Argentina, productor de alimentos

La situación cambiaria ha llevado a establecer un relato que busca cargar con culpabilidades cruzadas a distintos agentes del funcionamiento del esquema socioeconómico. Por un lado las deficientes políticas económicas, por otro lado, las maniobras especulativas de grupos poderosos.
En este último elemento sobresalen las acusaciones contra productores agropecuarios por no vender la soja que acumulan en silobolsas, pero también contra cerealeras, responsables de la liquidación de divisas fruto de la exportación.

Esto está más o menos asumido por todos, y lo que diferencia las versiones es el tono de la explicación. Mientras los productores sostienen que la no venta es una estrategia tendiente a resguardar capital en un contexto de licuación de activos monetarios y fortalecimiento de la valuación de las divisas en que se cotiza su mercancía, otros resaltan que esas conductas sustraen de la oferta las divisas necesarias como para que no se produzcan esas presiones por lo cual el efecto logrado sería la consecuencia de un comportamiento especulativo de parte de entidades con capacidad de infringir daños a la economía con la sola retracción de su accionar.

En cualquiera de los casos, está implícita la aceptación de que tanto la venta por parte de productores como la liquidación por parte de exportadores le devolvería solvencia al esquema cambiario actual. Toso quedaría solucionado mejorando las expectativas, más que la economía real, de algunos actores de peso.

Frente a esto, comenzó a hacerse ver una propuesta vaga de nueva intervención estatal en el mercado de comercialización de materias primas agropecuarias, que van desde la reedición de las Juntas de granos, o del IAPI, llegando a la estatización completa bajo monopolio estatal del comercio exterior.

La realidad muestra que se trata de cosas muy distintas, e incluso inconciliables. Y da la sensación de tratarse de reacciones espasmódicas para correr atrás de problemas que surgen de forma coyuntural, sin atacar las bases subyacentes que en potencia albergan estos problemas en situaciones críticas que se desatan básicamente por cuestiones de expectativas. De hecho, el gran problema de la economía argentina hoy surge de problemas en el manejo de las expectativas que se trasladan a la economía real a través de la modificación de las conductas individuales que provoca esa alteración de las expectativas, esa disociación de las mismas respecto de la situación presente (lo que decíamos: por qué los productores no venden, o por qué los tenedoresde los 120 mil millones de dólares fuera del sistema no los vuelcan al mismo).

El capitalismo actual es un sistema que está productivamente integrado de forma global, y que también tiene un grado muy alto de integración en la fase financiera, al tiempo que la economía productiva y los flujos financieros globales también tienen un nivel de amalgamamiento tan grande que los vuelve cuestiones básicamente indisolubles en los hechos prácticos. Modificaciones en uno de estos compartimentos teóricos, derivan en consecuencias para todos los otros.

Hecho este reconocimiento, pasamos al principal impedimento que encontramos en la economía nacional para la emergencia de visiones maximalistas: no hay sujeto social.
El funcionamiento de la economía argentina, y a su vez el nivel de vida y consumo, incluso de buena parte de su clase trabajadora está tan sumamente vinculado al grado de inserción de la Argentina en los procesos de circulación de flujos financieros globales, que las medidas de shock tendientes a modificar esa inserción terminan siendo resistidas por los mismos sujetos cuyos teóricos intereses se intenta salvaguardar. El error de diagnóstico es fabuloso.

Pensar, como Altamira, que la decisión de reconocer una indemnización a Repsol, pagar las sentencias negativas ante el CIADI o cancelar la deuda con el Club de Paris, pueda atarse como contracara y por ende manifestar una alternativa binaria de consulta a los "trabajadores" y los "jubilados" sobre qué prefieren: si pagar esos compromisos o aumentar sus salarios, es por lo menos una ingenuidad, pero a la vez asociada a una fantasía extravagante.

La salida lisa y llana de Argentina de los circuitos financieros (a los que hoy se vincula conflictivamente) no derivaría jamás en una mejora general de los niveles de vida y consumo de nuestras clases medias, trabajadoras y bajas, sino todo lo contrario. Las revoluciones socialistas se hicieron sobre la base de tremendas reducciones de salarios si los medimos en poder de compra a nivel mundial, y esto es una experiencia histórica innegable: los trabajadores de China, Cuba, Europa del Este y Corea del Norte sabrán muy bien que les tocó padecer una devaluación tremenda de la retribución del uso de su fuerza laboral, al punto que se los obligó a perder contacto absoluto con el mundo capitalista a fin de que no se dieran el lujo de desear aquello que no podrían consumir ni producir en una sociedad cuyas empresas productivas se hallaban bajo control obrero.
El comunismo fue el máximo devaluador de la historia de la humanidad.

Estas consideraciones apuradas tienen por objeto prevenirnos sobre determinadas soluciones mágicas que vienen de la mano de la enajenación absoluta respecto de lo que es la realidad cotidiana. Una Argentina sin inserción en los circuitos de flujo de bienes y dinero globales es una Argentina con faltante de combustibles, sin tecnología para mejorar su productividad, sin divisas para atesoramiento, con deficiencias de suministro energético, con deterioro en sus niveles de productividad, con probable prohibición lisa y llana de concretar viajes al exterior por parte de las clases medias y medias bajas, con faltantes de productos desde tornillos hasta medicamentos... Muchas de las cosas que parcialmente nos ocurren hoy, seguramente muy potenciadas.

Y en el caso del comercio exterior, hay algo parecido a esto en lo que podemos pensar. Parte de las divisas que las grandes cerealeras hoy nos pueden sustraer a través de triangulaciones, subfacturaciones o especulaciones variadas, y que la nacionalización del comercio exterior intentaría recuperar, podrían terminar faltándonos en otros conceptos, si la conformación de un monopolio estatal para el rubro se concreta: en falta de financiamiento para la incorporación de tecnología, en encarecimiento de los fletes marítimos y los seguros, en retracción de inversiones en tecnología que terminarían empeorando la productividad. En fin, digamos, la recuperación de 10 mil millones de dólares por un lado, te puede hacer perder otros tantos por otro.
Y digamos algo más, no hay un problema serio vinculado a la deficiente asignación que el mercado hace de los recursos que aporta la producción agropecuaria. El problema pasa por otro lado: por la obtención de divisas. Nacionalizar el comercio exterior aportaría más divisas? Mmmmm.
Aparte, más que constituirse en un incentivo para la venta para los productores que ahorran en soja, probablemente ocurriría lo contrario, y hasta dejarían de sembrar.

Por lo tanto, antes de tomar decisiones, repito, espasmódicas, es preciso evaluar concretamente qué se quiere lograr con las medidas a tomar.

Desde una visión de largo plazo, soy partidario absoluto de que el Estado participe en la economía, adaptándose todo lo posible a sus estructuras de funcionamiento. En el caso de la producción de materias primas para alimentos hay una necesidad imperiosa de considerar la actividad como estratégica para el desarrollo del país.

Pero en lugar de pensar en monopolizar, o en ficticias capturas de rentas para hacer no sé qué cosas, esto debería derivar en la conformación de una empresa estatal que integre verticalmente toda la cadena de alimentos, y que tenga el espíritu de intervenir en operaciones pero con el fin de alentar la producción, el agregado de valor y mejorar la estructura de costos. Necesitamos una empresa estatal de alimentos que se encargue de la producción, de la logística, que participe en el mercado exportador, que se capitalice con aportes de pequeños y medianos ahorristas, canalizando ahorros sueltos a la conformación de capital, que permita la participación en una parte importante de su capital accionario de cooperativas de productores, que desarrolle infraestructura para almacenamiento y transporte, que construya silos, administre terminales portuarias, tenga containers propios y compre barcos mercantes, que tenga una flota de transporte y centros de distribución para acercar alimentos a los centros de consumo, y que a partir de regular sus propios precios y sus márgenes de rentabilidad, pueda influir en la formación de los del resto de los operadores de los mismos mercados, una empresa que pueda hacer clasificación por calidad de granos,  que pueda brindarles estructura de cartelización a empresas chicas para sus compras de insumos de modo de acomodarles mejor los precios y por ende el acceso a los mismos, etc., etc., etc.
Una YPF de alimentos. Una sociedad anónima con control de la mayoría accionaria por parte del estado.
Algo muy distinto del IAPI, de la Junta Nacional de Granos, o del monopolio estatal sobre el comercio exterior.