La autonomía porteña y el reparto de los recursos

Macri se hace cargo del subte. Qué bueno. Bah, no sé. Nos saca un motivo para criticarlo. Porque el aumento del boleto ya está políticamente amortizado. Si bien es cierto que fue un duro golpe al bolsillo del pueblo trabajador asestado por la derecha neoliberal (no como la necesaria readecuación de tarifas de transporte urbano que con muy buen tino decidió el ministro Randazzo, y que fuera a su vez imitado por Scioli), ya no tiene potencia.

Y, la verdad, todo bien con Lubertino, pero los berrinches por la suerte que correrán los vagones de la línea A ("nuestro patrimonio cultural") disparan consignas tan militantemente atractivas como la defensa de los osos panda chinos, o el más cercano escándalo del fallecido oso polar, víctima del maltrato humano recibido en el zoológico porteño, que nos puso a debatir respecto de la necesidad de estatizar los zoológicos (?), o sobre la misma procedencia de que existan los zoológicos, no sólo en Buenos Aires sino en el mundo. Para mí, no solamente en el tema del oso polar sino en todo este asunto de los animales y qué sé yo, los veganos tienen razón. Pero propongo que dejemos el debate para más adelante. Y nos ocupemos de cuestiones más pedestres. Con todo respeto.

El problema porteño sigue siendo jurídico. Con la reforma constitucional de 1994 se desaprovechó una gran oportunidad de terminar con lo que fue a lo largo de la historia argentina un elemento clave en la desigual distribución geográfica de los recursos: la permanencia de Buenos Aires como capital federal. Lo que volcó en su territorio durante muchos años masas de recursos aportados por el gobierno nacional con el fin de desarrollar una ciudad cosmopolita, que estuviera "a la altura de las grandes capitales del mundo". Esta idea rondó vigorosa en el imaginario de los fundadores de la patria, curiosamente todos nacidos en provincias del interior.

Decía que se desaprovechó la oportunidad, porque ante la emergencia de fuerzas sociales dispuestas a terminar con el orden jurídico imperante y a "autonomizar" la ciudad, no se optó por lo que hubiese sido una salida más funcional: convertir a la ciudad en un municipio que integrara una provincia, que nucleara a la ciudad y los municipios adyacentes que componen claramente una misma región en virtud de la interdependencia funcional que tienen entre sí.

Se eligió en cambio la figura que Asís llama "Artificio autónomo de Buenos Aires". Un ente jurídico que no es municipio, ni es provincia, aunque es en parte las dos cosas, pero solamente a veces, y otras veces no. Se prefirió, digamos, mantener el coto radical, a modo de promesa y prenda de cambio. Así como La Matanza siempre sería peronista, la ciudad de Buenos Aires siempre sería radical. Hace 15 años se pensaba así. Y desde hace 10 años no es más así. Hasta esa calesita chocó el radicalismo. Y en tiempo récord.

Así, el ejecutivo a cargo de la jurisdicción no es intendente ni gobernador, sino Jefe de Gobierno.
Lo cual hace que cobre ABL, como cualquier intendente, tenga a su cargo la inspección y habilitación de locales comerciales, la recolección de residuos y el alumbrado público, la poda de árboles, el arreglo de veredas, el bacheo, poner flores en las plazas, dirigir el tránsito y concesionar el zoológico.

Y aparte cumple algunas otras funciones de Gobernador, como cobrar ingresos brutos, recaudar impuesto inmobiliario, administrar la salud pública, recibir fondos de coparticipación, lanzar promociones industriales.

Pero no se encarga ni del transporte público (salvo ahora lo del subte), ni de los servicios de luz, agua, gas, cloacas, ni se calienta por la construcción de viviendas ni por la seguridad, cosas que permanecen bajo la órbita del gobierno nacional. Y que en algunos casos su traspaso generaría un problema operativo: por ejemplo, todos los servicios públicos, compartidos en red con todos los municipios del gran Buenos Aires.

Un intendente con ínfulas de presidenciable. Y un menú disponible de excusas, constitucionalmente sancionadas. No es que Macri sea así. El cargo está hecho para que quien lo ejerza sea así.

Y en este aspecto (los servicios públicos) es en donde más se nota el efecto nocivo en la distribución que tuvo la federalización de Buenos Aires (más allá de los motivos por los cuales se haya decidido, hablo de los efectos a lo largo de un período histórico prolongado). Lo menos regresivo de todo es el inconcebible hecho de que las tarifas de los mismos permanezcan subsidiadas por el estado nacional, con recursos aportados por todas las provincias. Hay algo más notorio todavía. La infraestructura básica que cuenta la ciudad: luz, agua potable, cloacas, gas de red. Cobertura total que no se consigue ni siquiera en municipios vecinos como el de Avellaneda. Ni hablar de José C. Paz. Ni hablar del resto del país.
Los porteños no pagamos una tasa adicional por el asfalto, porque ya nos vino asfaltada la calle de nuestra casa. No pagamos la conexión a la red de gas natural, ni a la cloaca, porque ya estaba hecha cuando nacimos. Esto no es así en el resto del país. En el Gran Buenos Aires sin ir más lejos, en donde la carencia de infraestructura básica persiste aunque en estos últimos 9 años se avanzó muchísimo, sobre todo en cloacas y agua potable desde la reestatización de la empresa de agua que permitió terminar en 2010 con las obras pautadas por la empresa privada (y convalidadas por los gobiernos nacionales) para el año 2020, esas cosas se pagan en la boleta municipal

Este fenómeno histórico de desarrollo de la gran ciudad cosmopolita argentina, a la altura de las grandes capitales del mundo, es el que volcó continuamente recursos de todo el país para desarrollar esta idea grandilocuente, de ser los más europeos de América latina. Y los porteños nos acostumbramos a que sea naturalmente así.

Por eso a veces me causa fastidio que desde el kirchnerismo, que en cuanto a obras públicas y desarrollo de infraestructura básica fue el más geográficamente equitativo (el más "federal" diríamos) de todos los gobiernos de la historia argentina, se mantenga una estructura de pensamiento "autonomista" en el peor sentido, que es la impuesta en la reforma constitucional de 1994. Y es "en el peor sentido", porque justamente nadie llamó la atención (arteramente) de que ser autónomo era más caro que ser "federal".

Es todo parte de un mismo proceso de discusiones en las cuales será muy difícil convencer de que un sistema más equitativo debe contemplar que las clases medias paguen más y no menos. Sobre todo las clases medias porteñas.