Jubilaciones, blanqueo y FGS: la letra chica

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El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció un blanqueo de capitales, que en su estructura general se parece a los que los dirigentes de Cambiemos vilipendiaban cuando eran oposición. Una causa judicial lo entorpece: la que investiga la fuga ilegal propiciada por el HSBC. El actual ministro Prat Gay ya pidió la nulidad de la misma por uso indebido de información por parte de AFIP. Cuestiones procesales, pero no inexistencia de delito. Algún tipo de información extra-oficial convencerá a los funcionarios de que el blanqueo será un éxito. Y que ese juicio caerá. Por lo pronto, el ente con capacidad para recabar información, la UIF, fue coptado por los propios investigados: la abogada del banco, María Eugenia Talerico, secunda a Mariano Federici, su titular.

La novedad es que este blanqueo (en el rol que le asignan de fuente de financiamiento) aparece ligado a lo que es una reforma casi completa del sistema previsional argentino.

En primer lugar, los cambios anunciados en el mismo responden a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (Badaro, del año 2006), cuyo cumplimiento definitivo la anterior administración dilató bastante, limitándose a pagar solamente las sentencias firmes y usando todas las instancias de apelación posibles para las demás. Una síntesis de la cuestión podría ser la siguiente: cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la jubilación mínima no llegaba a $200. Como se sabe, no había mucho dinero y tuvo que decidir cómo usarlo: planteó, arbitrariamente, que era prioridad aumentar la jubilación mínima en varias veces; y al resto, hacerlas esperar. Adolfo Badaro, un jubilado que cobraba unos $2.000, consideró eso un atropello y lo planteó judicialmente.

Si bien la Corte no le dio la razón en todo, sí obligó al Estado a recomponer sus haberes con un grado mayor de proporcionalidad a los aumentos recibidos por las jubilaciones mínimas –que se habían ampliado, además, con moratorias y jubilaciones anticipadas, y otras sin aportes para amas de casa–. Usando para el cálculo de la variación el índice RIPTE del Ministerio de Trabajo (Kirchner aumentó entre 2003 y 2006 la mínima incluso por encima de lo que indicaría ese índice). Y, además, ordenó –aquella sentencia– pagar retroactivos, que en el caso de Badaro superaban el millón de pesos. Esto desató una catarata de fallos en favor de jubilados en condiciones similares (hay más de setenta mil sentencias firmes, y más de trescientos ochenta mil juicios en trámite).

El actual gobierno decide ahora pagar esas sentencias (firmes o no) y abrir la posibilidad a reclamos por parte de otros jubilados que no los hayan iniciado judicialmente. Esto podría significar una mejora sustancial en los haberes de alrededor de dos millones de jubilados (el sistema ampara a siete millones): algunos, ya mismo (cuatrocientos cincuenta mil); otros, sujetos a la reapertura de los expedientes (el trámite de reajuste puede demorar hasta dos años). Pero los jubilados con haberes más altos –exclusivamente de ellos se trata en esta “reparación histórica”– estarán en condiciones de percibir incrementos, según fuentes oficiales, del 35% o el 45%, según el caso.

Además de los retroactivos cuando correspondiera. Paralelamente a esto se decide terminar con las moratorias, y reemplazarlas por la Pensión Universal a la Vejez (PUV), una especie de ingreso mínimo, para cuya percepción no es necesario cumplir con los requisitos de aportes. Hasta ahora, quienes se jubilaban sin aportes, accedían a la mínima; de aquí en más, cobrarán la PUV, cuyo valor fue fijado en 20% menos que la mínima. De manera que estamos ante una reducción encubierta de los haberes mínimos, aunque no tiene efectos retroactivos. La edad de retiro, para hombres y mujeres, será de 65 años. O sea, para las mujeres aumenta en cinco.

Como dato casi pintoresco, queda sin efecto lo que fue uno de los cambios ideológicos operados por el kirchnerismo: el reconocimiento de la tarea de las amas de casa como trabajo.

Esta decisión afectará también a muchas otras personas que por diversos motivos no cumplan con sus aportes (trabajaron en negro, fueron despedidos de sus empleos antes de llegar a completar el ciclo de aportes y no volvieron a conseguir trabajo, etc.). En síntesis, los adultos mayores del tramo más vulnerable que se jubilen de ahora en más, cobrarán un 20% menos de lo que les correspondería, merced a las moratorias, si se jubilaran hoy.
El corolario de la reforma, así las cosas, es sencillo de comprender: mejoramientos para los jubilados de mayores ingresos, y ensanchamiento de la brecha entre los que cobran más y aquellos que cobran menos. Hay ciertas grietas que, parece, no conviene nunca cerrar.

Pero volvamos al pago de los juicios. Que, dicen, se cubrirá con la plata obtenida por la tasa de 10 o 15% que se les cobrará a los que blanqueen la que evadieron previamente, pero además con las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS. Emilio Basavilbaso, actual titular de ANSeS, ya declaró que, “a lo mejor”, alcanza con la renta del FGS. Casi nadie lo cree así. Pero en cualquier caso, lo del blanqueo habría sido apenas una maniobra discursiva para justificarlo ante la opinión pública. Lo que sí se puede decir es que el planteo era inconsistente a todas luces. Porque la resolución de los juicios recalculando haberes genera obligaciones permanentes. Todos los meses hay que pagar las jubilaciones aumentadas. En cambio, el blanqueo genera ingresos por única vez. Que podrían destinarse, eso sí, a pagar los retroactivos (también una obligación de única vez).

Recapitulemos sobre el uso de la renta que genera el FGS. Se trata de una montaña de dinero heredada de las AFJP, invertida en distintos instrumentos (bonos, acciones, etc.), que genera una renta anual de alrededor de ochenta mil millones de pesos, que se suman al flujo de ingresos que percibe ANSeS. En el Gobierno estiman, extraoficialmente, que con esa plata alcanzará para cubrir estas nuevas erogaciones, sin necesidad de vender activos del fondo (acciones del Grupo Clarín, por ejemplo). No es muy creíble la hipótesis. Sobre todo, porque en el proyecto de ley el Gobierno decidió incluir las modificaciones que le dan al titular de ANSeS mayor flexibilidad para desprenderse de acciones y títulos del FGS. Si la renta garantizara el pago, no necesitarían vender. Pero por otro lado, si vendieran, la plata que recaudarían sería, de nuevo, por una vez. Y eliminarían, al menos parcialmente, el flujo de rentas. En esta hipótesis, la bancarrota sería cuestión de tiempo.

Si resulta importante analizar todo esto, no es debido a un miedo ancestral a los déficit, sino porque afectaría decisivamente el cálculo de la movilidad jubilatoria. Es decir, de todo esto depende que los haberes jubilatorios aumenten en más o en menos en lo sucesivo.

Veamos un poco más: en cumplimiento de otro fallo judicial, el Gobierno se comprometió a devolver gradualmente a las provincias quince puntos que les retenía de coparticipación, otro de los flujos que ANSeS recibe: parte de lo recaudado por impuesto a los combustibles, IVA, Ganancias, etc. Esa plata les será reintegrada a las provincias, a razón de tres puntos por año, a lo largo de un lustro.

Para que ANSeS no pierda ingresos, a los funcionarios se les ocurrió una ingeniería financiera. En caso de ser necesario para cubrir el total de obligaciones, el Tesoro prestará, a tasa BADLAR (hoy andará en alrededor de 35% anual) lo que ANSeS resigne por la devolución a las provincias.

O sea, el flujo impositivo que recibe actualmente ANSeS se irá reduciendo gradualmente. Y, si llegara a hacer falta, será reemplazado por deuda contraída con el Tesoro nacional.

Para saber la incidencia que esto puede tener, hay que repasar un poco cómo es el cálculo para el aumento semestral de las jubilaciones. La ley de movilidad jubilatoria, de 2008, determina que el coeficiente se obtiene a partir de la confrontación de dos componentes: el A, que vincula la variación salarial con el flujo de ingresos de ANSeS por vía impositiva. Este flujo estará dañado en tanto se empiece a recomponer la coparticipación a las provincias. El otro componente del cálculo, el B, resulta del incremento en el flujo total de ingresos de ANSeS (impuestos, aportes y contribuciones, y rentas del FGS) dividido por las erogaciones que ANSeS tenga comprometidas. La cuenta que da menos de las dos es la que finalmente se utiliza para definir el resultado.

Si las obligaciones aumentan y los ingresos disminuyen, es obvio, tanto el componente A como el B serán más bajos. Así que, muy a priori, es posible concluir que la modificación más importante en el sistema previsional es la que cambia el equilibrio de erogaciones e ingresos de ANSeS, reduciendo los últimos y aumentando las primeras en beneficio del 20% que mejor cobraba ya antes de las reformas, lo cual determinará que los nuevos aumentos definidos por la ley de movilidad se ajusten a la baja (habrá aumentos, pero porcentualmente inferiores a los que venimos acostumbrados).

En caso de que la estrategia del gobierno tenga éxito, ésa y no el blanqueo será la verdadera fuente de sustentabilidad del nuevo esquema previsional. Sumada a otros detalles como el de subir la edad jubilatoria de mujeres sin aportes hasta los 65 años, ítem que consta en el proyecto enviado al Congreso, pero que fuera convenientemente ocultado en la conferencia de prensa de los anuncios. O la ya mencionada reducción del haber mínimo. Aparte de la dilación en el cumplimiento de las promesas de reajuste. Todo esto, claro, sin perjuicio de que por merma en la actividad económica y aumento del desempleo los ingresos de ANSeS sufran algún que otro golpecito más.

Lo cual sería más ruinoso todavía, claro, pero ya formará parte de otra historia.