El enojo de Moyano

Medidas del Gobierno que provocan el enojo de Moyano (y los trabajadores en su conjunto, obviamente; siempre fuimos todos moyanistas, psss):

1. Demorarse en la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (que subirá próximamente en un 20%) y no anunciarlo con Moyano al lado para que éste obtenga parte del rédito político.

2. Demorarse en la suba de las asignaciones familiares (que se estima que subirán próximamente en un porcentaje similar), ídem anterior.

3. Pedir que los arreglos en paritarias no se pasen de +20% para bajar un poquito las expectativas inflacionarias.

4. No hacer ningún esfuerzo por que la justicia cajonee las causas de remedios adulterados y troqueles truchos.

5. Revisar (para recortar) la política de subsidios al gasoil para transportistas (que son cuentapropistas y patrones, no trabajadores en relación de dependencia, ejem).

6. No darle a los sindicalistas el manejo de los miles de millones de pesos que administra anualmente la APE.

7. Sacarle a Venegas el manejo del RENATRE y sus más de 1000 millones de pesos en aportes patronales, porque no fue capaz de evitar (seamos buenos) que haya trabajo esclavo en la actividad .

De todo esto, sobre lo único que los trabajadores (en general) podríamos discutir con énfasis es la guita de la APE, que por ser aportes descontados de los sueldos de los trabajadores, está bien que sean retenidos como reservas para programas especiales (tratamientos complejos, etc.), pero que al final del ejercicio podrían ser distribuidos entre las obras sociales con un criterio más laxo, en lugar de imputarse a otros gastos corrientes.

Hasta el pedido de moderación en paritarias es entendible, y sobre todo, negociable, porque no es una cifra despreciable un 20% cuando la inflación ronda el 22% y va desacelerándose. Esto ni es discutible para gremios como SMATA y UOM, que pueden bajar ese porcentaje más todavía y obtener unos puntos más en base a productividad, cosa que a los empresarios del sector los pone chochos porque los aumentos salariales con ese criterio no les afecta la competitividad.

En el resto de los gremios los elementos de negociación son variados. Las asignaciones (no sólo montos, sino topes), el mínimo de ganancias, que serían una forma de que el estado cubriera el margen de actualización de salario que el privado no podría cubrir (qué se le va a hacer, la acumulación de capital manda) aunque tampoco dramaticemos tanto porque hay una indexación mínima de 20% aproximadamente en todos los gastos del estado, pero también en los ingresos.

Está también la posibilidad de promover el blanqueo y la generación de empleo, como contrapartida de la actualización salarial moderada (sería largo de exponerlo completo, pero habría una punta como para suponer que ambas cosas en conjunto son más fáciles que sin el complemento de la moderación).

Y la otra cuestión es la del achatamiento (leve) de las pirámides salariales, diferenciando porcentajes de actualización por categorías. Que en épocas de achicamiento de márgenes distributivos sirve para que los ajustes sean progresivamente selectivos (ver sistema jubilatorio 2003-2007). Esto a los sindicatos no siempre les gusta, por el asunto del flujo de aportes a obras sociales y a sindicatos si correspondiere. Incluso algunos gremios están operando para incorporar en la representación a personal jerárquico (Bancarios, UOM, SMATA, etc.)

El tema se hace muy complejo si nos metemos en la diferenciación por actividad, debido a que los salarios más atrasados suelen ser de los sectores menos competitivos del entramado productivo. Lo mismo si miramos empresa por empresa.

Pero hay espacio para trabajar sobre otro aspecto. La moderación del reclamo trabajador en paritarias tiene la contrapartida de un posible incremento extraordinario de los márgenes de rentabilidad de ciertas empresas más competitivas (y grandes) de algunas actividades. Los arreglos de aumento por productividad podrían paliar esta situación parcialmente. También la participación en el reparto de utilidades.

Pero la palanca más firme está en la participación activa del Estado en los directorios de esas empresas y el control de la distribución de utilidades, sobre todo cuando predominan las remesas al exterior.