamos a pagar. Ese fondo constó de más de 7.500 millones de dólares el año pasado.

Esto quiere decir que si el Gobierno hubiese tomado la decisión de constituir el fondo de desendeudamiento con 3.000 millones de dólares prestados por el Central, y los 4.500 millones de dólares restantes los hubiera tomado prestados por acreedores privados  a través de la emisión de un bono (supongamos el BODEN 2020, por decir una boludez), el saldo de reservas del Central hubiese sido muy distinto, aunque con pérdidas ocasionadas en la mini-corrida del 3 trimestre.

Es importante destacar esta situación porque nos sugiere que si el Gobierno no se negara voluntariamente al acceso al crédito externo (independientemente de las tasas de interés a convalidar que es otra discusión), las perspectivas de restricción externa por las cuales se ejercen controles a la compra de dólares por particulares, controles a las remisiones de utilidades de empresas y controles a las importaciones, disminuirían drásticamente.

Lo que estamos queriendo decir es que el virtual control de cambios, con desdoblamiento encubierto del tipo de cambio (los movimientos financieros computables en la cuenta capital que suelen llamarse vulgarmente "fuga de capitales" no desaparecen del todo, pero se realizan en un contexto de mayor hostilidad y a un valor de dólar diferencial que hoy está en $5, bastante por encima del dólar comercial que está en 4,30 y pico) son una especie de sobreexigencia que el Gobierno impone a la economía argentina, con el objetivo de no compensar con endeudamiento el drenaje de divisas.

Esta situación es la que diferencia abismalmente los controles actuales de lo que se denominó en otros tiempos con el tristemente célebre nombre de "corralito". Hablábamos en aquel caso de una economía que sobrevivió con el oxigeno artificial del endeudamiento externo como única fuente de ingreso de divisas durante años, y que antes de colapsar se sometió a controles que invalidaban su propia lógica de funcionamiento, su propia razón de ser, justamente porque se le volvió inviable la última instancia disponible que es el endeudamiento externo.

Una carta peligrosa, que se vuelve mortal cuando se genera dependencia de ella, pero que hoy se mantiene guardada en condiciones no tan adversas para usarla, ya que el peso de la deuda actual en relación al PBI, a las reservas del BCRA y a los montos de las exportaciones es relativamente bajo.

Una apuesta fuerte del polémico Moreno, pero que tiene plan B, no del todo agradable, pero tampoco tan dramático.

Ahora, no deja de asombrar cómo un Gobierno tildado de populista prefiere un particular estrechamiento en el presente desdeñando la salida más simple, a pagar en el futuro, con interés compuesto. Como para reformular el concepto de "populismo", que parece ser algo más complejo que el pensamiento lineal de Prat-Gay o Enrique Szewach, por nombrar a dos tipos al azar, no?

miércoles, 21 de marzo de 2012

La diabólica reforma de la carta orgánica, a manos de los marxistas de la cámpora, que vienen por todo, incluso por nuestro banco central (cuando digo nuestro, me refiero a las empresas que cotizan en bolsa, que son los verdaderos dueños de todo esto)

Un tema "de moda": reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y derogación del requerimiento convertible, de respaldar el total de la base monetaria con reservas del Central.

Hay, en la mayoría de los análisis, un énfasis exagerado en la cuestión del uso de reservas para pagar deuda externa.
Es que la deuda externa siempre se paga con reservas.
Incluso cuando se toma un crédito para afrontar vencimientos se lo hace con la prerrogativa de ingresar divisas a una economía que no las genera de manera genuina en la cantidad que necesita para afrontar sus obligaciones y por lo tanto el saldo de reservas de su banco central mermaría de no mediar la toma del crédito.
Quiero decir con todo esto: todos los ingresos y egresos de divisas afectan el saldo de reservas del banco central. Los pagos de deuda externa pública, por supuesto que también. Y la toma de nueva deuda, también.
O sea, casi una verdad de Perogrullo esto de "poder usar las reservas".

Digamos entonces que quitar de la ley el requerimiento de cobertura del total de la base monetaria para de esa forma ampliar las reservas "disponibles", si bien tiene como un objetivo que el Tesoro tome un crédito directamente del Banco Central, afecta más ampliamente que al pago o no de la deuda.

Lo que se modifica sustancialmente es la capacidad expansiva del Banco Central, en el frente interno. Y del fisco también, en tanto actúan en tándem.

Hay que prestar atención a algunos datos de la realidad.
El primero: hasta el año pasado hubo una emisión encubierta del Banco Central para financiar al Tesoro. Una formalidad para superar los topes sin que la operatoria dejara de ser legal: la distribución de dividendos. El Central tenía utilidades, como cualquier entidad financiera, y al final del ejercicio esas utilidades netas eran transferidas al único accionista: el Tesoro Nacional. Se emitían pesos y se les daba al fisco que los computaba como ingresos corrientes.
El tema es que esa masa de dinero que financiaba gasto público este año no está, porque en el ejercicio 2011 el Central no obtuvo utilidades para transferir.

Por eso, en la reforma de la Carta Orgánica, se incluye una modificación en los topes legales de financiamiento que el Banco Central puede hacerle al Tesoro. Vía los llamados adelantos transitorios. Del 10% de la recaudación anual, se pasa al 20% de la recaudación anual.
Esta modificación fue largamente criticada por los efectos expansivos de la base monetaria (y por ende, de sus posibles efectos inflacionarios).
Yo no tengo números precisos, pero entiendo que este aumento en los adelantos transitorios se ve fuertemente compensado (aunque fuera de forma parcial) por la no existencia de dividendos a distribuir.
Es decir, en el ejercicio corriente, la ampliación de los adelantos transitorios no provocará una expansión monetaria tan extraordinaria si la comparamos con la del año pasado, si restamos a esos montos extra los perdidos por la falta de utilidades del Central. El efecto sobre la base monetaria de tal modificación va a ser probablemente más neutro que el sensacionalismo de los "veinte mil millones de pesos extra".
Y hay un dato más que pasó desapercibido: se impuso a los bancos la obligación de conformar efectivo mínimo con pesos depositados en cuentas del Central únicamente. O sea, no se computa más el efectivo en sucursales. Esto, en los hechos, es un aumento del encaje. Una medida de absorción, sin pagar los intereses de LEBACS y NOBACS. Sumando a los bancos al "esfuerzo" de la absorción. Esta medida ortodoxa no fue muy tenida en cuenta a la hora de analizar, pero es otra herramienta de compensación de las medidas expansivas.

El punto a tomar más en cuenta son los datos de enfriamiento de la economía (que son varios y no los voy a detallar). Entonces, todo esto hay que vincularlo obligatoriamente con los "redireccionamientos de subsidios" (que sin eufemismos, son recortes; o eran).
Hay también sensacionalismo en los datos de enfriamiento. Porque por cuestiones estacionales es lógico que ciertos consumos se vayan resintiendo y lleguen al punto más álgido en estos meses. Hasta que las actualizaciones salariales en paritarias recomponen el poder adquisitivo y el consumo es impulsado nuevamente.
Pero más allá de eso, es perfectamente entendible que la postura de recortar gasto público por 50.000 millones de pesos (pongámosle) sea revista si hay indicios de enfriamiento de la economía. Y los préstamos en pesos del Central (adelantos transitorios) de los que hablábamos antes son la garantía de financiamiento público ante la eventualidad de no poder avanzar demasiado con las podas y tener que seguir engrosando la cuenta de subsidios.

Algunos corolarios:
El "agotamiento del modelo" es una consigna que deja de lado las complejidades y que tiene tan poca consistencia como las menciones "al modelo". La práctica misma hace que los límites entre lo que es "modelo" y lo que no lo es sean difusos. Y así de difusos son los recurrentes anuncios de agotamientos.
Es irónico, incluso, que el famoso "agotamiento" redunde en que Argentina, hoy, esté recuperando competitividad cambiaria (algo que era "imposible" de lograr con un contexto de "tanta inflación"). Pero bueno, no me quiero ir de tema.

Peeeero, todo esto no hace más que ratificar que se avanza firmemente hacia los márgenes. Y que eso termina indefectiblemente en que esos márgenes ya no estén más. No hay que perder de vista eso.

viernes, 16 de marzo de 2012

El enojo de Moyano


Medidas del Gobierno que provocan el enojo de Moyano (y los trabajadores en su conjunto, obviamente; siempre fuimos todos moyanistas, psss):

1. Demorarse en la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (que subirá próximamente en un 20%) y no anunciarlo con Moyano al lado para que éste obtenga parte del rédito político.

2. Demorarse en la suba de las asignaciones familiares (que se estima que subirán próximamente en un porcentaje similar), ídem anterior.

3. Pedir que los arreglos en paritarias no se pasen de +20% para bajar un poquito las expectativas inflacionarias.

4. No hacer ningún esfuerzo por que la justicia cajonee las causas de remedios adulterados y troqueles truchos.

5. Revisar (para recortar) la política de subsidios al gasoil para transportistas (que son cuentapropistas y patrones, no trabajadores en relación de dependencia, ejem).

6. No darle a los sindicalistas el manejo de los miles de millones de pesos que administra anualmente la APE.

7. Sacarle a Venegas el manejo del RENATRE y sus más de 1000 millones de pesos en aportes patronales, porque no fue capaz de evitar (seamos buenos) que haya trabajo esclavo en la actividad .

De todo esto, sobre lo único que los trabajadores (en general) podríamos discutir con énfasis es la guita de la APE, que por ser aportes descontados de los sueldos de los trabajadores, está bien que sean retenidos como reservas para programas especiales (tratamientos complejos, etc.), pero que al final del ejercicio podrían ser distribuidos entre las obras sociales con un criterio más laxo, en lugar de imputarse a otros gastos corrientes.

Hasta el pedido de moderación en paritarias es entendible, y sobre todo, negociable, porque no es una cifra despreciable un 20% cuando la inflación ronda el 22% y va desacelerándose. Esto ni es discutible para gremios como SMATA y UOM, que pueden bajar ese porcentaje más todavía y obtener unos puntos más en base a productividad, cosa que a los empresarios del sector los pone chochos porque los aumentos salariales con ese criterio no les afecta la competitividad.

En el resto de los gremios los elementos de negociación son variados. Las asignaciones (no sólo montos, sino topes), el mínimo de ganancias, que serían una forma de que el estado cubriera el margen de actualización de salario que el privado no podría cubrir (qué se le va a hacer, la acumulación de capital manda) aunque tampoco dramaticemos tanto porque hay una indexación mínima de 20% aproximadamente en todos los gastos del estado, pero también en los ingresos.

Está también la posibilidad de promover el blanqueo y la generación de empleo, como contrapartida de la actualización salarial moderada (sería largo de exponerlo completo, pero habría una punta como para suponer que ambas cosas en conjunto son más fáciles que sin el complemento de la moderación).
Y la otra cuestión es la del achatamiento (leve) de las pirámides salariales, diferenciando porcentajes de actualización por categorías. Que en épocas de achicamiento de márgenes distributivos sirve para que los ajustes sean progresivamente selectivos (ver sistema jubilatorio 2003-2007). Esto a los sindicatos no siempre les gusta, por el asunto del flujo de aportes a obras sociales y a sindicatos si correspondiere. Incluso algunos gremios están operando para incorporar en la representación a personal jerárquico (Bancarios, UOM, SMATA, etc.)
El tema se hace muy complejo si nos metemos en la diferenciación por actividad, debido a que los salarios más atrasados suelen ser de los sectores menos competitivos del entramado productivo. Lo mismo si miramos empresa por empresa.

Pero hay espacio para trabajar sobre otro aspecto. La moderación del reclamo trabajador en paritarias tiene la contrapartida de un posible incremento extraordinario de los márgenes de rentabilidad de ciertas empresas más competitivas (y grandes) de algunas actividades. Los arreglos de aumento por productividad podrían paliar esta situación parcialmente. También la participación en el reparto de utilidades.
Pero la palanca más firme está en la participación activa del Estado en los directorios de esas empresas y el control de la distribución de utilidades, sobre todo cuando predominan las remesas al exterior.

jueves, 15 de marzo de 2012

Pobreza, estadísticas, tipo de cambio (título demasiado pomposo para desarrollo tan cortito)


Ponemos a consideración de nuestros escasos lectores, que por lo general despotrican contra los bancos de inversión y las consultoras financieras, el extracto de un mail recibido en el cual se valora como corresponde el esfuerzo por lograr un mundo mejor que hacen estas entidades:

"...tampoco hay que creerse el verso de que el mundo de las estadísiticas es fantástico. La forma en que se confeccionan las estadísiticas, de cómo se decide medir, es ideológica. Por ejemplo, medir pobreza por nivel de ingreso. Si una familia cobra menos de 600 dólares es pobre. Y si cobra 601 ya no lo es.


Así, por ejemplo Brasil, cada vez que el Real aumenta un centavo en relación al dólar saca de la pobreza a millones de personas.


Que ni se enteran, y siguen sin agua, sin cloaca, sin gas natural, sin luz eléctrica a veces. Ni hablemos de teléfono, celular, Internet o pavimento. Pero “el ingreso de divisas para realizar inversiones en activos brasileros aprovechando la alta rentabilidad en dólares de los mismos incide en el mercado cambiario elevando la cotización del real”.


Y entonces el que tenía un ingreso de 1300 reales para mantener una familia de 4 personas, ahora cobra más de 600 dólares. Ya no es más pobre, evidentemente.


Ayer sí, pero hoy no. Gracias a las inversiones especulativas para maximizar ganancias arbitrando con las tasas de interés y las variaciones cambiarias. Muchas gracias señores del JP Morgan y la Goldman Sachs por sacar a tantos niños brasileros de la pobreza."

Para finalizar, no quisiéramos olvidarnos de Ben Bernanke (foto) y sus tasas de interés mínimas y sus políticas monetarias laxas con las cuales se financian los déficit públicos estadounidenses (y se elevan las cotizaciones de los commodities), sin cuya inestimable colaboración este milagro tercermundista no sería posible.


viernes, 9 de marzo de 2012

Autonomía "con recursos"

El artículo 75 de la Constitución nacional dice:
No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.
En este sentido, la Nación estaría obligada a facilitar los recursos, por ejemplo, en el caso de transferencia de las competencias sobre el transporte público.

Parece fácil de dilucidar el tema.

Sin embargo, es mucho más complejo.
La Ciudad de Buenos Aires (también por mandato constitucional y con acuerdo casi completo de los porteños) es autónoma. Según las constituciones Nacional y de la Ciudad.
La interferencia del concepto de autonomía plantea un problema político de difícil resolución.
La cuestión pasa porque las provincias, todas, son autónomas. Y las autonomías provinciales surgen de que su conformación política es preexistente a la conformación política del estado nacional. Esta preexistencia es sobre la cual se basa la autonomía.

De manera tal que la implantación de una autonomía nueva (en el caso de la ciudad de Buenos Aires), debería realizarse sobre la base de la igualación de un status mínimo comprendido por el concepto de autonomía. Cuando se decide volver autónoma a la Ciudad de Buenos Aires, revirtiendo el proceso de "federalización" inaugurado con la constitución del Estado Nacional en 1853, se acepta además la transferencia de competencias intrínsecas a dicha autonomía (comprendidas digamos en el concepto de autonomía) a realizarse gradualmente en el marco de un proceso de "autonomización".

De manera tal que sería necesario establecer cuáles son las competencias que forman parte de ese proceso de "autonomización" que le permitiría alcanzar a la ciudad de Buenos Aires un status de autonomía como el del resto de las provincias. Porque probablemente y de este modo no estaríamos hablando de una transferencia de competencias excepcionales por un cambio de orden jurídico, el cual sí debería realizarse "con los recursos", sino del acondicionamiento de facultades del gobierno de la ciudad al estado autonómico del territorio sobre el cual tiene jurisdicción.

Por otro lado, hay una cuestión a aclarar, además.
No sé si corresponde decir que en el caso de la transferencia de competencia sobre el rubro transportes, debería hacerse la misma "con los recursos". Porque, a decir verdad, ¿cuáles son esos recursos que deberían transferirse? La plata que aporta el Estado Nacional al sector de transporte urbano es pura y exclusivamente debida a una política específica: subsidiar los boletos del transporte de pasajeros. Esta política no es obligatorio continuarla, de manera tal que si el estado de la Ciudad de Buenos Aires quisiera hacerlo debería dispensarse los recursos propios o negociar con las empresas nuevos cuadros tarifarios, que es como se manejan el resto de las provincias y municipios que administran su propio transporte público. Tal como se había hecho parcialmente con el subte, caso en el cual Nación mostró la voluntad de graduar la transferencia otorgando alrededor de 300 millones de pesos para seguir subsidiando, y que esa plata se pudiera computar en el cálculo para evitar el traspaso a boleto, cosa que surgió del marco de una negociación aceptada por ambos estados.
Porque, por otra parte, ¿cómo se plasmaría en los papeles el traspaso de recursos para subsidios, siendo que los montos son modificables mensualmente? Es ridículo pensar que la Ciudad de Buenos Aires se siente con las empresas a negociar tarifas y subsidios, y que cerrada la negociación, le exija a la Nación que le liquide los montos estipulados por ellos y los empresarios del sector.

Todas estas son complicaciones que surgen a partir de la decisión de "autonomizar" a la ciudad de Buenos Aires. Pero por ese mismo motivo para que la ciudad obtenga fondos adicionales aplicables a obligaciones devengadas de dicho proceso de autonomización sería conveniente remitirse al contrato que rige las autonomías provinciales. Para el caso específico de la guita: ley de coparticipación federal. Hoy la Ciudad de Buenos Aires recibe de coparticipación (transferencia automática) el 1,5% de los fondos coparticipables.

Esto puede resultar insuficiente, depende del parámetro que se utilice para evaluarlo.
En cualquier caso, la discusión habría que trasladarla al Congreso Nacional, y desde allí los legisladores que representan al estado de la Ciudad de Buenos Aires (senadores) y al pueblo de la ciudad de Buenos Aires (diputados) promover acuerdos con los de otras provincias para dar un nuevo régimen de coparticipación que se ajuste más a esta realidad.

miércoles, 7 de marzo de 2012

The Old Fund

Me llama mucho la atención cómo se distrae el tema principal en el caso Boudou-Ciccone.
Que si la ex-esposa despechada miente o dice la verdad para agarrar guita del divorcio. Que si Vanderbroele es testaferro o amigo de tal o de cual (cosa incomprobable jamás). Que si no sé quién le debe plata al que le alquila el derpa a Boudou...

El tema no pasa ni por la quiebra de Ciccone pedida por AFIP (cosa que está perfecta, por qué debería Afip perdonar deudas a millonarios con problemitas de solvencia bancaria?).

Ni porque le hayan cerrado el ingreso a Tabanelli (Grupo Boldt) a quien se acusa de testaferro de Duhalde, si vamos al caso (y les gusta investigar y escandalizarse por este tipo de boludeces), y que es el más interesado en que la causa prospere, no porque le importa la transparencia sino porque quiere quedarse con la guita de los contratos.

Ni porque hayan hecho lobby (en este caso Boudou) para habilitarle un contrato a la calcográfica para imprimir billetes, porque los billetes de alguna forma alguien los iba a tener que imprimir (Moreno, cuidá los dólares, a ver si Mercedes necesita mandar a imprimir a Brasil de nuevo), y de esta forma se resguardaban las más de mil fuentes de trabajo de la ex-Ciccone.

El tema que me parecería interesante discutir es que el noble objetivo de salvar las fuentes de trabajo se haya materializado a través de un fondo de inversión con sede en Curaçao (?????), en lugar, por ejemplo, de estatizar a través de casa de la moneda, u otra alternativa como armar una cooperativa. Eso es lo único que merecería alguna atención. El trasfondo ideológico del asunto, y no la cáscara chimentera que por ahora lo mantiene alejado del caso (sólo Alconada Mon hizo un intento en La Nación) a Jorge Brito.

El resto del caso es humo vendido con marketing lanatesco y con información de primera mano obtenida por el turco Asís (que nos quiere hacer creer que tiene ex-buchones de la SIDE trabajando para él).

Pero nadie se va a calentar por este temita "menor" de los fondos de inversión con oficinas en el microcentro o Puerto Madero, cerquita de las consultoras financieras como Goldman Sachs, y domicilio legal en paraísos fiscales, porque nadie se quiere mandar en cana a sí mismo, ni enemistarse con el circuito financiero habitual de los negocios fáciles y las inversiones rápidas a través de sociedades ad hoc.

sábado, 3 de marzo de 2012

Convertibilidad: derogación parcial o ajuste


La Ley de convertibilidad (23928) no se deroga totalmente. Por ejemplo, sigue vigente el artículo que prohíbe la indexación de contratos y deudas. Una forma de no patear el tablero totalmente de manera irresponsable.

Pero sí derogarán, si se aprueba el proyecto enviado al Congreso, los artículos 2° y 3°.

El punto fundamental acá es la eliminación del corazón de lo que quedaba vigente de la convertibilidad: la obligación de que el BCRA mantenga reservas para respaldar el total de la base monetaria (todos los billetes que circulan más los depósitos en los bancos). El más nefasto artículo ya había sido derogado hace mucho tiempo y era el que fijaba la paridad cambiaria en 1 dólar=1 peso (10000 australes originalmente).

Al eliminar ahora esta obligación (la de mantener reservas iguales a la base monetaria) se está adecuando la legislación a algo que de hecho ya ocurrió. Hoy la base monetaria está calculada en el equivalente a 47 mil millones de dólares. Y las reservas del Central también están en esa suma.
Esto quiere decir que ya no hay más lo que la ley denomina "reservas de libre disponibilidad" que son las que exceden el monto de la base monetaria. Y que son las que se usaron para pagar vencimientos de deuda externa en los años anteriores a través del Fondo de desendeudamiento.

Entonces, ¿dónde está la cuestión?
Cumplir con la obligación de mantener reservas de respaldo al total de la base monetaria para este año supondría un escenario como el que se detalla a continuación.

La economía creció el año pasado en un 8%. Lo cual supone un piso de crecimiento de 3 o 4 puntos para este año. Y la inercia nominal de la economía viene haciendo crecer la base monetaria en un 30% anual. De manera que la base monetaria este año debería crecer en una proporción no mucho menor para mantener al menos medianamente lubricados los resortes de la economía argentina.

Ahora bien, las reservas deberían crecer a ese mismo ritmo para mantener la paridad. O sea, que Argentina tendría que garantizarse un superávit de cuenta corriente equiparable con el 30% de las reservas para este año, más o menos, cosa de cumplir con el objetivo.

A esto hay que sumarle un problema.
Los pagos de deuda. Garantía de tener que abonar deuda externa por 12 mil millones de dólares de los cuales unos 8 o 7 implicarían pérdida de reservas para el Central porque es plata que va al exterior.
Sin reservas de libre disponibilidad (la base monetaria y las reservas del BCRA están en sumas iguales a hoy) para pagar los 12 mil millones de dólares en vencimientos de este año debería recurrirse a la toma de deuda, en principio.

Esto no tiene nada que ver con una cuestión de ahorro fiscal. Sino con la disponibilidad de dólares.

Entonces, ¿cómo podría resolver el gobierno este problema de querer cumplir con la obligación de la ley de convertibilidad todavía vigente?

La toma de deuda para pagar vencimientos y para fortalecer reservas sería una posibilidad.
Que se podría coordinar con una fuerte devaluación para licuar el valor de la base monetaria en dólares.
La otra posibilidad sería un ajuste monetario muy fuerte con el objetivo de bajar el crecimiento de la base monetaria. Lo cual exigiría un ajuste fiscal de proporciones, ya que el gasto público es la vía por la cual más rápidamente la expansión monetaria se traslada a la economía real.
Una forma en que se podría visualizar esto sería a través de la conformación de un fuerte ahorro fiscal equivalente a los pagos de vencimientos, cosa de poder cambiar esos pesos ahorrados por dólares del Central para pagar, lo cual supondría un achicamiento de la base monetaria totalmente recesivo, del mismo tamaño que el achicamiento del monto de reservas.

La decisión que impulsa al Gobierno a derogar esta obligación presente en la Ley de Convertibilidad del año 1991, es evitar el incumplimiento legal de un ajuste de tamaña magnitud como para considerarlo inviable. Esto no implica que algunas correcciones en estos rubros van a seguir su rumbo, pero con una gradualidad un poco más razonable.

Hablemos de otra cosa


Caso Ciccone-Boudou.

Carta abierta de Lanata a Boudou, en la que detalla las preguntas que los "profesionales comprados" de 678 deberían haberle hecho y no le hicieron al vicepresidente.

La Afip pide la quiebra de Ciccone porque le debe 50 palos. A otros acreedores les debía 200 palos más. Me parece lógico: por qué la Afip debía subsidiar a los hermanos Ciccone?

Quiere hacerse cargo de la empresa el grupo Boldt. Moreno plantea judicialmente que Boldt (que es un grupo noruego) iba a tener posición dominante de mercado, porque ya tiene inversiones en ese ramo. La Justicia le da la razón. Se cae la entrada de Boldt en Ciccone. Me parece razonable que se evite la posición dominante de mercado y que se prefiera el ingreso de capitales nacionales y no extranjeros para evitar que las ganancias sean mandadas a sus países de origen.

Boudou piensa en favorecer el ingreso de un grupo empresario para hacer funcionar de vuelta la empresa y no perder las 2000 fuentes de trabajo. Incluso, si para levantar las deudas es necesario que el estado le pase contratos a la empresa, como la impresión de billetes (que se hizo en Brasil la última vez). Los acreedores se ponen de acuerdo (incluida la Afip). Es lógico también. Aunque puede ser discutible. ¿Por qué no estatizar Ciccone a través de Casa de la Moneda?

Lo más complicado, tal vez hasta inaceptable, es que la maniobra para el ingreso de un grupo nacional se haya hecho a través de un fondo de inversión con sede en Curacao que es un paraíso fiscal que no pregunta de dónde llegan los fondos que se invierten lo cual favorece el lavado de plata.

Claro que Lanata no puede preguntar por eso y se refugia en otro tipo de preguntas. Porque los fondos de inversión en paraísos fiscales son un mecanismo utilizable para la fundación de medios que después se funden dejando trabajadores en la calle, a través de sociedades puestas a nombre de personas sin patrimonio ni ingresos declarados suficientes como para invertir en una editorial.
Así que mejor hablemos con la separada despechada sobre coimas, Afip, testaferros y huevadas. El tema de fondo que quede bien sepultado.