Chevron

El anunciado acuerdo entre YPF y Chevron ya levantó bastante polvareda.

La cuestión, en realidad, empieza un poquito antes, con el decreto 929/2013, del Régimen de promoción de Inversiones para la explotación de hidrocarburos, al que accedí a través del Blog de Abel, en donde se encuentra varias entradas para leer sobre este tema, como ésta en la que Abel levanta un texto de Lucas Molinari.

En ese decreto se definen algunas cuestiones importantes:
La apertura de un régimen especial de promoción para la explotación de hidrocarburos no convencionales (shale gas, shale oil, tight gas, tight oil, tight sands y coal bed methane -capas de carbón-). La explotación de estos tipos de hidrocarburos, que se diferencian de los de yacimientos convencionales por el tipo de terreno en que se los encuentra y porque su explotación depende de la puesta en funcionamiento de tecnología específica y más costosa, está cuestionada por corrientes ambientalistas. Argentina cuenta en Neuquén (Vaca muerta) y el Golfo San Jorge con áreas de potencial riqueza para la producción de gas y petroleo de estas características. Primera cuestión: ambientalismo vs. obtención de hidrocarburos imprescindibles para el desarrollo económico en el marco del capitalismo y con el ritmo actual de expansión de las fuerzas productivas. El Gobierno tomó una decisión clara en este sentido. Y la primera línea de los cuestionamientos parece que se pasa con facilidad, debido a que no se encuentra demasiado eco de los planteos ambientalistas a nivel general.

Ese régimen especial dispone el otorgamiento de determinados beneficios a empresas que presenten planes de inversión (a aprobar por la autoridad de aplicación, que es esa comisión formada por Kicilof, Moreno y Cameron, creada el año pasado por decreto).
De allí se desprenden los beneficios. Para ello es necesario citar que la ley 26741 obliga a las empresas del sector a cumplir con el abastecimiento del mercado interno de manera prioritaria, para luego, en caso de que quede algún saldo, exportar (pagando retenciones). De lo cobrado por exportaciones rige la obligación de liquidarlo (cambiarlo por pesos) en el mercado único libre cambios en el plazo estipulado por ley.
En este caso especial, quienes aporten 1.000 millones de dólares para la producción de petroleo o gas no convencional, a partir del 5º año de iniciado el proyecto, podrán destinar exclusivamente al mercado externo (o sea, a exportación) hasta un 20% de lo producido. Sin necesidad de ingresar al país las divisas cobradas por esas ventas. Y sin pagar el proporcional de retenciones.
Es decir, de cada 100 litros de materia prima extraída de yacimientos no convencionales, 80 se deberán destinar a la producción interna de combustibles para consumo interno (o eventualmente exportar si quedan saldos, pero fuera de este régimen, es decir, pagando retenciones e ingresando las divisas).
En caso de que la producción no alcance para cubrir el abasto interno, ese 20% quedará afectado a la provisión del marcado interno, pero las empresas se reservarán el derecho a cobrar por ese producto el precio internacional sin retenciones, en pesos, con los cuales después podrán recurrir al mercado único libre de cambios a cambiarlos por dólares (en el contexto de hoy, a precio dólar subsidiado).

Si bien las ventajas en materia económica son considerables, visto de este modo no parece ser un regalo de nuestras riquezas al capital extranjero, sino la promesa de pago de un incentivo razonable para producir lo que de otra forma no podría producirse.
Digamos que ya en la ley 26741 se explicitaba claramente la garantía de participación en términos comerciales del sector público y el privado.
No entiendo tanto la sorpresa que pueda generar entonces este Régimen. Ni hablar los excesos enfervorizados de "chavismo" de gente como Pagni, que sin embargo en otro momento parece volver a las fuentes para preguntarse por qué no acceden a los beneficios los que inviertan 999 millones.
Me parece que este asunto termina siendo más un buen elemento que sirve para chicanear a un gobierno que hace abuso a veces de cierta retórica nacionalista, y que después en la práctica se acoge al pragmatismo, ingrediente necesario de la responsabilidad, que cuestión divisoria de aguas.

En este marco entra a tallar entonces el acuerdo YPF-Chevron, del cual no conozco demasiados detalles.
Sé, en primera medida, que el hecho de que se forme una "joint venture" entre la sociedad controlada por el estado, YPF, y una multinacional como Chevron, ya pone al estado en rol participativo y muestra la clara intención de potenciar a la empresa como tal.
Galluccio expresó de entrada su vocación por darle una impronta "moderna" a la empresa, y casi siempre fue citado como modelo el caso de Petrobras. No veo tampoco que entonces la decisión de asociar a YPF con una empresa multinacional para un proyecto determinado de inversión pueda asumirse con sorpresa. Estaba en los fundamentos mismos de la estatización del 51% de las acciones de YPF. Repito, el 51% de las acciones de la sociedad anónima YPF, que cotiza en bolsa no solo en Buenos Aires, también en Nueva York (y otros lugares), de la cual por ejemplo Repsol conserva un 7%, y hay otros tenedores como Slim, o los bancos que embargaron a Eskenazi por no pagar que cobran puntualmente cada vez que el directorio decide distribuir dividendos.

Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el decreto 929/2013 abre la posibilidad de que el régimen de incentivos sea aprovechado por otras empresas (cuyos proyectos tendrán que cumplir con los requisitos objetivos mencionados y aparte ser aprobados por el trío Cameron, Kicillof, Moreno), a lo mejor sin estar asociadas a YPF. Ese podría ser un punto interesante para la discusión. ¿No podría resguardarse una participación mínima en los proyectos a evaluar de la petrolera nacional o de alguna provincial del estado?

Volviendo al caso específico del acuerdo YPF-Chevron, del carácter que éste tenga depende que pueda presentarse algún elemento digno de discusión.
Por ejemplo, la cesión ante el pedido de la compañía de volver a resignar nuestra soberanía jurídica, sometiéndonos al arbitraje de litigios ante tribunales internacionales. Esto no está previsto en ninguno de los decretos ni leyes que afectan a las inversiones hidrocarburíferas, pero tampoco está prohibido por ninguna ley. Y puede definirse por convenio específico sin problemas.
Un tema para ver, teniendo en cuenta las serias dificultades a las que el país sigue sometido por la resignación de esta potestad en épocas pasadas.

Y el otro punto a observar, y que sí tiene que ver con la letra del decreto 929/2013 es que los beneficios emanados del régimen, en caso de asociación entre empresas, pueden distribuirse de la manera que las empresas acuerden entre sí.
No sé si sería tan grave, pero es bastante probable que en el caso YPF-Chevron, la empresa argentina termine garantizándole a Chevron que va a obtener la parte más suculenta de los beneficios (la disponibilidad plena de ese 20% exportable y exento de retenciones, que se transforma automáticamente en dólares que ni siquiera ingresan al país).