El enojo de Moyano

Medidas del Gobierno que provocan el enojo de Moyano (y los trabajadores en su conjunto, obviamente; siempre fuimos todos moyanistas, psss):

1. Demorarse en la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias (que subirá próximamente en un 20%) y no anunciarlo con Moyano al lado para que éste obtenga parte del rédito político.

2. Demorarse en la suba de las asignaciones familiares (que se estima que subirán próximamente en un porcentaje similar), ídem anterior.

3. Pedir que los arreglos en paritarias no se pasen de +20% para bajar un poquito las expectativas inflacionarias.

4. No hacer ningún esfuerzo por que la justicia cajonee las causas de remedios adulterados y troqueles truchos.

5. Revisar (para recortar) la política de subsidios al gasoil para transportistas (que son cuentapropistas y patrones, no trabajadores en relación de dependencia, ejem).

6. No darle a los sindicalistas el manejo de los miles de millones de pesos que administra anualmente la APE.

7. Sacarle a Venegas el manejo del RENATRE y sus más de 1000 millones de pesos en aportes patronales, porque no fue capaz de evitar (seamos buenos) que haya trabajo esclavo en la actividad .

De todo esto, sobre lo único que los trabajadores (en general) podríamos discutir con énfasis es la guita de la APE, que por ser aportes descontados de los sueldos de los trabajadores, está bien que sean retenidos como reservas para programas especiales (tratamientos complejos, etc.), pero que al final del ejercicio podrían ser distribuidos entre las obras sociales con un criterio más laxo, en lugar de imputarse a otros gastos corrientes.

Hasta el pedido de moderación en paritarias es entendible, y sobre todo, negociable, porque no es una cifra despreciable un 20% cuando la inflación ronda el 22% y va desacelerándose. Esto ni es discutible para gremios como SMATA y UOM, que pueden bajar ese porcentaje más todavía y obtener unos puntos más en base a productividad, cosa que a los empresarios del sector los pone chochos porque los aumentos salariales con ese criterio no les afecta la competitividad.

En el resto de los gremios los elementos de negociación son variados. Las asignaciones (no sólo montos, sino topes), el mínimo de ganancias, que serían una forma de que el estado cubriera el margen de actualización de salario que el privado no podría cubrir (qué se le va a hacer, la acumulación de capital manda) aunque tampoco dramaticemos tanto porque hay una indexación mínima de 20% aproximadamente en todos los gastos del estado, pero también en los ingresos.

Está también la posibilidad de promover el blanqueo y la generación de empleo, como contrapartida de la actualización salarial moderada (sería largo de exponerlo completo, pero habría una punta como para suponer que ambas cosas en conjunto son más fáciles que sin el complemento de la moderación).

Y la otra cuestión es la del achatamiento (leve) de las pirámides salariales, diferenciando porcentajes de actualización por categorías. Que en épocas de achicamiento de márgenes distributivos sirve para que los ajustes sean progresivamente selectivos (ver sistema jubilatorio 2003-2007). Esto a los sindicatos no siempre les gusta, por el asunto del flujo de aportes a obras sociales y a sindicatos si correspondiere. Incluso algunos gremios están operando para incorporar en la representación a personal jerárquico (Bancarios, UOM, SMATA, etc.)

El tema se hace muy complejo si nos metemos en la diferenciación por actividad, debido a que los salarios más atrasados suelen ser de los sectores menos competitivos del entramado productivo. Lo mismo si miramos empresa por empresa.

Pero hay espacio para trabajar sobre otro aspecto. La moderación del reclamo trabajador en paritarias tiene la contrapartida de un posible incremento extraordinario de los márgenes de rentabilidad de ciertas empresas más competitivas (y grandes) de algunas actividades. Los arreglos de aumento por productividad podrían paliar esta situación parcialmente. También la participación en el reparto de utilidades.

Pero la palanca más firme está en la participación activa del Estado en los directorios de esas empresas y el control de la distribución de utilidades, sobre todo cuando predominan las remesas al exterior.

Pobreza, estadísticas, tipo de cambio (título demasiado pomposo para desarrollo tan cortito)

Ponemos a consideración de nuestros escasos lectores, que por lo general despotrican contra los bancos de inversión y las consultoras financieras, el extracto de un mail recibido en el cual se valora como corresponde el esfuerzo por lograr un mundo mejor que hacen estas entidades:

"...tampoco hay que creerse el verso de que el mundo de las estadísiticas es fantástico. La forma en que se confeccionan las estadísiticas, de cómo se decide medir, es ideológica. Por ejemplo, medir pobreza por nivel de ingreso. Si una familia cobra menos de 600 dólares es pobre. Y si cobra 601 ya no lo es.

Así, por ejemplo Brasil, cada vez que el Real aumenta un centavo en relación al dólar saca de la pobreza a millones de personas.

Que ni se enteran, y siguen sin agua, sin cloaca, sin gas natural, sin luz eléctrica a veces. Ni hablemos de teléfono, celular, Internet o pavimento. Pero “el ingreso de divisas para realizar inversiones en activos brasileros aprovechando la alta rentabilidad en dólares de los mismos incide en el mercado cambiario elevando la cotización del real”.

Y entonces el que tenía un ingreso de 1300 reales para mantener una familia de 4 personas, ahora cobra más de 600 dólares. Ya no es más pobre, evidentemente.

Ayer sí, pero hoy no. Gracias a las inversiones especulativas para maximizar ganancias arbitrando con las tasas de interés y las variaciones cambiarias. Muchas gracias señores del JP Morgan y la Goldman Sachs por sacar a tantos niños brasileros de la pobreza."

Para finalizar, no quisiéramos olvidarnos de Ben Bernanke (foto) y sus tasas de interés mínimas y sus políticas monetarias laxas con las cuales se financian los déficit públicos estadounidenses (y se elevan las cotizaciones de los commodities), sin cuya inestimable colaboración este milagro tercermundista no sería posible.

Autonomía "con recursos"

El artículo 75 de la Constitución nacional dice:

No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.

En este sentido, la Nación estaría obligada a facilitar los recursos, por ejemplo, en el caso de transferencia de las competencias sobre el transporte público.

Parece fácil de dilucidar el tema.

Sin embargo, es mucho más complejo.
La Ciudad de Buenos Aires (también por mandato constitucional y con acuerdo casi completo de los porteños) es autónoma. Según las constituciones Nacional y de la Ciudad.
La interferencia del concepto de autonomía plantea un problema político de difícil resolución.
La cuestión pasa porque las provincias, todas, son autónomas. Y las autonomías provinciales surgen de que su conformación política es preexistente a la conformación política del estado nacional. Esta preexistencia es sobre la cual se basa la autonomía.

De manera tal que la implantación de una autonomía nueva (en el caso de la ciudad de Buenos Aires), debería realizarse sobre la base de la igualación de un status mínimo comprendido por el concepto de autonomía. Cuando se decide volver autónoma a la Ciudad de Buenos Aires, revirtiendo el proceso de "federalización" inaugurado con la constitución del Estado Nacional en 1853, se acepta además la transferencia de competencias intrínsecas a dicha autonomía (comprendidas digamos en el concepto de autonomía) a realizarse gradualmente en el marco de un proceso de "autonomización".

De manera tal que sería necesario establecer cuáles son las competencias que forman parte de ese proceso de "autonomización" que le permitiría alcanzar a la ciudad de Buenos Aires un status de autonomía como el del resto de las provincias. Porque probablemente y de este modo no estaríamos hablando de una transferencia de competencias excepcionales por un cambio de orden jurídico, el cual sí debería realizarse "con los recursos", sino del acondicionamiento de facultades del gobierno de la ciudad al estado autonómico del territorio sobre el cual tiene jurisdicción.

Por otro lado, hay una cuestión a aclarar, además.
No sé si corresponde decir que en el caso de la transferencia de competencia sobre el rubro transportes, debería hacerse la misma "con los recursos". Porque, a decir verdad, ¿cuáles son esos recursos que deberían transferirse? La plata que aporta el Estado Nacional al sector de transporte urbano es pura y exclusivamente debida a una política específica: subsidiar los boletos del transporte de pasajeros. Esta política no es obligatorio continuarla, de manera tal que si el estado de la Ciudad de Buenos Aires quisiera hacerlo debería dispensarse los recursos propios o negociar con las empresas nuevos cuadros tarifarios, que es como se manejan el resto de las provincias y municipios que administran su propio transporte público. Tal como se había hecho parcialmente con el subte, caso en el cual Nación mostró la voluntad de graduar la transferencia otorgando alrededor de 300 millones de pesos para seguir subsidiando, y que esa plata se pudiera computar en el cálculo para evitar el traspaso a boleto, cosa que surgió del marco de una negociación aceptada por ambos estados.
Porque, por otra parte, ¿cómo se plasmaría en los papeles el traspaso de recursos para subsidios, siendo que los montos son modificables mensualmente? Es ridículo pensar que la Ciudad de Buenos Aires se siente con las empresas a negociar tarifas y subsidios, y que cerrada la negociación, le exija a la Nación que le liquide los montos estipulados por ellos y los empresarios del sector.

Todas estas son complicaciones que surgen a partir de la decisión de "autonomizar" a la ciudad de Buenos Aires. Pero por ese mismo motivo para que la ciudad obtenga fondos adicionales aplicables a obligaciones devengadas de dicho proceso de autonomización sería conveniente remitirse al contrato que rige las autonomías provinciales. Para el caso específico de la guita: ley de coparticipación federal. Hoy la Ciudad de Buenos Aires recibe de coparticipación (transferencia automática) el 1,5% de los fondos coparticipables.

Esto puede resultar insuficiente, depende del parámetro que se utilice para evaluarlo.
En cualquier caso, la discusión habría que trasladarla al Congreso Nacional, y desde allí los legisladores que representan al estado de la Ciudad de Buenos Aires (senadores) y al pueblo de la ciudad de Buenos Aires (diputados) promover acuerdos con los de otras provincias para dar un nuevo régimen de coparticipación que se ajuste más a esta realidad.

The Old Fund

Me llama mucho la atención cómo se distrae el tema principal en el caso Boudou-Ciccone.

Que si la ex-esposa despechada miente o dice la verdad para agarrar guita del divorcio. Que si Vanderbroele es testaferro o amigo de tal o de cual (cosa incomprobable jamás). Que si no sé quién le debe plata al que le alquila el derpa a Boudou...

El tema no pasa ni por la quiebra de Ciccone pedida por AFIP (cosa que está perfecta, por qué debería Afip perdonar deudas a millonarios con problemitas de solvencia bancaria?).

Ni porque le hayan cerrado el ingreso a Tabanelli (Grupo Boldt) a quien se acusa de testaferro de Duhalde, si vamos al caso (y les gusta investigar y escandalizarse por este tipo de boludeces), y que es el más interesado en que la causa prospere, no porque le importa la transparencia sino porque quiere quedarse con la guita de los contratos.

Ni porque hayan hecho lobby (en este caso Boudou) para habilitarle un contrato a la calcográfica para imprimir billetes, porque los billetes de alguna forma alguien los iba a tener que imprimir (Moreno, cuidá los dólares, a ver si Mercedes necesita mandar a imprimir a Brasil de nuevo), y de esta forma se resguardaban las más de mil fuentes de trabajo de la ex-Ciccone.

El tema que me parecería interesante discutir es que el noble objetivo de salvar las fuentes de trabajo se haya materializado a través de un fondo de inversión con sede en Curaçao (?????), en lugar, por ejemplo, de estatizar a través de casa de la moneda, u otra alternativa como armar una cooperativa. Eso es lo único que merecería alguna atención. El trasfondo ideológico del asunto, y no la cáscara chimentera que por ahora lo mantiene alejado del caso (sólo Alconada Mon hizo un intento en La Nación) a Jorge Brito.

El resto del caso es humo vendido con marketing lanatesco y con información de primera mano obtenida por el turco Asís (que nos quiere hacer creer que tiene ex-buchones de la SIDE trabajando para él).

Pero nadie se va a calentar por este temita "menor" de los fondos de inversión con oficinas en el microcentro o Puerto Madero, cerquita de las consultoras financieras como Goldman Sachs, y domicilio legal en paraísos fiscales, porque nadie se quiere mandar en cana a sí mismo, ni enemistarse con el circuito financiero habitual de los negocios fáciles y las inversiones rápidas a través de sociedades ad hoc.

Convertibilidad: derogación parcial o ajuste

La Ley de convertibilidad (23928) no se deroga totalmente. Por ejemplo, sigue vigente el artículo que prohíbe la indexación de contratos y deudas. Una forma de no patear el tablero totalmente de manera irresponsable.

Pero sí derogarán, si se aprueba el proyecto enviado al Congreso, los artículos 2° y 3°.

El punto fundamental acá es la eliminación del corazón de lo que quedaba vigente de la convertibilidad: la obligación de que el BCRA mantenga reservas para respaldar el total de la base monetaria (todos los billetes que circulan más los depósitos en los bancos). El más nefasto artículo ya había sido derogado hace mucho tiempo y era el que fijaba la paridad cambiaria en 1 dólar=1 peso (10000 australes originalmente).

Al eliminar ahora esta obligación (la de mantener reservas iguales a la base monetaria) se está adecuando la legislación a algo que de hecho ya ocurrió. Hoy la base monetaria está calculada en el equivalente a 47 mil millones de dólares. Y las reservas del Central también están en esa suma.

Esto quiere decir que ya no hay más lo que la ley denomina "reservas de libre disponibilidad" que son las que exceden el monto de la base monetaria. Y que son las que se usaron para pagar vencimientos de deuda externa en los años anteriores a través del Fondo de desendeudamiento.

Entonces, ¿dónde está la cuestión?

Cumplir con la obligación de mantener reservas de respaldo al total de la base monetaria para este año supondría un escenario como el que se detalla a continuación.

La economía creció el año pasado en un 8%. Lo cual supone un piso de crecimiento de 3 o 4 puntos para este año. Y la inercia nominal de la economía viene haciendo crecer la base monetaria en un 30% anual. De manera que la base monetaria este año debería crecer en una proporción no mucho menor para mantener al menos medianamente lubricados los resortes de la economía argentina.

Ahora bien, las reservas deberían crecer a ese mismo ritmo para mantener la paridad. O sea, que Argentina tendría que garantizarse un superávit de cuenta corriente equiparable con el 30% de las reservas para este año, más o menos, cosa de cumplir con el objetivo.

A esto hay que sumarle un problema.

Los pagos de deuda. Garantía de tener que abonar deuda externa por 12 mil millones de dólares de los cuales unos 8 o 7 implicarían pérdida de reservas para el Central porque es plata que va al exterior.

Sin reservas de libre disponibilidad (la base monetaria y las reservas del BCRA están en sumas iguales a hoy) para pagar los 12 mil millones de dólares en vencimientos de este año debería recurrirse a la toma de deuda, en principio.

Esto no tiene nada que ver con una cuestión de ahorro fiscal. Sino con la disponibilidad de dólares.

Entonces, ¿cómo podría resolver el gobierno este problema de querer cumplir con la obligación de la ley de convertibilidad todavía vigente?

La toma de deuda para pagar vencimientos y para fortalecer reservas sería una posibilidad.

Que se podría coordinar con una fuerte devaluación para licuar el valor de la base monetaria en dólares.

La otra posibilidad sería un ajuste monetario muy fuerte con el objetivo de bajar el crecimiento de la base monetaria. Lo cual exigiría un ajuste fiscal de proporciones, ya que el gasto público es la vía por la cual más rápidamente la expansión monetaria se traslada a la economía real.

Una forma en que se podría visualizar esto sería a través de la conformación de un fuerte ahorro fiscal equivalente a los pagos de vencimientos, cosa de poder cambiar esos pesos ahorrados por dólares del Central para pagar, lo cual supondría un achicamiento de la base monetaria totalmente recesivo, del mismo tamaño que el achicamiento del monto de reservas.

La decisión que impulsa al Gobierno a derogar esta obligación presente en la Ley de Convertibilidad del año 1991, es evitar el incumplimiento legal de un ajuste de tamaña magnitud como para considerarlo inviable. Esto no implica que algunas correcciones en estos rubros van a seguir su rumbo, pero con una gradualidad un poco más razonable.

Hablemos de otra cosa

Caso Ciccone-Boudou.

Carta abierta de Lanata a Boudou, en la que detalla las preguntas que los "profesionales comprados" de 678 deberían haberle hecho y no le hicieron al vicepresidente.

La Afip pide la quiebra de Ciccone porque le debe 50 palos. A otros acreedores les debía 200 palos más. Me parece lógico: por qué la Afip debía subsidiar a los hermanos Ciccone?

Quiere hacerse cargo de la empresa el grupo Boldt. Moreno plantea judicialmente que Boldt (que es un grupo noruego) iba a tener posición dominante de mercado, porque ya tiene inversiones en ese ramo. La Justicia le da la razón. Se cae la entrada de Boldt en Ciccone. Me parece razonable que se evite la posición dominante de mercado y que se prefiera el ingreso de capitales nacionales y no extranjeros para evitar que las ganancias sean mandadas a sus países de origen.

Boudou piensa en favorecer el ingreso de un grupo empresario para hacer funcionar de vuelta la empresa y no perder las 2000 fuentes de trabajo. Incluso, si para levantar las deudas es necesario que el estado le pase contratos a la empresa, como la impresión de billetes (que se hizo en Brasil la última vez). Los acreedores se ponen de acuerdo (incluida la Afip). Es lógico también. Aunque puede ser discutible. ¿Por qué no estatizar Ciccone a través de Casa de la Moneda?

Lo más complicado, tal vez hasta inaceptable, es que la maniobra para el ingreso de un grupo nacional se haya hecho a través de un fondo de inversión con sede en Curacao que es un paraíso fiscal que no pregunta de dónde llegan los fondos que se invierten lo cual favorece el lavado de plata.

Claro que Lanata no puede preguntar por eso y se refugia en otro tipo de preguntas. Porque los fondos de inversión en paraísos fiscales son un mecanismo utilizable para la fundación de medios que después se funden dejando trabajadores en la calle, a través de sociedades puestas a nombre de personas sin patrimonio ni ingresos declarados suficientes como para invertir en una editorial.

Así que mejor hablemos con la separada despechada sobre coimas, Afip, testaferros y huevadas. El tema de fondo que quede bien sepultado.

La concesión de servicios públicos y los costos artificialmente inflados

Hay una interesante nota en BAE de hoy, que levanta una investigación que está haciendo Rafael Gentili (Proyecto Sur) sobre Metrovías y sus manejos financieros.

La cuestión de fondo es más o menos esta: la empresa concesionaria contrata servicios a empresas del mismo grupo, lo cual entra dentro de sus costos operativos, sobre los cuales se calcula el valor "adecuado" de la tarifa, y (en el esquema actual) el monto a subsidiar.

Es decir, la empresa puede maximizar ganancias a través de pagar asesorías truchas o sobrefacturarlas inflando artificialmente sus costos, que son cubiertos después con subsidios, que se calculan en base a esos costos.

Esta práctica seguramente se traslada a todas las concesionarias de servicios públicos. TBA, por ejemplo, cuenta con una empresa que vende y repara material ferroviario. Se provee a sí misma y a otros concesionarios a través de una empresa cuyos movimientos financieros están fuera de la órbita de control estatal que rige para los servicios públicos.

Esto, sin embargo, no es motivo de extrañeza para quienes intuyen cómo es el funcionamiento del capitalismo en el siglo XXI.

La voluntad de abarcar financieramente un área de negocios de manera tanto vertical (cadena de valor) como horizontal (provisión de servicios), descentralizando la administración mediante la creación de sociedades específicas controladas por la misma estructura financiera, es un modelo que se repite en todos los ámbitos.

Esta aclaración sirve para identificar el quid de la cuestión.

En este tipo de prácticas no incide en nada la política de subsidios. Porque en realidad la fiscalización financiera estatal a las empresas de servicios es para determinar la tarifa (con o sin subsidios).

Con los subsidios, lo que se decide, es que el estado abone la diferencia entre lo que paga el usuario y lo que "sale" el servicio.

Pero si se eliminaran los subsidios, los usuarios pasarían a pagar directamente la totalidad de los costos en la tarifa. Que se decidiría revisando las mismas planillas con costos inflados que las empresas entregarían para la revisión estatal.

O sea, con subsidios o sin ellos las maniobras detalladas existirían perfectamente igual. Los subsidios son algo totalmente superfluo a la hora de determinar que estas cosas ocurran o no.

Estas maniobras son, en definitiva, parte de la corrupción intrínseca que conlleva el modelo privado de concesión de servicios públicos.