Yo, el conservador (a diferencia de Kicillof, que es marxista. Y judío)

Micheli en el último casting para los  Muppets

Los precios no se aplacan. De hecho, en estas últimas semanas parece que aumentan más rápidamente.
Y con decir que uno "no es monetarista" no alcanza. Porque la realidad muestra exactamente otra cosa. La aceleración de la emisión del BCRA tiene correlato directo en dos elementos: la suba del dólar ilegal y el aumento de los precios. El mismo BCRA parece admitirlo cuando sube las tasas de las Lebacs y Nobacs para instar a los bancos a que le devuelvan pesos.

Negar las correlaciones no hace bien. Podemos explicar infinidad de cuestiones respecto de la participación de agentes particulares (con intereses particulares) en cualquiera de estas consecuencias. Eso no es incompatible con la opinión de que la emisión de pesos y el aumento de adelantos transitorios para transformar directamente en gasto público convalida inmediatamente la aceleración de los precios.
En las condiciones actuales, en las que no existen demasiadas capacidades demostrables para atacar y neutralizar el accionar de los denostados especuladores que generan esas consecuencias nocivas para la economía, lo mejor es someterse a cierto disciplinamiento a la inteligencia y relegar por un rato la voluntad.

Hay una cosa: la demanda de divisas por particulares es un mecanismo de esterilización monetaria. Los pesos excedentes, en lugar de convertirse en demanda de bienes, van a la compra de divisas, a la formación de activos externos, a la famosa fuga. Son pesos que, con el mercado de cambios liberado, el BCRA absorbía, sacaba de circulación. Hoy no pasa lo mismo. La salida está cerrada. Y el mercado ilegal, chico, aparte no esteriliza los pesos.

Lógicamente, si yo fuera mago, usaría la varita mágica para alcanzar los niveles de inversión necesarios para propiciar aumento en la capacidad instalada que me permita sortear los cuellos de botella que aparecen en los rubros en los que se desequilibran oferta y demanda, sin necesidad de ajustar precios. Con una inversión sustanciosa direccionada hacia actividades estratégicas (logística, energía, bienes intermedios y alimentos), sumada a la emergencia de mano de obra ociosa capacitada (no digo que no la haya, enfatizo en capacitada), conseguiríamos una expansión de la oferta que nos permitiría sacar presión sobre los precios, a partir de que el alza de costos se diluiría en mejoras de productividad y ajustes por cantidad de producción para abastecer una demanda firme.

Pero claro, si no soy mago, tengo que darme cuenta que no puedo seguir avalando la inercia de cierta parte de la realidad como si la magia se operara, cuando en realidad no se opera. Yo entiendo y valoro mucho los esfuerzos intelectuales que exponen alternativas en las cuales la intervención estatal en las cadenas productivas y de comercialización y la generación de un shock de inversión se transforman en la solución de los problemas. Pero esa opción no está en el menú de la realidad. Al menos no con el grado de pureza que muestran en la ilusión.
Mirar para atrás y ver el largo plazo de 9 años en que tales fenómenos no ocurrieron, y evaluar además las limitaciones objetivas que se enfrentaron para que tales cosas no ocurrieran, no nos permite excedernos de optimismo creyendo que son una cuestión de voluntad, que se implementa en 5 minutos, y que encima gracias a eso, que dará resultados decisivos al día siguiente mismo de la implementación, podemos renunciar a cualquier prerrogativa de prudencia en la acción. Parece que no escarmentamos con la cachetada de la realidad que nos dice que la estatización de YPF no alcanzó a administrar consecuencias milagrosas que nos sacaran inmediatamente del listado de importadores sustanciales de energía para abastecer nuestro aparato productivo.

Más allá de eso, hay elementos que apuntan a este esquema. por ejemplo, la reforma de la carta orgánica del Central, que le permite un margen de intervención mayor en el funcionamiento del sistema financiero, sobre todo, en lo que hace al otorgamiento de créditos, la reforma del mercado de capitales, la reforma del mercado de los seguros. Pero las consecuencias no son inmediatas ni mágicas.

Gobernar no es hacer lo que uno quiere. Es hacer lo que se puede.
Y mi idea, nuevamente este año, como desde hace un par, es apostar a cierta prudencia, emprolijar el gasto público, ser un poquito amarrete en el dispendio de los fondos públicos (aumentarlo un poco menos que la inflación, evaluando bien en dónde recortar), y tratar de sacarle un poco de nominalidad a la expectativa de aumentos salariales (sobre todo de los más altos). Que está bien la demagogia de hacerles caso a los empresarios de la salud que en los ratos libres van a TN a oficiar de representantes de los trabajadores. Pero uno también entiende que hablan de aumentar salarios al 30% por 6 meses solamente (ante el aplauso de los "defensores de los intereses de los trabajadores, revolucionarios enemigos de los empresarios y del sector rentístico"), porque también están sufriendo la estrechez de costos en las obras sociales, y necesitan subir sus precios, que no son otra cosa que los aportes patronales y los descuentos salariales. Pero las consecuencias de una espiralización de precios no las van a pagar ellos, que los quebrantos de sus empresas se los transfieren al estado, ya que tienen la suerte de administrar semi-privadamente un servicio esencial que el sector público no puede abandonar.

En fin, tal vez llegó la hora de empezar a abandonar los incrementos salariales de porcentaje plano para todas las categorías, tratar de sostener primordialmente el poder adquisitivo de las categorías más bajas y de los empleados informales a través de la asignaciones (no debería ser la asignación por hijo, por este motivo, más alta que cualquier asignación familiar para empleados formales? pregunto, para escándalo de Moyano que, Biblia en mano, nos dice que el modo de ganarse el sustento es el trabajo, por orden directa de Dios), y que el 30% de los salariados de mejores ingresos acepten que sus ingresos sólo podrán compensarse con una pequeña reducción de los descuentos de Ganancias, pero con una nominalidad menor a la de la inflación. Y que los subsidios que favorecen sus consumos deberán ser revisados con la consecuencia en precios que eso tiene.