Canje

Yo sigo teniendo un gran cariño y respeto por Lucas Carrasco. Y no me voy a meter en discusiones que no me corresponden, ni me voy a hacer cargo de críticas que no me tienen como destinatario.
Pero en su actual rol opositor Lucas hace algunos planteos que por momentos me parecen exagerados.
Hoy leo:

Cristina "PODRÁN QUEDARSE CON LA FRAGATA PERO NO CON NUESTRA SOBERANÍA" 6 meses después les reabrió el canje, como los señores Buitres querían

Es una interpretación un poco parcial de lo que supone la apertura del canje, que sería "sine die" es decir, sin fecha de caducidad.
Digo que es parcial, porque el gobierno no está teniendo respecto de este asunto un viraje tan grande. Ni en las anteriores condiciones era el guardián inconmovible de la soberanía nacional ante la embestida de los capitales extranjeros y el establishment financiero internacional, ni hoy es el facilitador de ningún saqueo (más allá de los propios que tolera de buena gana y hasta pontifica el sistema capitalista).

Los "señores buitres" no son los destinatarios de ninguna decisión de apertura de canje. De hecho, rechazaron la posibilidad de ingresar en reiteradas ocasiones. De hecho, lo que podemos suponer, es que sí hayan ingresado parte de los bonos en default que fueron comprando a lo largo de los años, sobre todo en el canje de 2010. Con lo cual obtuvieron ganancias considerables en relación a la inversión que habían hecho para comprar el papel de lija que para esa época eran los bonos defaulteados, y con esas ganancias compensaron el gasto y la inmovilización de capital que les significaba mantenerse en litigio por otra parte considerable de bonos, con la esperanza de multiplicar varias veces la ganancia.

Pero ese círculo especulativo prácticamente ya está agotado. Los especuladores ya exprimieron las facilidades que el marco jurídico les otorga, y hoy puede llegar a cumplirse un ingreso al canje de un monto cercano a 2 puntos porcentuales más, es decir, pasar la aceptación del canje de deuda original del 93% al 95%. Eso como aspiración de máxima.

El punto central está dado sobre el cambio de jurisdicción que se les ofrece a los tenedores de bonos que ya habían ingresado al canje. Para que puedan cobrar sin riesgos de embargos. En total, se trata de tenencias considerables, por 28 mil millones de dólares.
Creería que a pesar de las evaluaciones técnicas respecto de costos, riesgos, etc., puede darse un canje significativo. No hay que olvidar que las operaciones de este tipo, y las tenencias de bonos, en muchos casos corresponden a entidades financieras, fondos de inversión, etc. que saben manejarse políticamente incluso, y que además tienen capacidad como para evaluar la oportunidad de comprar un bono con ley Nueva York con cotización ascendente en el corto plazo y declinante a futuro, para cambiarlo por otro de legislación local que pronto pueda recuperar valor. De hecho, el crecimiento en la cotización de los bonos con ley extranjera supongo que se estará dando por un incremento de la demanda de los mismos. O sea, gente que quiere comprar, aprovechando la buena disposición a vender que pueda generarse, para después canjearlos. Los "intermediarios" de las operaciones con bonos, además, suelen ofrecerles a los gobiernos garantía de éxito estimado, antes del lanzamiento. Saben que ellos pueden tener potestad plena sobre el manejo de determinados volúmenes.

Una cosa más que me queda por decir. Primero, estoy asombrado por la postura de Prat Gay. No lo tenía tan duramente crítico del funcionamiento del sistema financiero internacional ni tan partidario de que Argentina se aísle del mundo. Evidentemente fue cooptado por las fuerzas revolucionarias del comandante Tumini. De todos modos, endilgarle a Néstor Kirchner la decisión de emitir bonos bajo legislación Nueva York es una canallada. Porque los momentos en que Kirchner decidió aquello no eran óptimos para hacerse el valiente. Había que garantizar un ingreso masivo al canje. Y la quita que se ofrecía en capital, más la prolongación plazos de cobro era demasiado importante. De hecho, lo que más se mencionaba en ese entonces (como el mismo Kirchner lo dijo el mismo día del anuncio) era que la oferta, por mala, iba a tener baja aceptación. Ni imaginar si aparte se hubiera decidido cambiar la jurisdicción.

Porque eso es algo que también hay que decir: los bonos en default, canjeados en 2005 y 2010 y algunos permaneciendo hasta hoy como holdouts habían sido emitidos bajo legislación extranjera. Por eso los litigios son en el extranjero. No inventó nada Kirchner, digamos.
Pero es la vieja historia del kirchnerismo. Los que lo intentan correr por izquierda suelen detenerse en que Kirchner no fue capaz de tener actitudes más contestatarias en el pasado. Cuando los mismos que lo critican ni siquiera eran de izquierda, sino que incluso en aquel entonces, lo corrían por derecha.

Futbol para Todos en la nueva década

El costo estimado del programa Futbol para todos ronda los 1300 millones de pesos anuales (los subsidios para mantener los actuales precios de los boletos de transporte público en AMBA multiplican muchas veces esos valores -si tienen paciencia pueden verificar acá-).

Una cifra aproximada a esa estaría desembolsando el fisco este año para poder emitir por televisión abierta el total de los partidos de futbol de primera división, algunos del Nacional B y otros de la Copa Argentina.  Hay cierta dificultad en encontrar cifras precisas, debido a que si bien los ejercicios presupuestarios son anuales (de enero a diciembre), los gastos de FPT responden al calendario futbolístico, con temporadas que van de julio a junio, por lo cual si bien existe una previsión presupuestaria la misma está siempre sujeta a ajustes en la segunda mitad del año que van de acuerdo a los niveles de indexación nominal de la economía argentina. Es casi seguro que el programa FPT gozará en algún momento del año de alguna ampliación presupuestaria (no muy distinto de todos modos a lo que pasa con cualquier ítem del presupuesto, por decreto, en virtud de la vigencia de la Ley de emergencia económica que vence a fin de este año y cuya renovación promete traer algún acalorado debate en el congreso).

Esta cifra incluye las erogaciones en varios conceptos: la producción integral del programa, los salarios de los periodistas que componen el equipo, la producción de los spots publicitarios y el costo fundamental, los derechos de televisación que cobra la AFA y que distribuye con criterio coparticipativo a los clubes de las distintas categorías del futbol argentino. Este es un punto esencial: el dinero percibido por la venta de los derechos de televisación se distribuye entre todos los clubes directa e indirectamente afiliados a AFA, de la categoría que fueran (aunque quedan un poco relegadas las ligas del interior y sus torneos de ascenso al futbol de AFA: Argentinos A, B y C, no porque no cobran, sino porque cobran menos).

El Estado paga estos derechos a través de la Jefatura de Gabinete, en cuyo organigrama se encuentra dependiendo directamente del jefe de la cartera una unidad funcional que se encarga de la gestión de todo lo atinente al programa. Los recursos salen de rentas generales, de la parte que, una vez hecha la coparticipación primaria, se queda el Estado Nacional. Es decir, de la recaudación de impuestos.

En el origen de este tipo de erogaciones rige, aunque parezca mentira, un principio constitucional: el Gobierno está obligado a dar publicidad de sus acciones. 

A partir de esta obligación constitucional lógicamente con el paso del tiempo, la aplicación de tecnologías, el perfeccionamiento de las técnicas, la asimilación de modelos comunicativos del ámbito empresarial, se fue buscando también desde el sector público darle a la tarea una eficiencia mayor, incluso incorporando nuevas funcionalidades a la comunicación. Y obtener (y cómo que no?) un aunque sea módico rédito político.

Así, se llega fácilmente a percibir que la potencia comunicativa de la radio o la televisión brindan no sólo la posibilidad a los gobiernos de comunicar de manera auto-propagandística sus acciones, sino que permiten al estado incluso desarrollar con mayor eficiencia sus políticas, además de hacer un uso más eficiente de los recursos económicos. En algunos casos, la publicidad bien encarada puede redundar en ahorro de plata. No es solo propaganda, del mismo modo que la información vertida por medios de comunicación privados no puede considerarse tampoco como solamente “propaganda negativa”. En ambos casos, hay algo de eso, pero el alcance de la información difundida es mucho más amplio.

Pongamos el ejemplo de una política social ambiciosa como la asignación universal por hijo. Cuya idea era alcanzar con la cobertura de las asignaciones familiares a aquellas familias que padecen la desgracia de permanecer excluidas del ámbito laboral formal, ya sea con cabezas de familia desempleados o empleados pero no registrados. Esta estrategia equitativa en la percepción del beneficio de la asignación requiere de un estado activo, pero además con un aparato muy versátil que le permita tener llegada a lugares donde las condiciones de acceso no son las mejores, no en sentido físico solamente, sino en cuanto a la dificultad de acceso a la información requerida para identificar la existencia de posibles beneficiarios. Ante ese obstáculo inicial, la difusión pública de esta política puede promover que los potenciales beneficiarios adopten una postura activa y se acerquen ellos voluntariamente a las oficinas a postularse para el trámite con una buena parte de la información necesaria ya provista. Así, segundos de televisión pueden suplir semanas de trabajo.

De este modo, lo que era simple difusión de acciones de gobierno por obligación constitucional adquiere una complejidad mayor y pasa a formar parte decisiva en la implementación de políticas públicas.

Pero también la comunicación oficial tiene un justificativo muy importante cuando se señala por ejemplo cuáles son los montos erogados desde el estado nacional para la construcción de represas hidroeléctricas, escuelas, hospitales, viviendas, en subsidios al agro o a los servicios públicos, en incremento de haberes jubilatorios o para pagar los gastos de representación de la curia eclesiástica. Permite, por ejemplo, armar un esquemita práctico con el cual determinar si se podrían aumentar 50 pesos anuales las jubilaciones con la plata del futbol, o si sería razonable dejar sin ver partidos de futbol a los chaqueños, tucumanos, cordobeses, etc., para mejorar el transporte urbano de los porteños.

Esta “propaganda”, además, así como la “propaganda negativa” (la que señala implacablemente todas las cosas que no se hacen y que habría que hacer) son herramientas de una potencia insustituible en la formación política de ciudadanos que, gracias a una Constitución que en este aspecto se pensó con un criterio altamente participativo, tienen un poder de decisión muy grande en el acontecer político nacional. A diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, donde la no obligatoriedad del voto, por ejemplo, genera un desligamiento mayor de los ciudadanos respecto de la administración de las cuestiones públicas.

En este sentido, la necesidad de que el estado contrate segundos de televisión para poder valerse de todas estas herramientas, que a su vez son usufructuadas colectivamente, queda totalmente legitimada (se puede estar de acuerdo o no, pero tiene legitimidad).

Bueno, frente a eso, la idea de la cual surge FPT es muy buena. En vez de comprar minutos televisivos de manera fragmentaria a los distintos emisores privados, se compran los derechos de televisación de un producto altamente demandado, y con “rebote” garantizado. Esto es, todo lo que pasa en materia publicitaria en las tandas de FPT es ampliamente comentado en diversos medios de comunicación.

Esta reasignación de recursos, ahora percibidos por los clubes de futbol y ya no por los canales privados de televisión y las radios puede haber provocado algún enojo pasajero, algún énfasis patriótico de preocupación por el uso de los fondos públicos, principalmente de parte de aquellos que ya no cobran fondos públicos por un servicio que ya no dan, porque se encontró una forma superadora de contratarlo. Nada que no se pudiera arreglar con la restitución del derrotero original de los cheques. Y de la ineficiencia comunicativa.

Pero con el cambio de itinerario se matan dos pájaros de un tiro al darle, además, cierto aire económico a los clubes de futbol (asociaciones civiles sin fines de lucro), aumentando el canon, cosa que, atenta a su ecuación microeconómica, la empresa que compraba antes con exclusividad y sin competencia esos mismos derechos, consideraba inadecuada.

Fin de la nueva ecuación: mejores ingresos para los clubes, mejor potencia comunicativa para el estado, mayor grado de visibilidad de las acciones de gobierno, mejores posibilidades ciudadanas de conformarse como sujetos políticos.

El Estado (es cierto) paga por un producto (los derechos de televisación del futbol) más de lo que sugeriría la interacción de oferta y demanda. Pero cuál es el beneficio que se asegura con esa compra es también tema a analizar.

El futbol en el ámbito de la “cultura”.

Todos los presupuestos de los distintos estamentos estatales cuentan con la asignación de fondos a actividades de tipo cultural.

En general, lo que se entiende por cultura en este sentido son una serie de manifestaciones artísticas legitimadas como “culturales” en un proceso de interacción social, en el que, como siempre, los que más guita tienen pueden imponer mejores condiciones.

De este modo es que surge de manera incontrastable que un teatro monumental, con materiales e instalaciones que deben cumplir con estrictos requisitos técnicos y planteles muy grandes tenga garantizada la legitimidad de la mantención del mismo por parte del Estado (de la órbita nacional, provincial o municipal). Nadie duda que el Colón es “cultura” y que está muy bien gastada la plata que el estado municipal de Buenos Aires pone de la recaudación impositiva para tal fin.

A los partidos de futbol televisados les cuesta un poco más adquirir ese status. Porque aparentemente no tienen las cualidades edificantes del ballet y la música clásica. Al menos eso es lo que inculcan los consumidores de éstas disciplinas. Que han conseguido gran éxito en su tarea, al punto que la mantención con fondos públicos de espectáculos que hacen a su goce personal sea defendida férreamente incluso por personas incapaces de tolerar esas manifestaciones durante un plazo mayor a los 15 minutos. Digamos: si los hace dormir, entonces es “cultura”. Y por eso, como es “cultura” está bien que el estado pague. Sin ir más lejos, la película argentina ganadora del Oscar, dirigida y actuada por los “dirigentes opositores” Campanella y Darín, recibió fondos públicos a través del INCAA. Sin el escándalo que suscita, en cambio, que la productora de Andrea del Boca reciba fondos para desarrollar “productos culturales de exportación”. Bueno, el futbol ni siquiera goza en las consideraciones generales del atenuante de ser “cultura”. Injustamente, como es obvio. Por simples prejuicios de clase, históricos.

Ahora bien, si midiéramos en cantidad de beneficiarios el beneficio social que genera el dispendio de fondos públicos en sostener las distintas actividades culturales, artísticas o deportivas, el futbol ocuparía el primer lugar del ranking de mayor impacto de cada peso gastado. Es decir, cada billete que se pone en televisar futbol hace poner feliz a mucha más gente que cada billete puesto en solventar una filarmónica. Aún creyéndole a los cuestionables y limitadísimos datos de IBOPE.

Este contabilización democrática, si bien no puede ser la única utilizada a la hora de decidir en qué gastar, sería injusto que fuera dejada totalmente de lado. Más aún cuando se reclama a viva voz que sea ese mismo criterio el que se emplee exclusivamente en otros casos, en los cuales sería menos justificable emplearlo. Como por ejemplo, la publicidad en medios gráficos. Donde los diarios de mayor tirada se quejan abiertamente de que reciben subsidios proporcionalmente menores a los que reciben los de menor tirada.  Curiosa diferencia en el criterio de evaluación: en el arte y el deporte, cuanto a menos gente le gusta una disciplina más justificada está su financiación por parte del estado (tal vez porque de ese modo se garantiza la subsistencia de una actividad que por criterios mercantiles debería desaparecer); pero en el caso de los medios de comunicación, los más elegidos por el público deben ser además los que reciban mayores subsidios (o pauta publicitaria estatal). Absolutamente contradictorio. A tal punto que si no hubiera intereses pecuniarios instalados en el medio de estas disputas por la apropiación de fondos, casi sería inexplicable la diferencia. Pero que en este caso es entendible en virtud de que como sostenemos algunos cínicos de lejana inspiración marxista, primero está la propensión a satisfacer los deseos materiales y después las explicaciones, y aún la lógica.

Bueno, una vez ensayado este (extenso para estrada de blog, pero breve para análisis) panorama estamos en condiciones de pensar mejor si Futbol para Todos es parte de lo bueno que hay que mantener o parte de lo malo que habría que cambiar. Queda instalado el debate.

Fin de ciclo: la disputa por el ajuste

La insistencia discursiva sobre el ingreso en una etapa denominada "fin de ciclo" es omnipresente.
Aunque nadie puede garantizar que todos los que esbozan la profecía sean capaces de ponerse de acuerdo en los lineamientos generales que describirían el ciclo que indudablemente estaría terminando.

Las variantes son muchas.
Por mi parte, creo que en realidad el fin de ciclo está dado en la tendencia a la normalización del proceso de acumulación de capital, al final del proceso de irrupción de nuevos actores con ánimo de disputa en el seno de las facciones dominantes del capital, al reordenamiento de los flujos que el kirchnerismo revolvió para histeria de quienes acusan al proceso político abierto en 2003 de haber sido puro relato. Demasiado revulsivo para tratarse de un relato. Es que no solamente el poder político sino también los dueños del capital suelen ser gente sensible a los avatares literarios.

Se termina la guerra (metafórica), ganaron los buenos (en ejercicio vitalicio de su bondad), y la capitulación viene con exigencias.
En el terreno de lo macroeconómico hay que encarar "las correcciones".
Puesta en caja del gasto público, reordenamiento de los subsidios cruzados para volverlos al plano de invisibilidad que les otorga el orden jurídico (los subsidios son omnipresentes, entendidos como asignación de recursos dependientes de decisión política, pero si no pasan por una caja estatal y no se los vincula a ningún expediente cargado de documentos firmados por un funcionario, son aceptablemente tolerados), lo cual supone además corrección de desfasajes en ciertos precios como las tarifas de servicios públicos, moderación de las expectativas en materia de ingresos, y mayor previsibilidad en materia monetaria con tasas de interés que equilibren los agregados, de manera tal que se pueda operar una devaluación del tipo de cambio (sin ingresar en una espiralización inflacionaria) que signifique la transferencia de ingresos a lo Hood Robin que reponga una situación anterior a la dada por la "inexistente" modificación de la estructura de apropiación de la renta social que supuso esta década. Es decir, una simple corrección narrativa.
No sabemos si se salva el régimen estatal de jubilaciones, pero en una primera etapa esa página del relato no sería tan necesario corregirla, y como sabemos, tampoco sea cosa de confrontar tanto con todos los personajes de la historia al mismo tiempo. Queda la promesa, como hipótesis de máxima, de parte de los más fanáticos relatores de la normalización.

Pero hasta una crisis de deuda derivada del fallo a favor de los tenedores de deuda en default en EEUU podría incluso colaborar en la generación de un proto-caos que justifique la dureza literaria de las medidas.

A partir de allí, una vuelta a la apertura económica pre-crisis de 2009, con usufructo consagrado en las sagradas escrituras: el manual de Samuelson.

El tema pasa por definir quién lo hace (viene postergado desde 2007 el aggiornamiento de la narración).

Además hay tres elementos de otros campos que entran en el reparto de costos: la ley de medios y su inconstitucionalidad literaria, la reforma judicial y su insustancialidad, la reforma del mercado de capitales y su amenaza de omnisciencia narrativa.

Y un episodio secreto en que se define la suerte de algún paquete de negocios privados y la garantía de que tal secreto perdure como tal por algunos años.

La vida es así, y la aceptamos. Ahora, en este reacomodamiento de fichas del capitalismo argentino, cuyo sistema político no es más que un escenario en que se desarrolla la comedia, todos participan, todos juegan, todos cuentan su parte del relato. Los que ven el futuro también.

Los planteos que el sector bancario tiene para hacerle a la mandataria de Tina, mientras los habitantes de Argen piensan en Seychelles

Juan Curuchet, que hasta donde sé no tiene nada que ver con la familia de ciclistas tal vez más importante de la historia del deporte argentino, es vicepresidente del Banco Ciudad. Así que, a su modo, es también experto en bicicleta.

Y en lo que es una especie de respuesta a la presidenta y su llamado a discutir con los "titulares" presenta esta nota en el espacio cedido por La Nación, aunque no sabemos si gentil o comercialmente.

En principio me gustaría decir que hay una nueva demostración de cierta victoria cultural del kirchnerismo en algunos aspectos. Porque el vicepresidente de un banco parece quejarse amargamente de que los debates no se den en el seno de los ámbitos de representación política electoral, sino que la presidenta se preste a dialogar con las corporaciones. O sea, y desde mi visión, con los propaladores del lobby y no los transmisores.
Pero que en palabras del vicepresidente de un banco se plasme la queja por el lugar privilegiado que el poder político otorga en las discusiones a "las corporaciones", y se proponga un reemplazo por autoridades electas del poder legislativo, en un acto de blanqueo en cuanto a los vínculos de representación de intereses existentes entre dichas corporaciones y los bloques legislativos, ya es un paso importante. Aquí también la Nación crece.

De todas formas la lectura del planteo de los problemas que hace el señor Curuchet, debe resultar un balde agua fría para los habitantes más radicalizados de Argen. Porque el señor dice directamente que de las ganancias brutas del sector financiero, de $ 33.150 millones anuales, $ 11.360 millones fueron destinados al pago de impuesto a las ganancias. Con lo cual llegamos al descubrimiento de que la exención del impuesto a las ganancias para la renta financiera no significa que los bancos no pagan impuesto a las ganancias, que lo tributan como cualquier sociedad de cualquier sector productivo, comercial o de servicios en general.

Ahora bien, continúa nuestro amigo diciendo que las ganancias netas del año anterior entonces, fueron de $ 21.781 millones, un 24% del patrimonio neto de las entidades. Y deduce de aquí que apenas le están empatando a la inflación. Un cálculo traído de los pelos. Porque el porcentaje del patrimonio neto abarcado por las ganancias netas no es indicador del retorno de la inversión. Y porque no todo el patrimonio neto de un banco es financiero y no físico como dice el autor de la nota.

Después hace también algunas consideraciones respecto de si prestar a largo plazo a tasas negativas actuales (con altas probabilidades de transformarse en fuertemente positivas para más de la mitad de los años de duración de los créditos, pero bueno, ese riesgo no forma parte del menú que los bancos estarían dispuestos a aceptar, por lo cual terminan diciendo que no prestan a largo plazo porque los tomadores se desincentivan por las altas tasas de interés nominal)  es comprometedor para el futuro de los bancos, para lo cual solicita que se permitan los mecanismos de indexación en los contratos, por lo cual está pidiendo derogar definitivamente la ley de convertibilidad. Y eso que estaban en contra de la reforma que permitía no encajar reservas por el total de la base monetaria.

Y hace además una comparativa del volumen de crédito al sector privado como porcentaje del PBI entre Argentina y países como Chile o EEUU. Este también es un dato de interpretación polémica, porque la exposición al crédito de las familias que existe en algunos países lleva indefectiblemente a que ante la amenaza del mínimo corte en la cadena de pagos se deba destinar fuertes sumas del producto social al salvataje bancario como ocurrió sin ir más lejos en EEUU gracias a la ayudita que les dimos los países emergentes ya sea apreciando nominalmente (y realmente) nuestras monedas, ya sea absorbiendo la inflación de activos físicos. Claro, no todos los países del mundo cuentan con esclavos tan bondadosos como EEUU. En Europa sin ir más lejos, el trámite se volvió un poco más dificultoso y el desempleo en los países marginales todavía no alcanza para garantizar la estabilidad financiera de los bancos alemanes.

En definitiva, y sin irnos más por las ramas de lo que ya nos fuimos, el corolario es que mientras en Argen, una buena parte de la población piensa que el gobierno favorece aviesamente los intereses de los bancos, en Tina la cosa es más compleja, y los bancos putean porque no se les permite transitar un sendero de mayor estabilidad.
Cuando unamos los dos países, seguramente esta cuestión quedará saldada. A ver, pensemos a favor de quién.

Actualización automática de las asignaciones

El diputado Facundo Moyano (creo que todavía en el bloque del FPV) presentó un proyecto de ley que se propone la actualización automática de las asignaciones que paga la ANSeS a los trabajadores registrados, no registrados y desempleados (en rol principal la AUH, obviamente). Un cálculo numérico que emule el mecanismo ya empleado para la ley de movilidad jubilatoria que tan buenos resultados da (desde el punto de vista de quienes perciben esos haberes).

De paso aprovechamos para meter una cuña en otra discusión que se plantea de forma paralela en el Congreso (ámbito sofisticado de la campaña electoral, lo cual es altamente positivo). De prosperar la idea de modificar el impuesto a las ganancias, aún cuando se haga el experimento de "gravar la renta financiera", seguramente se plasmará una merma en lo recaudado por ese impuesto, lo cual derivará en que lo que se transfiere de esa suma a la cuenta de ANSeS merme también, de modo que uno de los resultados (hasta ahora no comentado por nadie) de tal cambio será que la actualización jubilatoria de marzo 2014 sea un poco más mezquina. No va a ser sustancial la diferencia, pero dada la forma en que se compone la caja de ANSeS y dada la existencia de un sistema jubilatorio de reparto como el actual, es imposible que las modificaciones que se hagan en el sistema tributario con el fin de aflojar la presión tributaria sobre segmentos medios y medios altos no repercuta negativamente en el modo en que se actualizan las jubilaciones. Todo tiene su precio. Mantener lo bueno y corregir lo malo, también.

Ahora bien, de esta información (el proyecto de Moyano de actualizar de forma automática los valores de las asignaciones) podemos derivar datos que son importantísimos a la hora de hacer balances sobre gestiones económicas y además encontrar cuáles son las decisiones trascendentes, estructurales, cuya modificación efectivamente determinarían un cambio de esquema definitivo.

Y llegamos entonces a lo sustancial.
Gracias a que el "payaso neoliberal" de Boudou y el "corrupto" de Néstor Kirchner tomaron la decisión de re-estatizar el sistema jubilatorio, eliminando el infame fraude histórico de las AFJP, hoy puede pensarse en mecanismos de transferencia impensados hasta entonces, incluso en su institucionalización legal, y en la instauración de un mecanismo de actualización automática, que entre otras cosas más importantes además dejará en ridículo un poco más todavía la fantástica idea de pagar el 82% móvil usando la plata del FGS hasta que se acabe y después vemos, tal sugería la ley votada por el Grupo A en el congreso, que la presidenta finalmente vetó.

De todas maneras, la idea de Moyano de calcular la actualización solamente tomando en cuenta el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), es decir, la evolución de los salarios de trabajadores formales, y al mismo tiempo mantener el mecanismo de que la asignación por hijo se financie con los rendimientos del FGS puede producir una especie de descalce, ya que no necesariamente los salarios van a incrementarse en igual proporción que los rendimientos de las inversiones que habían hecho las AFJP y administra hoy ANSeS, que se encuentran sujetas por ejemplo a las decisiones de los directorios de empresas como Clarín o Consultatio de distribuir o no dividendos, razón por la cual en la reciente ley de mercado de capitales se dio facultad a la CNV de interferir procesos de manifiesto perjuicio de los accionistas minoritarios, pero además está compuesto de títulos públicos (el Tesoro hasta ahora pagó puntualmente todas sus deudas) o el Procrear, por ejemplo, que no es tan rendidor desde el punto de vista financiero.

Pero en definitiva, saludamos la iniciativa del diputado Moyano como idea genérica, que viene a demostrar (hoy que la suerte parece echada) que estos 10 años de kirchnerismo hicieron cambiar muchas cosas en la Argentina. Por ejemplo, que nos demos el lujo de pensar el país, y empecemos justamente definiendo cuál es la mejor forma de gastar la que otros ya juntaron gracias a decisiones audaces, como la de arrebatar una masa de recursos embolsados por el sector financiero, como la de sacarle a las 20 empresas más importantes que cotizan en bolsa el usufructo directo y fraudulento del flujo de aportes jubilatorios, que recibían como inversión (pactando precios de las acciones siempre por encima del valor al que cotizaban después en el mercado secundario, lamentable "error" de cálculo) para la ampliación de su capital, a través de brokers que operaban con bancos de inversión extranjeros y que llenaban de mordidas (perdón, quise decir que cobraban comisiones por su gestión) las "jubilaciones futuras", en lo que era una de las transferencias de recursos más regresivas de las que se hayan ideado en la historia argentina.

Las importaciones y una potencial devaluación

Yo ya sé de qué lado estoy, pero no lo puedo decir

La restricción externa puede ser definida como la situación más o menos permanente en la que en una economía ingresan menos divisas de las necesarias para mantener los índices de crecimiento de acuerdo al patrón de acumulación dado.

Las divisas ingresan por varias vías: las ventas al exterior (exportación), la afluencia de turistas extranjeros, las inversiones financieras y productivas provenientes del exterior, la remisión de utilidades de empresas locales radicadas en el extranjero, la toma de crédito externo por parte del sector público o privado nacional.
Y egresan por otras vías paralelas: las compras al exterior (importación), la excursión de turistas argentinos al extranjero, la formación de capital en el exterior, la remesa de utilidades de empresas foráneas que operan en el país, el pago de crédito externo.

Para cada tramo, se puede esquematizar armando una balanza.
La balanza comercial da la diferencia entre exportaciones e importaciones.
Se puede calcular una balanza turística, restando lo que gastan los argentinos en el exterior a lo que consumen los extranjeros en el país.
Las remesas de utilidades cruzadas, más los pagos por servicios de comercio exterior termina por delinear una suerte de balanza que se conjuga con las anteriores en lo que se conoce como cuenta corriente.
Y finalmente con los créditos (tomados y repagados) y las inversiones cruzadas se arma la cuenta de capital o financiera.
Todos estos componentes dan la balanza de pagos, que se equilibra finalmente con las variaciones en las reservas internacionales del país. O sea, el resultado de todo esto da incremento de reservas si ingresan más dólares que los que egresan, y descenso en el nivel de las mismas si se da la cuenta contraria.

El patrón acumulativo que hoy tiene la Argentina indica que existe una incipiente restricción externa.
Ya que la única balanza en que Argentina es hoy netamente superavitaria es la comercial. En todo lo demás los resultados tienden a ser negativos o neutrales.
En algunos casos no es malo esto. Pensemos por ejemplo que es mejor en determinados contextos pagar más por los créditos vigentes que lo que se hace ingresar por nuevos créditos, porque indica que a futuro quedará mermada la vía de salida de dólares que es la deuda externa.

Pero dejando de lado la infinidad de consideraciones que puede hacerse, esta es la situación actual.

Cuando se produce una situación de restricción externa el tipo de cambio, o sea el valor de la moneda local y de los activos valuados en moneda local (como por ejemplo la fuerza de trabajo cuyo precio es el salario) con relación a la moneda que es unidad de cambio a nivel mundial, el dólar, tiende a ajustarse.
Una disminución del valor de la moneda local modifica el orden y cambia radicalmente todas las balanzas antes mencionadas.
El gobierno se niega a hacerlo.
Y prefiere ensayar restricciones de variados tipos que contienen parcialmente el egreso de divisas.

La que hoy nos ocupa es la restricción a las importaciones, que tiene por objeto mantener elevado el superávit de balanza comercial. No con el objetivo de que esto tenga efecto en las cuentas fiscales (una estupidez que suele leerse por ahí), sino por la sencillita y prístina cuestión de que los dólares que aporta a la economía la exportación se vayan lo menos posible por la vía de vuelta, que son las importaciones.

Así llegamos a la lógica queja del sector importador, que ve socavado su negocio.
Porque por vías administrativas se le limitan los ingresos de mercadería. En algunos casos se los encarece parcialmente, en otros directamente se los rechaza.
Los voceros del sector importador dicen algo que es muy cierto: más del 80% de lo que Argentina importa son bienes de capital o piezas (40%), bienes intermedios (20%)  y combustibles (12%). Solamente el 18% más o menos son bienes de consumo finales (el 8% son automóviles, en lo que es una actividad productiva donde la sustitución no es nada sencilla ya que los flujos de producción y venta se deciden corporativamente a nivel mundial).

Con este cuadro de situación lo que se quiere explicitar es la correcta idea de que el poco discriminado freno a las importaciones es un freno a los procesos productivos locales. Y que si se produce menos, también se exporta menos, y que entonces lo que se gana en divisas restringiendo importaciones se termina perdiendo al ceder exportaciones.

Fenómeno. Pero.
La palabra más mencionada en cualquier análisis con pretensiones de seriedad: pero.
La restricción externa nacional en su tramo de angostamiento del superávit comercial es claramente una consecuencia del crecimiento de la economía.
Lamentablemente, producir más y mejor y ponernos en condiciones de diversificar nuestras exportaciones agregándole valor a las mismas sólo es posible con un incremento previo en las importaciones.

Ahora bien, en este punto, la opción de permitir que la moneda se devalúe a antojo de los mercados es francamente peor. Porque a las empresas les saldría muy caro comprar bienes de capital, insumos, y pre-financiar esas compras contra activos devaluados.
Las trabas administrativas siempre son preferibles a la incapacidad de adquisición por precios elevados.
O sea, si se devalúa drásticamente el peso, las empresas argentinas menos que menos podrán valerse de equipos e insumos para la producción, adquiridos en el exterior.

Hay aquí entonces una fractura en los intereses de clase.
Lo que solicitan los importadores, veladamente, es un esquema en el que no sea la balanza comercial la que sostenga el ingreso de divisas, sino algunas variantes financieras, como la toma de crédito. Que inclina finalmente al mismo círculo vicioso de la dependencia del crédito que ya conocemos (si hoy, para pagar los vencimientos actuales necesitamos echar mano a las reservas del Banco central, cómo haríamos en situaciones de vencimientos mayores y sin tocar reservas? Refinanciando, o sea, pidiendo más plata; y como las empresas no podrán hacerlo será el estado el que asuma este "crowding out" al revés; la conocemos ya la historia esa en la que el interés compuesto decide cuántos chicos se quedan sin merienda en la escuela).

Ahora bien, resolver la restricción externa tomando crédito externo, sin devaluar (devaluar incluso aumentaría dramáticamente el costo del crédito, o sea que conjugar las dos cosas implicaría profundizar la restricción externa) es algo que no le gusta del todo al empresariado industrial, ya que no le resuelve la licuación de costos (baja de salarios medidos en dólares) que significa una devaluación. Le dicen ganar competitividad a esto, en clave "votable", pero es bajar sueldos lisa y llanamente.

Así que importadores que piden comerciar libremente y empresarios que pretenden ganar en competitividad, aunque desde lejos puede parecer que tienen intereses convergentes, en realidad promueven soluciones muy complejamente inversas a los desafíos que supone el desarrollo nacional.
Por supuesto, eligen pegarle por ambos flancos al gobierno.
Y el gobierno intenta una mediación (digamos, se pone en el medio de los trenes para que no choquen de frente).
Claro, probablemente estos dos bloques de poder preferirían que el gobierno mediara de otra forma: asumiendo los costos totales, devaluando y endeudándose, en lo que sería la misión más cortoplacista posible (aparte de resultar regresiva en materia distributiva ya que cargaría las pérdidas en los sectores asalariados o que perciben transferencias estatales para permitir mejorar a medida los márgenes de rentabilidad empresaria).

Otro dilema sobre el cual el Heredero no puede decir toda la verdad, porque viste cómo es esto, si quedo bien con aquel, se me enoja éste, y si digo lo que voy a hacer no me vota nadie, y el gobierno hará las cosas mal pero corregirlas no significará la felicidad para todos, simplemente porque no todos se benefician de las mismas correcciones.
Pero bueno, mientras tanto les propongo un sueño: no es exportadores o importadores. Es importadores Y exportadores.
Y después del 2015, cuando nos despertemos todos de este sueño tan lindo te digo quién paga la cuenta.

Después de las primarias

El "vasco", señalando su pauta ideal de incremento salarial

Pasaron las primarias.
La primera conclusión es que el oficialismo perdió, más allá de los números.
Para un extranjero, digamos español, podría resultar insólita esta conclusión, dado que el partido con despliegue nacional, presencia en todos los distritos y más cantidad de votos en la suma de todo el país es el Frente para la Victoria. Derrotado en varias provincias, pero a manos de estructuras políticas distintas.

Sin embargo los argentinos no podemos hacernos los europeos. Nuestros alineamientos son circunstanciales, los bloques legislativos y su composición son circunstanciales y las lealtades son circunstanciales. Y los contextos pesan mucho. Entonces para los radicales su elección puede ser auspiciosa, aunque es infinitamente más magra la cosecha de votos que la del FPV. Sin embargo, el oficialismo con estos resultados cede poder de un modo que le complica severamente la gestión de gobierno, la autonomía decisoria.
Es la realidad.

Por ahí sería necesario mantener la calma hasta que los resultados se confirmen en octubre. Vuelvo a decir como otras veces (a pesar de que en esta oportunidad hice un intento fallido) que no me caben a mí esas responsabilidades, y no tengo por qué cargar con mochilas no acordes a las nulas dignidades de que soy portador.
Hablo gratis, con todo lo bueno y todo lo malo que eso tiene.

El escenario de los próximos dos años será señalado por todos los analistas como de transición, casi seguramente. Habrá tensiones en cuanto a la gobernabilidad, se le pedirá al gobierno desde polos de poder político emergentes (con cierto anclaje en poderes fácticos, como todos) la capitulación en algunos temas en que el gobierno fue hasta acá especialmente tenaz. Un clásico, que para los habituados a interesarse en cuestiones políticas desnuda (y brinda la posibilidad de explicar con claridad a todo el mundo) la imbecilidad de los planteos sobre hegemonías y perpetuidades, creídos ingenuamente por las mayorías, usados con oportunismo por las minorías que juegan su partido en el reparto del poder.
Tal vez, no hay una instancia mejor que la actual para poner en claro la rusticidad de los análisis que se escuchan a veces, en boca incluso de expertos, que tienden a pensar en permanencias fácticamente imposibles. Ya pasó con algunos "monstruos" de nuestra historia reciente como el menemismo y el duhaldismo. Fantasmas eternos, de duración demasiado corta para cualquier historiador, de trascendencia testimonial.

El "kirchnerismo" puede preverse que correrá suerte similar. Y no hablo de cierto ideario que construyó algún tipo de agrupamiento y alineamiento político, en identificación simbólica y real con el "kirchnerismo". Eso seguramente seguirá estando, y será un factor de poder con (o contra) el cual operará el que tenga vocación de construir algo en la política argentina en los próximos años. Tal vez incluso haya una posibilidad de que se conforme algún espacio con vocación ganadora, capaz que más leal a ese ideario que lo que el kirchnerismo es. En el mejor de los casos (para quienes tienen este anhelo) nacerá el Urribarrismo. Pero nadie gobernará para Cristina después de 2015. Y nadie será el candidato de Cristina nunca más después de octubre.
Es necesario decirlo, creo, porque no estoy seguro de que esto que parece tan obvio para los habituados a pensar en política se vea con tanta claridad.

Ahora bien, la transición que previsiblemente se abrirá a partir de octubre, se verá cruzada por un elemento sustancial.
Reducir la nominalidad de la economía, que es la base de la inflación, que es la base de la pérdida de competitividad, que es la base de la amenaza de restricción externa, que es la base de las presiones devaluatorias y la fuga de "capitales" (vamos a decirle así).
Pero que es también la fuente de la que se nutren las mejoras en el poder adquisitivo de amplísimos sectores de la población (por magras e insuficientes que se las pueda caracterizar ahora, subidos a la ola de impunidad discursiva que brinda la victoria electoral).

La cuestión, que no fue saldada cuando se creía que lo sería (recordar la sintonía fina), queda pendiente: la lucha por el ascenso en la escala de consumo de los sectores más postergados frente a la lucha de los empresarios de nivel intermedio por recomponer sus márgenes de rentabilidad. Y la lucha de los sindicatos por usar el impuesto a las ganancias como factor aglutinador de los salarios medios y altos con los empresarios pymes.
Alguien tendrá que cumplir los compromisos tácitos que el estado burgués contrajo con la burguesía. Esto es: reducir subsidios y aumentar tarifas de servicios públicos, y bajarle el tono a la discusión salarial convenciendo que la pauta de aumento en paritarias deberá ser por un par de años menor a la inflación.

Y volvemos sobre un tema. El gobierno no quiso o no pudo hasta ahora llevar a cabo esta última tarea. Los aumentos salariales siguen superando la inflación informada por los privados. Pero puso en funcionamiento una herramienta absorbente de poder de compra salarial, que se convirtió en moderadora parcial de expectativas, y terminó por ser redistributiva al interior de la clase asalariada: el impuesto a las ganancias.
Está entonces esta herramienta para usarse en sentido inverso (y con redistribución regresiva al interior de la clase asalariada): aumentar el monto no imponible del impuesto a las ganancias severamente, de modo de compensar a los salarios medios y altos por la no percepción de incrementos salariales acordes a la inflación real. O sea, aspirar los bolsillos de los salarios más bajos, de los que reciben transferencias estatales, etc. sin tocar demasiado al sujeto de representación sindical (el asalariado medio y alto) que como decíamos, recibirá menor incremento salarial nominal (como todos, incluídos los jubilados, incluídos los beneficiarios de asignaciones), pero le dejarán de retener impuesto a las ganancias.

La hipótesis de bajar la inflación sin bajar la nominalidad del salario y de las transferencias estatales (asignaciones, jubilaciones, pensiones) no la tomamos en cuenta, por fácticamente imposible.

Bueno, entonces, la disputa de los próximos dos años entre los candidatos a la sucesión y Cristina, será esa. Quién se hace cargo de hacer el laburito.  Un tema que puede generar tensiones muy grandes. Veremos.

Un saludo y mis felicitaciones a algunos muchachos que estarán muy contentos por los resultados, en especial a Omar y Luciano.