Inflación núcleo y el núcleo del dilema inflacionario

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Se discute mucho sobre la dinámica de los precios de los bienes. Y es lógico, porque es algo que afecta demasiado la vida de las personas. Es lo que define nuestro segundo vínculo con lo material: el primero es la producción; el segundo, la apropiación de los bienes producidos, que en muchos casos son esenciales para la supervivencia. Por lo general, se usa el término inflación de forma genérica para rotular este tópico. Sobre este punto podría ser útil hacer algunas aclaraciones.

La inflación puede definirse como el aumento persistente y regular de todos los precios de la economía, en proporciones similares, durante un período determinado.

Acá ya tenemos un primer elemento a tener en cuenta: la inflación no es un hecho, sino un proceso, una continuidad de hechos. Los precios varían, si bien no de manera absolutamente sincrónica, más o menos armónicamente entre sí. Todos van aumentando a un ritmo similar, en los mismos porcentajes. Y estos aumentos abarcan un período determinado.

Agreguemos algo que por lo general se pierde de vista: el salario es también uno de esos precios que varían al alza. Es el precio de venta de la fuerza de trabajo por parte del trabajador. De manera tal que, en un proceso inflacionario, los precios de los bienes y los salarios aumentan más o menos proporcionalmente. En términos teóricos, si tenemos inflación, la llamada “carrera entre precios y salarios” es, si bien irregular, también pareja. Por momentos sacan ventaja los precios de algunos bienes, después se acomodan otros; por momentos, el salario se recompone y hasta sobrepasa el nivel de precios, etc. Pero de punta a punta del período, el poder adquisitivo del salario –medido en cantidad de bienes que se pueden comprar con él– termina siendo aproximadamente el mismo.

La inflación, entonces, en la teoría, es un fenómeno nominal, no real. Cambia la nominación del valor de lo que compro y de lo que cobro. Pero en términos reales, mi sueldo equivale siempre a la misma cantidad de productos. Claro que en la práctica las cosas no siempre son como en la teoría, porque intervienen muchos otros factores. Por ejemplo, si la inflación viene mostrando una inercia que la ubica en 25% anual, y en un hecho puntual un producto como el tomate, debido a algún factor climático, ve declinar su oferta, y como consecuencia su precio aumenta 70%, no estamos en este caso ante una variación propia del proceso inflacionario, sino que nos encontramos ante una corrección de precios relativos –como le gusta decir a Alfonso Prat Gay–. ¿Por qué?

En realidad, lo que ocurre allí es que aumenta el valor del tomate en relación a los de los otros bienes y servicios. Su precio relativo, por ende, pasa a ser mayor, ya que se trata de un bien más escaso que antes y por lo tanto más deseable por sus habituales consumidores. Cuando el clima se normaliza, la cosecha de tomate también; se conforma una oferta robusta, y el precio vuelve a su nivel natural, ya que desciende a su estatura habitual el valor mismo del bien.

Las actuales autoridades, para marcar esta diferencia sin que se note demasiado la verdadera naturaleza de los hechos y sus consecuencias, recurren ahora al concepto “inflación núcleo”.

Se refieren exactamente a lo que es en realidad inflación pura. Es decir, los cambios de precios armónicos, producto sólo de un fenómeno nominal. Los despojan, en este concepto, de los aumentos que se producen por decisiones puntuales de las autoridades económicas (quita de retenciones o de subsidios), que son los que afectan decisivamente el poder adquisitivo del salario. Es por este motivo que Prat Gay señaló en algún momento, con razón, que lo que estaba ocurriendo, más que una aceleración de la inflación, era una corrección de precios relativos.

Precios como los de la carne, el pan, la leche, los alimentos en general, la luz, el gas, el agua, el transporte, los combustibles, sufren, desde hace seis meses, aumentos adicionales, propios de la eliminación de las barreras que los mantenían contenidos (subsidios, congelamientos, controles de precios, retenciones, ancla cambiaria). Eso compone el famoso “sinceramiento” de precios.

Al salario, lamentablemente, no le ha tocado una corrección semejante. De manera que se pierde poder adquisitivo, no por la inflación, ni por la “inflación núcleo” ni por la dinámica nominal de los precios, sino por decisiones económicas puntuales que provocan aumentos reales de determinados bienes, de una sola vez, que no serán equiparados por los otros precios.

La corrección de precios relativos es lo que afecta al salario realmente. Ya que “sinceran” que el precio del pan estaba demasiado bajo en relación a los sueldos de los panaderos. Entonces, mientras el primero aumenta 80%, el segundo lo hará sólo en 30%. El Gobierno puede atribuirle a la gestión anterior la inercia inflacionaria –hace al menos siete u ocho años que tenemos inflación superior al 20% anual–. El tema es que esa inercia inflacionaria daría, en el peor de los casos, un empate del salario con los precios de una canasta de productos más o menos esencial.

Sin embargo, la corrección de precios relativos –que se da puramente por decisión política del actual gobierno– tiene como finalidad devaluar el salario en relación a los precios de los otros bienes. Es muy probable que, si resulta exitosa, esta corrección de precios relativos termine por disminuir drásticamente la inflación. En ese momento, la “buena” noticia será que, con el correr del tiempo, se iría eliminando la variación constante de precios… y también la de los salarios.

La noticia mala será que esto se logrará gracias a una elevación importante (por única vez) del nivel de precios. O sea, una devaluación del salario en relación a los bienes y servicios que compra.

Sincerar precios de esta manera equivale a decir que se los ubica en el nivel que les corresponde, lejos de las intervenciones artificiales que los volvían más accesibles para el público promedio. Convencernos, finalmente, de que vivíamos en una ficción en la cual las cosas costaban más baratas de lo que debían. ¿Según quién? Bueno, según el que gana plata produciéndolas y comercializándolas. Como alguien ligado al gobierno nacional dijo por ahí, somos en realidad más pobres de lo que nos hicieron creer en doce años de –así le llaman– ficción.

Y hasta tal vez esperan que nos sintamos agradecidos por este baño de sinceridad.

Dólar futuro: el chancho y los dueños

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Finalmente se supo que los famosos contratos de dólar a futuro, que según el juez Claudio Bonadío podrían haber constituido un delito en el marco de una asociación ilícita, habían sido suscriptos por personas ajenas al kirchnerismo; y en más que muchos casos, vinculadas al PRO.

Esto no tiene más interés que el despertado por la causa inventada por Bonadío, que pretendió criminalizar el uso de una herramienta de política monetaria y cambiaria.

El tiempo verbal pasado a la hora de hablar de la causa es por la casi certeza de que la misma va camino a extinguirse, debido a que el único sostén que tenía era político (surge además de una denuncia de Mario Negri y Federico Pinedo, legisladores nacionales de Cambiemos).

Conocer la lista de quienes ganaron con la maniobra del BCRA termina quitando del medio el móvil fundamental que motorizara la investigación: la asociación ilícita no cierra si los que ganaron con la operatoria no tienen ningún vínculo con los que decidieron aplicar la herramienta. 

Los contratos de dólar a futuro son instrumentos muy utilizados por los bancos centrales de todo el mundo como medio de intervención en el mercado cambiario a través del ejercicio de la política monetaria. Sirven para que el Banco Central le dé al mercado algún indicio de cómo seguirá administrando el tipo de cambio, y qué criterios usará en materia de expansión o contracción monetaria.

En el caso puntual de los contratos cuestionados, lo que decidió el ex presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, es fácil de explicar: identificó una demanda de dólares más importante que la que la entidad estaba dispuesta a afrontar mediante la venta de reservas. Esta demanda, si no se compensaba con oferta pareja, derivaría en una devaluación del tipo de cambio. Entonces, les ofreció a los potenciales compradores de dólares (a los que lo hacen en grandes cantidades) unos papeles sucedáneos del dólar, que actuarían como seguro de cambio. Es decir, los compraban a alrededor de 10 pesos, y a su vencimiento (en marzo) el Banco Central les aseguraba el cobro de esa suma más la diferencia con la cotización del dólar oficial de ese momento. De esa forma se descomprimía la demanda de dólares y se alejaban temporalmente las presiones devaluatorias. Al menos en teoría. 

Lo que motivó la denuncia fue una comparación caprichosa. El dólar a futuro que vendía Vanoli cotizaba por debajo de los contratos que entre privados se celebraban en Nueva York, y era bastante menor al precio del contado con liquidación, que es un tipo de cambio financiero –el que pagan las empresas para fugar dólares del país legalmente–. Lo cierto es que si Vanoli hubiera debido ofrecer dólar a futuro a alguna de las cotizaciones de algunos de los dólares financieros que determina el mercado, estos contratos, como herramienta de intervención cambiaria, se habrían visto muy limitados. Justamente, a mayor autonomía del BCRA respecto del mercado para fijar valores, más efectivas pueden ser sus intervenciones.

La operación le reportó finalmente al Banco Central pérdidas por 70 mil millones de pesos, aproximadamente. Porque, al momento del vencimiento de los contratos, el dólar ya no estaba a 10 pesos, sino a alrededor de 16. Y hubo que pagar esa diferencia.

Ahora bien, es muy evidente que para que la operatoria fuese ruinosa era estrictamente necesario el concurso de la devaluación del tipo de cambio oficial, cosa que se encontraba fuera del alcance de Vanoli después del 10 de diciembre de 2015. Si el dólar en marzo de 2016 hubiese valido 10 pesos, no habría habido tales pérdidas. Es decir, la decisión de salir apresuradamente del cepo cambiario fue condición sine qua non para el quebranto con los contratos de dólar a futuro, y para que quienes habían comprado estos contratos ganaran plata con ellos. Por ejemplo, el papá del Presidente; o actuales funcionarios, como Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, entre otros.

Y convengamos que, así como podía preverse que la salida abrupta del cepo derivaría en una unificación del tipo de cambio a un valor bastante más alto que 10 pesos, era bastante polémico que tal salida se hiciese en forma de shock y no, como sostenían por ejemplo los economistas del massismo, de modo gradual. De haberse salido por etapas de los controles cambiarios llamados cepo, tal vez se llegaba a marzo con un dólar de 11 o 12 pesos; y, por ende, las pérdidas del Central, y las ganancias de los compradores de contratos, habrían sido más módicas. Así que la cuestión dependía bastante de las decisiones que tomaran quienes sí tenían vínculos con los ganadores de la operación. 

Independientemente de que uno tome partido por la devaluación brusca, o bien por la gradual, lo que no se puede negar es que se trató de una decisión voluntaria, tomada en pleno uso de las facultades gubernativas, con alternativas al alcance de la mano, y que tuvo consecuencias muy previsibles, tanto en términos generales como en el caso específico de estos contratos. En un contexto en el que, casualmente, varias personas ligadas al PRO podían hacer excelentes ganancias a partir de esta decisión.

Pero hay un factor más escabroso, todavía. Y es que, a partir del pago de dichos contratos, el dólar empezó a bajar, ubicándose hoy unos 50 centavos arriba de los 14 pesos, aproximadamente.

En definitiva, por más que diga lo contrario, la gestión macrista decidió premiar a quienes especularon con la suba del tipo de cambio. Concediéndosela, lisa y llanamente, acorde a lo que fuera promesa de campaña del actual presidente en el Coloquio de IDEA, cuando les dijo a los más grandes empresarios del país que durante su mandato el valor del dólar lo iban a poner ellos.

Otro detalle a observar es que para pagar los contratos de dólar a futuro el BCRA tiene que poner pesos. O sea, emitir moneda. Cosa que no concuerda con la intención de su actual conducción, que pretende aplicar una política monetaria contractiva, emitiendo menos y esterilizando la emisión a través del uso de Lebac, que pagan 38% de interés, y por lo tanto desincentivan a los bancos a prestarle al sector privado, al menos a tasas inferiores al 40% anual.

De esto puede dar testimonio cualquier persona de clase media que intenta refinanciar un saldo de tarjeta de crédito o que pide un préstamo personal para comprar algún bien durable.

Teniendo en cuenta esto, y que la operatoria contractiva con Lebac le representan al BCRA una pérdida potencial mucho mayor a la de los contratos de dólar a futuro, podemos sospechar de que se trata de una persecución ideológica por parte de los dueños de la política cambiaria y monetaria argentina en contra de alguien que intentó un camino distinto al de dejarse colocar el valor del dólar en el nivel “adecuado”, que sería el que les permite a los interesados ganar más plata.

Ninguna novedad, la legalidad es un hombre de paja tras el que subyacen disputas de poder.

La falacia del “endeudamiento, pero sólo para infraestructura”

A continuación, empezaremos a publicar por este medio aquellos artículos que salieron en ABC en línea. La idea es hacer un recorrido por los análisis sobre la economía en tiempos de Macri, con pronósticos, fallidos y de los otros, incluídos.
A partir de acá, el primero de esos artículos.

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El dinero tiene la característica innegable de ser el bien fungible por excelencia. Si alguien presta 300 pesos, no es necesario que la devolución se haga con los mismos billetes. Cualesquiera tres billetes de 100 pesos cumplirán la misma función: reemplazar los 300 pesos prestados y saldar de esa forma el contrato. El valor simbólico del billete es el que cuenta; físicamente, da lo mismo.

Esta pequeña introducción es, aunque no lo parezca, decisiva en cierta materia que llamaremos falacia del endeudamiento externo exclusivamente para realización de obras de infraestructura. Un tópico que, con el regreso al ciclo de endeudamiento propuesto por el gobierno nacional a partir de la resolución del diferendo buitre, está siendo muy usado: tomar deuda, pero solamente para obras de infraestructura.

La toma de deuda externa por parte de los países (la que se considera pública, a pesar de que en el tramo externo todo endeudamiento termina siendo tal; más adelante lo ampliaremos) tiene un objetivo fundamental: lograr los llamados equilibrios macroeconómicos, que se basan, en primer término, en respaldar con divisas el funcionamiento de la economía doméstica. El volumen de deuda necesario se vincula, a través de un cálculo financiero, con la demanda de divisas existente en relación a la moneda doméstica circulante.

Toda toma de deuda externa, entonces, está pensada en base a la necesidad de hacer ingresar las divisas que –sumadas a las que entran por otras vías– garanticen la disponibilidad necesaria para satisfacer esa demanda. Es exactamente esto lo que los expertos (como las calificadoras de riesgo; o el certificador de deudores, que es el FMI) evalúan a la hora de señalarles a los mercados (que son por lo general entidades financieras que reúnen excedentes acumulados por clientes avaros que los quieren convertir en mayor riqueza todavía) a quién conviene prestarle y a quién no. Básicamente, en el fondo de todo este intrincado funcionamiento sistémico está la siguiente pregunta (que las calificadoras deben responderle al mundo de las finanzas): ¿nos vamos a poder llevar la nuestra en cuanto queramos? ¿Nuestros clientes podrán remitir utilidades dolarizadas a sus casas matrices? ¿La tendrán disponible?

El equilibrio macroeconómico que importa a estos fines es el que permite mantener los flujos habituales por cuenta financiera. Que son, en definitiva, los que contribuyen a que ciertas regiones del mundo estén provistas de mayor capital y cuenten con la solvencia necesaria como para, por ejemplo, imponer su moneda como de circulación mundial. Digamos, ¿para qué necesitarían dólares todos los países del mundo, si no fuera para aceitar un proceso de circulación de bienes, servicios y fondos que –al final del ciclo– contribuye a la acumulación de excedentes de capital, representados financieramente en los índices de Wall Street? La imposición histórica de esos flujos como “naturales” es la base de la dominación global norteamericana.

Para ser claros: las obras de infraestructura en Argentina se pagan en pesos. Si la deuda es en dólares, no es solamente por la necesidad de obtener financiamiento para ellas. 

Es cierto que los volúmenes que se pueden conseguir en mercados extranjeros son mucho mayores a los de financiación local. Pero, de todas formas, es claro que hay otros motivos para la toma de deuda externa en dólares, incluso cuando sea sin perjuicio de que la obra se termine finalmente construyendo.

Supongamos un ejemplo para nada descabellado: se toma un crédito para determinada obra. Y en el ínterin se produce una corrida contra el peso (atribuida a los desequilibrios que se quiera), en la cual primero los mercados y después los particulares demanden dólares (y ninguna otra moneda, dato clave éste) para refugiar el poder adquisitivo de sus ahorros. La autoridad monetaria reaccionará, como es lógico, vendiendo dólares para calmar esa demanda coyuntural. Y entonces, por la fungibilidad del dinero de la que hablábamos, ¿quién podría decir que los dólares que se recibieron en préstamo son otros distintos de los que se vendieron para paliar la corrida? Justamente por esto mismo no sería igual que nos prestaran yuanes, y ni siquiera euros, a los cuales, en caso de recibirlos, correríamos rápidamente a convertirlos en dólares ante la eventualidad de tener que satisfacer demandas como la descripta. Porque lo que define qué moneda es preferible atesorar para los bancos centrales es la demanda, real o potencial.

De manera tal que importa menos cuáles obras de infraestructura se podrán hacer o no con la plata que se recibe en préstamo –o mejor dicho, con la que se emite con ese respaldo–, en tanto la función principal de ese dinero es consolidar la garantía de que se produzcan los habituales flujos por cuenta financiera. Que, dicho sea de paso, suelen terminar dando saldo negativo para los países del tercer mundo, aunque compensable con nueva deuda, que no se transformaría en impagable si sirviera para agrandar la base productiva por encima de los niveles de endeudamiento, cosa que suele ser anunciada al inicio de cada ciclo de endeudamiento pero que no ocurrió nunca en la historia de la humanidad. Ni seguramente nunca ocurra porque la naturaleza del endeudamiento es otra, y no el infantil win-win que suelen postular los acreedores.

Por eso, en una economía como la argentina, que tiene extranjerizadas muchas de sus palancas principales, cualquier ingreso de dólares se convierte en una potencial promesa de egresos posteriores. Todos los dólares que nos den, por la vía que sea, son pasibles de que nos los quieran cobrar en el futuro. A tal punto llega la cuestión que la distinción entre deuda pública y deuda privada (cuando hablamos de endeudamiento externo) es bastante difusa. 

Al ser los dólares un bien escaso, y (peor) su disponibilidad un factor exógeno para nuestra economía, la necesidad de obtenerlos por parte de un privado para pagar su deuda con un banco extranjero provoca indirectamente restricciones en el resto de los actores económicos. Las divisas que se usan para un fin no podrán usarse para otros. En tanto una empresa tenga que garantizarse dólares para devolver un crédito, ellos no estarán disponibles para comprar medicamentos que no se produzcan aquí.

El establecimiento de prioridades a la hora de asignar recursos podría paliar algunas consecuencias de esta situación, pero no todas. Cualquier deuda externa (pública o privada) es, en definitiva, de todos. Y por lo tanto, los Estados no deberían liberar a los privados a tomar la deuda que quisieran, ni tampoco arbitrar la apertura comercial y financiera que les permita recibir inversiones externas indiscriminadamente a través de sus operatorias en la bolsa de comercio, ya que ésa es otra fuente de endeudamiento encubierto. Lo dicho hasta aquí no tiene por objeto inculcar la extravagante idea de que es conveniente eliminar la deuda pública, que es una herramienta válida de política económica, pero sí remarcar la necesidad de entender de forma realista la naturaleza de la misma para ser conscientes de los riesgos que supone, aun cuando sean maquillados (¿quién puede negar que Argentina necesita importantes y urgentes obras de infraestructura?).

Y esta necesidad de llamar la atención se vuelve más patente cuando se vislumbran ciertas actitudes gubernamentales de las que se desprende una alta desaprensión por estos riesgos, y demasiada proclividad a los excesos en materia de endeudamiento.

Retenciones y agregado de valor

Todos los candidatos coinciden en que hay que eliminar retenciones, salvo para la soja, que de todos modos bajarían.
Tiene lógica.

Yo nunca creí que las retenciones fueran una herramienta meramente recaudatoria para que el tesoro contara con plata para gastar (efecto que también consiguen, pero que es a mi modo de ver el secundario, en el sentido de que es el más fácilmente neutralizable en caso de que falten).

Pero siempre me pareció más importante la función macroeconómica de las mismas.

Son en la práctica un tipo de cambio diferencial (más bajo) para los exportadores de materias primas. Son, entonces, un ordenador de incentivos y expectativas en el corazón del aparato productivo argentino, tan fértil para la producción de materias primas para alimentos.

Pero es lógico entonces que si los precios internacionales bajan (de 600 a 340 dólares en el caso de la tonelada de soja) se modifiquen con fines contrarios los mecanismos para que los vaivenes en esos precios no impacten internamente.
Digamos, cuando los precios están altos las retenciones suben con el objetivo de emparejar las competitividades con otras actividades, cosa que no ocurre ante un alza exógena de precios, que si se traslada al mercado interno modifica toda la estructura de precios y costos y dirige los recursos de inversión de una manera concentrada a las actividades beneficiadas con dicho aumento de precios.
Pero en caso de una baja tan drástica como la actual, y ante la necesidad de conseguir los dólares que dicha exportación puede aportar, bajar las retenciones (o eliminarlas) es incentivar esas exportaciones a partir de mejorar las tasas de retorno de la inversión.

Ahora, lo curioso es que los candidatos defiendan estos ajustes a las rentabilidades, estructuras de costos y precios de las actividades productivas y al mismo tiempo propongan la "solución" a los males argentinos de agregar valor a dichas materias primas en origen.
Muchachos, subir el precio de las materias primas no es la mejor forma de incentivar su industrialización en origen, sino todo lo contrario. Al menos en principio, y en el corto-mediano plazo.

Aunque se apliquen otras políticas tendientes a mejorar las condiciones de competitividad de los postulantes a agregar valor, la suba de los precios de estas materias primas es una medida que empuja bastante fuerte para el otro lado.
Y que promoverá una suba de precios de los alimentos en nuestro mercado interno por encima de los índices de inflación (que es una especie de promedio de precios, incluido entre estos el salario).
Y ahora los dejo, con más fe, optimismo y esperanza que nunca.

En definitiva, ojalá que el domingo gane el mejor, que en la democracia es (y aquí caemos concientemente en una petición de principios) el que saca más votos.

ANSeS

Diego Bossio es una de esas personas cuya presencia en la campaña sirve como plataforma para elevar la altura de los debates. Y dejar de lado por un rato el ida y vuelta de denuncias que ya nos tiene bastante hinchadas las pelotas, creo que a todos.

Uno de los temas que se abordó últimamente con algún énfasis es el de las jubilaciones. Que para el kirchnerismo (a diferencia de la oposición variada que prefiere entenderlo como un asunto aislado) forma parte de un conjunto de herramientas que componen el corpus de lo que se llama seguridad social.

Que aparte de jubilaciones y pensiones incluye las variadas asignaciones que intentan cubrir necesidades de alimentación, estudio y acceso a la tecnología para saldar la famosa brecha tecnológica, y que por lo tanto se mete de lleno en cuestiones de la economía que abarca las problemáticas del crecimiento y el desarrollo, entendidos como la ampliación de las bases productivas para generar empleo, y la innovación para mejorar los procesos, para que ese empleo sea de calidad.
Estando en el centro de la escena el trabajo como ordenador, se promueve atender las necesidades de la niñez para sentar las bases de una adultez apta para insertarse virtuosamente en ese proceso innovador desde lo productivo, y desde allí consolidar un flujo de ingresos que atienda las necesidades de la clase pasiva.
Ese criterio rige todas las decisiones de ANSeS, que apuntan a tener una participación activa en la economía argentina, tal vez como una de las instituciones estatales más importantes en este proceso, a falta de un banco de desarrollo, por ejemplo, que ANSeS, con su fondo de garantía de sustentabilidad a veces suple.

Hay 10 mil cualidades para destacar de los distintos programas desarrollados por ANSeS, que usa el FGS para abaratar costos de financiamiento (resignando parte de la renta financiera que podría obtener) pero con el criterio de fomentar el empleo, motivo por el cual recupera esa renta resignada como flujo de aportes, cosa que deriva en que el coeficiente con el cual se elabora la alícuota de actualización de jubilaciones según la ley de movilidad sea mayor, de manera que permita mejorar las todavía atrasadas jubilaciones.

Pero este es un punto a tener muy en cuenta, en base a las definiciones ideológicas de las políticas de ANSeS.
Uno de los temas que más se mencionan es el de las sentencias, como las va liquidando, el inicio de nuevos juicios por mala liquidación, etc.
Si bien desde la política de ANSeS se define claramente la intención de ir bajando paulatinamente los pasivos devengados de estos juicios, aumentando año a año las sentencias liquidadas e intentando eliminar las malas liquidaciones que derivan en nuevos juicios, hay que decir que muchas de las sentencias ya establecidas y de los juicios en curso derivan de lo que se conoció como caso Badaro.

No es momento de hacer un análisis profundo de qué comprende ese fallo de la corte, pero digamos que alude a la decisión de Néstor Kirchner de aumentar las paupérrimas jubilaciones mínimas (además de lanzar moratorias especiales para aumentar el universo de cobertura que el neoliberalismo menemista-radical había dejado muy maltrecho) muy por encima de las jubilaciones más altas. La Corte le dio la razón al planteo de discriminación efectuado por un jubilado que tenía una jubilación muy alta y obligó a ANSeS a liquidar un retroactivo millonario.

Por eso, los planteos de Bossio son muy correctos.
La gestión actual entiende el problema de las sentencias y aborda el asunto con el fin de resolverlo. Paulatinamente y sin comprometer financieramente a la ANSeS.
Pero pone como prioridad la ampliación de la cobertura, reconociendo de forma inédita la importancia del trabajo de las amas de casa en el entramado productivo de las sociedades, cosa que no podía dejarse sin reconocimiento jubilatorio, enfrentando además una etapa de reformulación del concepto de familia y de núcleo familiar, que la seguridad social no reconocía de esta manera hasta ahora y valorando el derecho de quienes perdieron sus empleos injustamente por la destrucción del aparato productivo operada a sabiendas y dolosamente por gobiernos que pusieron como prioridad garantizar la rentabilidad en dólares de aliados externos a costa de la bancarrota de la gran mayoría de los argentinos.
Esa es la prioridad: la ampliación del universo de cobertura. la recomposición de las jubilaciones mínimas.

Recién en segundo orden ingresa el objetivo de saldar las sentencias de los jubilados con ingresos un poco mejores.
Hay otros en cambio que se desgañitan pidiendo que ANSeS pague sus sentencias de golpe, vendiendo las acciones del FGS (planteo ideológicamente muy claro, que el estado no participe en las decisiones empresariales de rentabilidad, inversión y distribución de dividendos), cosa que además descapitalizaría fuertemente a ANSeS y generaría turbulencias en las cotizaciones (digamos, los vivos hacen lobby en favor de algunos amigos dispuestos a comprar acciones de empresas argentinas vendidas por ANSeS a precio de remate), y mientras piden todo esto, porque la prioridad es pagar las sentencias, hacen cálculos de cuántos puntos de PBI sería el déficit que le genera al Estado que la ANSeS pague jubilaciones a quienes "nunca aportaron". Es decir, pagar sentencias a los que ganan más que la mínima, y dejar de pagar un 60% aproximadamente de las jubilaciones mínimas, que son fruto de las distintas moratorias lanzadas.

Esas son discusiones interesantes, con todo respeto por la mesa de Necochea en la que los fiscales cuidaron los votos de Massa pero no los de Felipe, las fotos de Vidal pisando charcos o la lucha contra los embates tuiteros que le hacen campaña sucia a Scioli.

Pantriste y la irrelevancia de la segunda vuelta porteña

Lousteau se bajó de la segunda vuelta porteña. Ayer mismo. Mientras gritaba que no se bajaba, que los porteños habían decidido que haya balotaje.
Terminó el acto de cierre post-elecciones en el que nadie le dio crédito a que pueda imponer su supuesta voluntad de seguir, y mientras sus financistas hacían cuentas y concluían sin mucho esfuerzo que no vale la pena gastar guita en una elección que termina 65-35 en el más optimista de los casos, se fue a lo de Lanata, a decir que el electorado porteño le había dado la espalda a la forma de conducir de la presidenta, porque su candidato había sacado apenas un 22%, o sea 4 puntos menos que él, que hizo una elección fabulosa.

La soberbia de tal análisis puede atribuirse a varios factores.

El primero, una mala jugada de su subconsciente. En la intimidad de su subjetividad, Lousteau se quiere bajar. Y hace y dice cosas que van a contramano de su discurso consciente, que es supuestamente la expresión de su voluntad por ir a segunda vuelta.
El segundo, una mala administración de la extravagante ingeniería electoral que lo coloca como contrincante en la ciudad de los tipos con los que va a coincidir dentro de dos meses en el ámbito nacional.
Carrió entendió, cuando aparecieron las denuncias contra la banda de Yacobitti, las menciones a Nosciglia y el episodio del narco asesor de Ferraro, que no había que enojarse con el FPV sino con el PRO, si la intención era ganar la ciudad. Y le apuntó a Ritondo.
La desmintieron, porque la ciudad nunca les importó, más que para sacar un grupo de legisladores, cosa que ya está cumplida.
Es eso lo que pagaron Nosciglia y Yacobitti. Lousteau se cree que la plata la pusieron por él. Pero estos dos que se dedican al poder en serio la tienen clara: les conviene más cerrar con el PRO que sostenerlo a Lousteau.

La cuestión que el pecho frío del candidato de ECO (armado que acaba de disolverse, ya que las opciones electorales que engendra el radicalismo no duran más que una elección) fue a lo de Lanata a criticar el liderazgo de Cristina. A refregarle al electorado, a ese 22% que necesitaría seducir si quiere competir en segunda vuelta, que les ganó porque su conducción es mala.
En lugar de hablar con Recalde y Tomada y ver qué parte del discurso que cautiva a ese 22% podía tomar y mecharlo con el suyo se desligó del asunto y dejó que sus operadores hablen con Macri, para bajarlo.
Lo van a hacer quedar como lo que en el fondo piensan que es.
Porque además, un tipo que para resguardar "su prestigio" a la primera de cambio negó a los que le pusieron la guita no hizo muchos méritos para ganarse el respeto de éstos. Que sin votos, tienen más poder de decisión que él, que supuestamente tiene los votos. Hartos están de usar de forros a jóvenes promesas. Y más cuando las jóvenes promesas se la creen.

Así las cosas, al electorado del FPV (ese escaso 22%, que al lado del 26% que sacó el amargo es nada) tiene ya discurso armado para abrir las gambas y dejarla correr.
Las internas ya se hicieron, y la gente decidió que el candidato más votado de ese espacio es Rodríguez Larreta. ¿Para qué repetirlas?

Distinto si nos seducís. Pero no te interesa, porque la esquizofrenia electoral hace que no puedas salir del anti-kirchnerismo visceral.
Y entonces mientras hablan de diálogo, consenso y demás pavadas, en su fuero íntimo desean un mundo ideal en el que ese 22% no exista, desaparezca, no haga falta incluirlo por ninguna vía.
Pero lo que pasa es que en ese "mundo de sueños" Lousteau es más irrelevante todavía. Es apenas un remedo afrancesado del PRO.
La única polarización posible era con el kirchnerismo. Y para lograrla a falta de un armado político, hicieron dos. Bueno, ya tuvieron demasiado.
Lousteau puede volver al mismo lugar de la mesita de luz, ahí donde se pone la cajita de Prime.

Polarización: subtrenmetrocleta vs. aviones

En la campaña electoral porteña, Recalde instaló exitosamente una discusión relativa a la administración del transporte público.
Dijo, con buen tino y realismo que el estado nacional pone anualmente la misma plata en Aerolíneas Argentinas, que la que pone el Gobierno de la Ciudad en el subte.

Las respuestas desde el (medio) gobierno de la ciudad (un poco) autónoma de Buenos Aires también fueron atinadas.
Ambos estados invierten en sendos transportes la suma de 3 mil millones de pesos anuales. Pero en el subte viaja anualmente una cantidad mucho mayor de pasajeros, con lo cual el subsidio o la inversión neta per capita es mucho menor en el subte que en el avión. Además, mientras el subte es un medio de transporte esencial para la movilidad urbana, digamos para que las personas lleguen a sus trabajos o a sus lugares de estudio o de atención médica, etc. el avión suele identificarse como un elemento suntuario. Como sea, el poder adquisitivo medio de los  pasajeros de subte es inferior al poder adquisitivo medio de los pasajeros de avión, lo cual hace en el imaginario que el subsidio sea visto como más justo en el caso del subte que en el caso del avión.

Un dato de color aportado por el ingeniero no practicante Mauricio Macri es que los argentinos subsidiamos (cada uno de nosotros) con 600 dólares anuales a cada argentino que viaja a Miami, con lo cual habría que concluir que la dictadura, después de ponerle palos en la rueda a los argentinos que quieren viajar al exterior, les hace un regalo fastuoso con la plata de los jubilados y el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores. Un claro caso de indignación capicúa.

Bueno, la sentencia del ingeniero no practicante es falaz. Porque es bastante probable que el déficit operativo de Aerolíneas no sea provocado por la ecuación de costos - ingresos que le imponen exclusivamente los viajes a Miami. Es dable pensar incluso que esa ruta sea bastante favorable para los números de la compañía, y que hasta con esos viajes se subsidie otras rutas menos rentables, pero a lo mejor consideradas necesarias desde la óptica de la conectividad nacional con lógica interprovincial (es decir, sin pasar por el centro obligatorio en que de facto y con prepotencia se convirtió la ciudad (un poco) autónoma de Buenos Aires por obra del mercado y la falta de incentivos para corregir esta anomalía por parte de las administraciones centrales que constituyen la tradición en la que tal vez inconscientemente el ingeniero no practicante se referencia).

Respecto de la justicia de ambos subsidios y la comparativa en la que atinó el (medio) gobierno porteño, hay también que hacer una salvedad.
Porque todo muy lindo con el subsidio para que a la gente le cueste menos viajar, salvo por un dato: los subtes están concesionados a una empresa privada, Metrovías S. A., del Grupo Roggio.

Digamos, la ciudad (un poco) autónoma de Buenos Aires elabora en virtud de lo que considera costos del transporte una tarifa hipotética que sería la de equilibrio (hablamos de un mercado no competitivo, sino monopólico, así que habría que ver cómo este monopolio perfecto es evaluado desde el gobierno de la ciudad, y si hacen los números bien o los inflan, pero bueno, ponele). Ese boleto "ideal" (para la empresa) es de 10 pesos y pico. Pero el gobierno decide ser bueno (con los pasajeros, pero también con la empresa) y mantenerlo fijo en 4,50 y poner casi 6 pesos por viaje para que la empresa vea garantizada su rentabilidad sin que el pasajero tenga que pagar la tarifa plena de su bolsillo.
Básicamente porque en caso de tener que hacerlo abandonaría el subte, haría colapsar el colectivo con carril exclusivo (bautizado pomposamente como Metrobus, lo cual constituye una confesión bastante peligrosa, porque Metro, en el mundo es el nombre con el que se conoce al subte, con lo cual el gobierno de la ciudad asume que en su imaginario el colectivo con carril exclusivo es no complementario sino alternativo al subte; y sí, es menos eficiente pero más barato), y esta migración provocada por el desequilibrio entre los precios de ambos transportes haría que el boleto de 10 pesos tampoco fuera rentable para la empresa, y la incentivaría a la desinversión sacando vagones, ampliando frecuencias y provocando una situación de atraso en las inversiones que en el caso de un subrepticio aumento de los pasajeros por un nuevo equilibrio de los precios generaría un impacto muy negativo por la imposibilidad de dar abasto, cosa que ocurrió con varios servicios públicos y bienes básicos a partir de 2003 después del desastre desinversor de los años 97-2002, de recesión y posterior depresión y la posterior meteórica reactivación.

Por todo lo cual, hay que decir que el subsidio que atinadamente paga el Gobierno de la Ciudad, a la par de favorecer a los pasajeros, le garantiza la rentabilidad a la empresa privada que administra el servicio, lo cual deriva del reconocimiento de incapacidad del gobierno porteño de hacerlo por sí mismo, por lo cual paga (los porteños pagamos) a una empresa  para que lo haga por nosotros. Si esta empresa fuera eliminada, sería eliminado el margen de rentabilidad y a lo mejor el precio de equilibrio hipotético del boleto sería más bajo también. Para pensar...
Pero digamos, los 3000 millones de pesos anuales que ponemos en el subte son en gran medida los honorarios de Roggio.

A lo cual habría que sumarle algo más.
Una sociedad anónima como la que controla Roggio o como las que administraron Aerolíneas durante bastante tiempo está compuesta por diversos accionistas. Así que uno de los costos a tener en cuenta, ya no porteños sino nacionales (cosa que a partir de ahora debería interesarle al ingeniero no practicante Mauricio Macri ya que quiere ser presidente, lo cual supone ser un jefe de gobierno pero de un lugar más grande)  es el de las utilidades, su dolarización y el reparto de dividendos. Porque las empresas privadas suelen dolarizar sus excedentes y remitirlos al exterior, lo cual supone una contradicción bastante importante entre la idea de acumulación de capital interna que supone la administración estatal de una compañía cualquiera y la administración privada, que supone una fuga de capitales que de algún modo es también un subsidio que todos los argentinos le damos al sistema financiero de los países del primer mundo. Ese costo (el más alto) no puede quedar afuera de la discusión, sino todo lo contrario: debe ser central.