domingo, 10 de noviembre de 2013

Autorreferencial


Cuarto y quinto párrafos: 
Pero el periodismo evolucionó. Ya avanzado el siglo XIX amplió y mucho su agenda temática y comenzó a transformarse en un negocio, y autónomo de la política. Y empezó, en el siglo XX, a ganar peso la información sobre la opinión. Los medios se vuelven masivos y las masas requieren información veraz sobre todo lo que acontece en todos los ámbitos. Hoy, en una sociedad espectacularizada, el mundo se conoce a través de los medios. 
En ese camino aparece la objetividad como exigencia de la sociedad a los medios. El periodismo de calidad se vuelve neutral: la opinión se recluye en columnas específicas y la información precisa, detallada pasa a ser lo preponderante. Con esos datos, el lector forma su propia visión de las cosas.

Antepenúltimo párrafo:

Pero en la compleja y desdichada Argentina las cosas no son tan así.
Hay un gobierno que no tolera el ejercicio de la libertad de prensa y que, desde hace años, ha declarado una guerra sin pudores ni pruritos contra el Grupo Clarín, principal conglomerado de medios independientes de la voluntad oficial del país. Las estrategias del kirchnerismo han sido y serán variadas y distintas, y hoy celebra la legitimación de la Corte Suprema de la ley de medios como una batalla ganada.
Corolario:
Es decir, medios que, como los del siglo XIX, sirven como arma arrojadiza de la política. También en eso, la Argentina involuciona penosamente. 

Marcelo Moreno, hoy en la sección Sociedad del diario Clarín, tal vez pidiendo que lo censuren o lo denuesten. No compartimos, reivindicamos su derecho al ejercicio periodístico en clave "sarmientina".

viernes, 8 de noviembre de 2013

Triple Play

En plena discusión sobre la ley de medios, y a partir de que el proyecto original no impedía que las prestadoras de servicios públicos fueran beneficiarias de concesión de licencias de servicios audiovisuales, se estableció una discusión respecto de las telefónicas.
El Gobierno terminó capitulando ante la embestida del bloque pino-lozanista, que condicionó su apoyo a que se modificara esta "concesión inaceptable" en favor de grupos monopólicos como eran Telefónica y Telecom (que finalmente terminaron casi siendo uno mismo).

La cosa tiene como telón de fondo la inevitable convergencia tecnológica. Sin abundar en precisiones técnicas, la verdad es que en la actualidad están dadas las condiciones para que una misma empresa pueda utilizar un soporte para brindar TV por cable, Internet y telefonía fija, con un ahorro de costos considerable, que en situación de competencia aceptable significaría también una disminución de precios al consumidor.

En un primer momento, lo que se pensaba en algunos espacios afines al gobierno (con correlato en oficinas gubernamentales) era el siguiente escenario: la ley de medios habilitaría a las telefónicas a dar servicios audiovisuales, es decir, ingresar al negocio del cable. Con eso, sumarían el tercer servicio (TV por cable) al menú que ya ofrecían: internet y telefonía. Este combo, llamado triple play en los glamorosos ámbitos donde se piensan los negocios, permitiría instalar la base para el crecimiento fructífero de diversos servicios amparados en la misma plataforma que incluso vinculen estos tres elementos que solamente por esta incapacidad de visualizar los cambios a futuro nos obstinamos en considerar cosas distintas.

El ingreso de las telefónicas (que por entonces eran las dos principales, pero también las  diversas firmas y cooperativas que operan a lo largo del país en zonas minúsculas y no muy apetecibles comercialmente) al negocio de la TV por cable significaría casi inmediatamente una paulatina desregulación de la red de telefonía fija. De hecho, empresas de cable como Telecentro y Cablevisión estaban prontas a ser autorizadas como beneficiarias de un rango de números telefónicos para empezar a ofrecer triple-play. Los de Cablevisión nunca se aprobaron.

El tema es que en medio del debate de la ley de medios, Clarín encontró un elemento que al progresismo le pudiera resultar interesante para pegarle por izquierda a la ley. Puso en discusión el monopolio de las telefónicas. Y encontró el canal adecuado para transmitirlo: la izquierda estúpida.
Por su parte el gobierno, urgido por la necesidad de alcanzar "consensos" concedió estúpidamente y sin debatir demasiado este pedido.
Y estúpidamente perdimos la posibilidad de estimular la convergencia tecnológica al tiempo que desregulábamos el negocio de la telefonía fija, fundiéndolo con el de internet y el de TV por cable.

El ingreso del enigmático fondo de inversión Fintech, socio minoritario de Cablevisión, en Telecom (cosa que por otro lado desconstruye el monopolio de hecho que se había instalado a partir de que Telefónica de España comprara la mayoría accionaria de Telecom Italia, con lo cual se quedaba con una buena parte de las acciones de Telecom Argentina) puede ser el incio de una serie de discusiones sobre este tema, nuevamente, pero ya sin el soporte que hubiera significado un colchón de leyes y resoluciones de los distintos estamentos estatales.
Una lástima que la realidad, que siempre se impone, nos agarre sin las mejores armas a mano.

jueves, 7 de noviembre de 2013

Vindicación del testaferro como paso intermedio a la desconcentración económica

Lucas Carrasco (cada tanto lo nombro, a ver si me recomienda y me hace subir las visitas del blog, cosa que me tiene muy preocupado desde siempre) publicó en estos días, uno de sus posteos en los que recomienda lecturas de artículos ajenos.
Esas recomendaciones vienen cada vez más conformadas con opiniones personales, de esas que Lucas sabe además condimentar con sus ocurrentes calificaciones, sus piruetas lógicas para encontrar siempre alguna dimensión adicional a la realidad, más allá de las tres habituales. Lucas es el anti-lugar común. Es un provocador, digo yo siguiendo a Tenembaum, baluarte indiscutible del lugar común. Raro que haya afinidad entre ellos.

Decía que Lucas escribió ese posteo, en el que comentó algo sobre la ley de medios y el plan de adecuación que presentó Clarín. Trajo a colación un estudio de Juan José Sebrelli sobre los Anchorena, de la década del 60, en el que aparentemente (desconozco ese trabajo) las sucesivas sucesiones post-mortem, las herencias y subdivisiones consiguientes, y los matrimonios (a los que se habrán agregado los divorcios a partir de los 80) incidieron de manera decisiva en la desconfiguración de un patrimonio familiar altamente concentrado.
A propósito de esto, puede seguramente establecerse un paralelo entre esta sucesión de eventos familiares y económicos, y lo que ocurrió en general con la oligarquía terrateniente desde Roca a nuestros días. Y hasta las conclusiones previsibles serían bastante compatibles con los datos que se manejan en la actualidad, que dan cuenta de una tenencia de la tierra no tan concentrada.
Es más, hoy por hoy, suele leerse estudios según los cuales, la novedosa forma organizativa surgida de los fideicomisos y los pooles de siembra dieron como resultado un grado de concentración mayor de la producción en ciertas regiones productivas, vía la conjunción de arrendamientos con capacidad de incorporación tecnológica revolucionaria en materia de productividad, que de la tradicional concentración de la propiedad.

En este sentido, el paralelo que a su vez traza Lucas con el plan de adecuación a la ley de medios de Clarín (y también de Vila-Manzano, por nombrar otro grupo empresario) es muy fecundo.
En un principio, la división en distintas unidades de negocios cuya titularidad sería asumida por familiares, allegados o ex-socios puede parecer una burla. El cacofónico AFSCA, sin embargo, ya en varias ocasiones remarcó la licitud de la operación. Y volvió a hacerlo en el caso de Clarín, lo cual es por lo menos auspicioso en materia de imparcialidad de la autoridad de aplicación, respecto de la disputa entre grupos económicos competidores. AFSCA no está para terciar en esa disputa de negocios, que en muchos aspectos también es lícita.

Sin embargo, no hay que perder de vista que la misión fundamental de una legislación anti-monopólica es justamente la de promover la división funcional de las distintas unidades de negocios, impedir el abarcamiento por una misma unidad de un negocio tanto en forma vertical como horizontal.
Y en ese sentido, el apellido del nuevo titular es un dato secundario (no prescindible, pero sí secundario).
Tengo además la idea de que la figura del "testaferro" es en algún punto límite inasible para cualquier accionar jurídico. Las conciencias son insondables.

Pero se me hace además que despotricar contra la proliferación de testaferros en medio de un proceso de separación de una sola organización en 6 unidades distintas, equivale al pecado de análisis político original de creer en la continuidad de los "ismos" creados a los fines literarios más allá de la supervivencia política de sus líderes. Para decirlo con ejemplos: Urribarri podrá ser el candidato kirchnerista para 2015. Pero en caso de ganar, al día siguiente se hace Urribarrista, del mismo modo que Néstor fue el candidato duhaldista en 2003.

Quiero decir que volviendo a lo que Lucas menciona sobre el estudio de Sebrelli, si bien no es serio creer que todo se reduce a ello, tampoco es recomendable subestimar el hecho de que la separación de unidades de negocios distintas en distintas estructuras organizativas pone un punto de inicio de menor concentración para que la dinámica misma de la economía opere las habituales fusiones, separaciones, absorciones, crecimientos, decrecimientos, liquidaciones, etc.

Y esto nos lleva a un corolario que es ignorado aparentemente. Las leyes antimonopólicas no pueden aspirar a crear situaciones estáticas.
La dinámica de la economía capitalista que antes mencionábamos tiene un sesgo marcado hacia el agrupamiento de intereses y la concentración de capital y la convergencia tecnológica. Cabalgar ese proceso, para permitir algunas de esas pulsiones, pero impidiendo otras exige una tarea de fiscalización constante, y una predisposición permanente a operar en el centro de un huracán conformado por fuerzas que se atraen mucho: el crecimiento y la concentración.

viernes, 1 de noviembre de 2013

El reordenamiento del mercado cambiario

El Gobierno emitirá BAADE por un valor de 1000 millones de dólares. Por cómo se dio el paso a partir del cual el BAADE dejó de ser un bono exclusivo para blanqueo para convertirse en un bono de deuda pública común y corriente, suponemos que los suscriptores ya habrán sido pre-seleccionados. Porque las negociaciones y los tanteos con los potenciales suscriptores, previamente elegidas por las autoridades de Economía, ya fueron hechas y probablemente se haya conseguido algún compromiso firme de parte de éstos.

En principio los Bulgheroni (Bridas) con 500 millones y las automotrices, con 300, serán los primeros en anotarse. Al parecer, estaríamos hablando de dólares que ingresan al sistema financiero argentino, computables en cuenta financiera, provenientes de aportes hechos por las casas matrices desde cuentas en el extranjero, mantenidos como resultados no asignados. Es decir, sería un ingreso neto de divisas para la Balanza de pagos.

La contrapartida está en el plano de las cuentas fiscales. En particular en lo que refiere a la contabilidad que lleva la Secretaría de financiamiento. Se amplía el stock de deuda del sector público no financiero en 1000 millones de dólares, con bonos nominados en esa moneda, y que devengan un interés razonable.
Digamos que en definitiva la operación viene a ser una especie de atajo para la toma de deuda en los mercados por parte del estado argentino, a partir de convencer a algunos acopiadores de excedentes en el período de crecimiento más prolongado de la economía argentina, para que vuelquen parte de los mismos (previamente fugados) al sistema financiero argentino.

Más allá del financiamiento dirigido hacia obras de infraestructura y desarrollos en materia energética (que si se puede hacer, no está de más, sino todo lo contrario), el verdadero motivo de todo esto es compensar parte de la pérdida de reservas del BCRA.

Que por su lado, a través de una circular les complicó los planes a las cerealeras. Que iban a suscribir BAADE en estos mismos términos, pero con fondos provenientes de crédito externo en concepto de prefinanciación de exportaciones. O sea, iban a adelantar liquidaciones de exportaciones, sustrayendo dólares de las liquidaciones futuras. El BCRA, con la sola prohibición de liquidar los BAADE suscriptos por esta vía, es decir, obligándolos a encajarlos les cortó el negocio (que desde acá ya habíamos caracterizado como exagerado). Al no poder vender los BAADE suscriptos, a precio de "blue" en el mercado secundario a establecerse según promesa de Moreno, las cerealeras se retiraron de la operación que les significaba una ganancia extraordinaria con garantía de suba del tipo de cambio futuro, pero encima liquidado hoy. Una brutalidad.
La pelea interna sin embargo continúa.

De todos modos, parece haber hoy más posibilidades de que sin desarmar el "cepo" (que consiste básicamente en prohibición de remisión de utilidades y de compra de dólares para atesoramiento) se flexibilice el acceso a dólares para turistas, pero a una cotización mucho mayor (10 pesos?), lo cual supondría un incentivo para turistas extranjeros de vender sus divisas en el mercado formal y no en el ilegal como hacen hoy, ya que si lo hicieran en el formal perderían la posibilidad de hacer rendir mejor sus dólares.
El resultado de todo esto debería ser: más liquidación de parte de turistas extranjeros en el país (o la misma, pero más cantidad en el mercado formal y no casi toda en el informal); menor demanda de paquetes turísticos de argentinos en el extranjero, y menor caudal de gastos y adelantos con tarjeta de argentinos en el exterior (al valor ganga de 7,20 por dólar; subsidio inaceptable).

O sea, finalmente significaría blanquear el desdoblamiento cambiario, para legalizarlo en lugar de que se imponga de facto, con lo cual se podría obtener alguno de los réditos que hoy monopolizan las cuevas. Pero unos 5000 millones de dólares más tarde.

martes, 29 de octubre de 2013

La ley de medios

Los efectos sobre la tenencia de activos van a ser mucho más limitados de lo esperado, al menos en un principio.
Porque Clarín no se va a desprender de parte de sus activos sin resistencia. Lo que se inicia ahora es un feroz proceso de negociación.
El cual no está exento de chicanas. Por el fuero Contencioso administrativo, Clarín puede iniciar acciones por el perjuicio patrimonial.
La presentación del plan de adecuación seguramente ameritará que AFSCA haga varias observaciones. Nada de lo que viene por ahí será fácil.

Ahora, por más que Clarín no se desprenda diligentemente de sus activos, no puede evitar que los mismos pierdan parte de su valor.
El hecho sagrado será interpretado libremente como un efecto de la aplicación de la ley de medios, que viene a corroborar algunos de los planteos que Clarín llevó a cabo durante el proceso: la deliberada afectación patrimonial.

Sin embargo, la lectura más plausible es otra: el mercado está descontando la confianza de los inversores en que el Grupo tenía un poder de lobby suficiente como para obtener un fallo más favorable, no tan duro. La pérdida de valor de las acciones de Clarín no es consecuencia de la futura aplicación de la ley de medios, sino de la fallida obstinación del grupo en negarse a cumplirla.
Ningún otro grupo económico de los presentados a la adecuación de forma voluntaria sufrió una caída en su cotización tan fenomenal como la que le espera a Clarín. La estrategia de inflación de activos mediante la pretendida influencia en la dirección de las decisiones institucionales se encontró con un inesperado límite. Y las consecuencias son considerables en el plano financiero.

Supongo que al menos una parte del directorio va a ser seriamente cuestionado a partir de ahora.

sábado, 26 de octubre de 2013

Braden o Chevron

A partir de una nota del diario neoyorquino New York Times, que fue aprovechada por algunos medios locales con un delay más propio de un tiempista que espera dar un "batacazo" en la agenda de plena campaña electoral (aunque al final sin mayor éxito, digamos) se instaló en ámbitos muy reducidos de discusión el debate sobre las supuestas cláusulas secretas del acuerdo YPF-Chevron.

Sin entrar en los detalles que trata apropiadamente Krakowiak en Página 12 de hoy, podemos sí dar una visión de cómo funcionó el circuito de divulgación de la no-noticia, que casi no despertó entusiasmo ni siquiera en los habituales operadores.

Lo que cabe decir es que el acuerdo YPF-Chevron es un asunto demasiado complicado como para tratarlo desde el consignismo de lo que es "nacional y popular" o de la "soberanía sobre nuestros recursos", o (visto desde el otro lado), con la pantomima de la "seguridad jurídica" o las "oportunidades de negocios".

En realidad, NYT me parece que trató de presentar una noticia que justificara o al menos aportara nuevos elementos de análisis a lo que en algunos nichos inversores de EEUU se ve como una locura: una inversión millonaria de una empresa norteamericana, en asociación con una empresa estatal, en un país "anti-mercado" que hoy por hoy tiene prohibida la remisión de utilidades, que encima implica una transferencia de tecnología desde la empresa privada a la empresa estatal que no cuenta con dicha tecnología, y donde las riquezas todavía no superan el status de lo potencial porque nadie está produciendo nada no convencional ahí.

Es decir, mientras acá algunos más radicalizados ven el acuerdo como una entrega lisa y llana, en Nueva York tratan de convencer a los fondos de inversión más buitrescos, más Tea Party, de que Chevron obtiene réditos de invertir en Vaca muerta, que no está subestimando el riesgo de la inversión y que no está cometiendo ninguna locura ni subsidiando a una proto-dictadura tercermundista populista y enemiga del american way of life.
Para decirlo claro, cada uno habla para su público.

En el medio se cruzan operaciones políticas  y mediáticas de los que quieren llevar agua para el molino propio (es lógico esto, pasa siempre y hasta es sano, lo que no sería sano es que se le diera más importancia que la que tiene, cosa que en este caso por fortuna no ocurrió), entremezclando las líneas discursivas entre emisores y receptores, en algunos casos con la mezquindad del que tiene una quintita muy chiquita que defender, como el señor Hadad (que...no era K?) y pasan estos "malos entendidos" que se propagan con la misma lógica del teléfono descompuesto, pero potenciados por los efectos de la comunicación en red y la "viralización".

O sea, podemos decir que el acuerdo con Chevron es parte del mismo "giro a la derecha" que el gobierno empezó a dar en mayo del 2003.

martes, 22 de octubre de 2013

Las recetas anti-inflacionarias y la metáfora de la fiebre y el termómetro

Principal enemigo del "giro a la derecha"
La inflación, como sabemos, es un flagelo tremendo.
Pero es también de alguna manera un vaso comunicante entre distintas clases sociales. Porque tiene efectos muy nocivos sobre la suerte de los pobres, aunque es una fuente de preocupación discursiva casi exclusivamente de los ricos.

Así, es común ver a señores multimillonarios y con grandes intereses de negocios en cuya representación suelen manifestarse, que hacen un alto en su actividad lobbystica para expresar su preocupación sobre un tema tan uritcante como éste.
A esta situación nos llevaron los kerner: a que personajes siniestros como Cristiano Ratazzi, Miguel Ángel Broda o Luis Betnaza, a quienes cobrarles un impuesto puede ser más difícil que afanarle una banana a un chimpancé, se desentiendan momentáneamente de su tarea y muestren una inédita preocupación por los efectos nocivos que el "impuesto inflacionario" tiene sobre el poder adquisitivo de los asalariados y los pobres (que por culpa de los kerner y los gobiernos anteriores, en un ítem en el que sí puede establecerse líneas de continuidad entre los "modelos", no siempre son lo mismo).

En este lapsus de altruísmo, no habitual en hombres de negocios, suelen éstos y otros personajes parecidos recurrir a metáforas. La economía es una ciencia que en su etapa divulgatoria hace proliferar las metáforas, tal vez como reminiscencia poética de personajes que quieren en su fuero íntimo que se los considere sensibles, a diferencia de la representación social que se ha hecho sobre ellos (los hombres de negocios y sus justificadores científicos, los economistas) de que son personas frías.
Así, desfilan la "frazada corta" (sustraída al periodismo deportivo), "la foto y la película" y también "la fiebre y el termómetro".

En este último caso es frecuente escuchar alocuciones como la siguiente: "para 2007 cuando al paciente le empezó a subir la fiebre, el gobierno, en lugar de intentar bajarla, decidió romper el termómetro, interviniendo el INDEC".

Pero lo curioso del caso es que dos frases más tarde, y ante la eventual pregunta de qué habría que hacer con la inflación, los mismos analistas deciden con tono de respuesta definitiva e indubitable: "lo primero es recuperar la credibilidad del INDEC".

O sea, la importante infección que estaría provocando, como síntoma, la suba de la fiebre, ante lo cual el gobierno decidió romper el termómetro, para ocultar el síntoma y por ende no atacar la infección que la causa, se solucionaria de manera muy sencilla.

Habría que hacer las previsiones presupuestarias necesarias para definir las partidas a utilizar en pos de conformar una delegación de notables expertos que determinen con carácter urgente la necesidad imperiosa de realizar una expedición en busca de una farmacia en la cual se decida la adquisición de manera impostergable de una herramienta de medición adecuada para la situación que impera.

De modo que la terrible infección desaparecería, al parecer, con la simple compra de un termómetro nuevo.
Me parece que detrás del festival de contratos de auditoría, revisión y desarrollos técnicos que supondría tal tarea nos están ocultando el verdadero tratamiento: la administración de importantes dosis de corticoide, única droga reconocida por la medicina oficial de occidente para combatir este tipo de infecciones.

Y da para pensar lo impresentable que será el tratamiento, como para que suene más dulce la promesa de instalar con fondos públicos un maxikiosco de usufructo pleno por parte de una corporación profesional.