Bienvenidos al paraíso

En estos últimos tiempos, Argentina y Uruguay tenían avanzadas las negociaciones para poner en práctica un acuerdo de intercambio de información en materia fiscal. El mismo le permitiría a la AFIP acceder a datos sobre transacciones bancarias de argentinos en el vecino paìs, de modo de poder cruzar los mismos con las bases propias e interceptar maniobras de elusiòn y evasión.

Tal acuerdo (y la voluntad para hacerlo) respondía a una conveniencia doble: Argentina podría aceitar mecanismos de recaudación por una vía que históricamente resultó una especie de salvoconducto financiero de hecho para marginales. A Uruguay le serviría en cambio para ser retirada de la lista gris de la OCDE (Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica), que lo mantiene al borde todavía de ser considerado un "paraíso fiscal".

Quienes leen este blog habitualmente sabrán que no le asignamos ningún privilegio a ese tipo de organizaciones supranacionales, que no nos reverenciamos ante ellas y que no consideramos su accionar como incuestionable.

Pero más allá de eso, el acuerdo propiciado entre Uruguay y Argentina tenía la virtud de darle relativa autonomía en la acción contra poderosos (y marginales al mismo tiempo) a nuestro estado nacional, a través de AFIP aunque más no sea, cosa que no es habitual en las recomendaciones de entidades como la mencionada.

La verdad es que las negociaciones constaban de varios puntos. Y no se circunscribían solamente al intercambio informativo tendiente a evitar evasión. También estaba en la mira la posibilidad de la doble imposición. Es decir, el objetivo era evitar que a un mismo ciudadano se le imputara doblemente a ambas orillas del Río de la Plata por el mismo crédito o el mismo bien.

Sin embargo, al parecer el lobby interno en Uruguay logró unilateralmente que las negociaciones quedaran estancadas.

Debido, fundamentalmente, a que Uruguay financia en grandes proporciones su economía con los movimientos de capital provenientes desde la Argentina. Una parte importante de nuestra famosa "fuga de capitales" computan como crédito en la cuenta de capital uruguaya de la balanza de pagos. La sola idea de que el sistema bancario uruguayo dejara de percibir parte de esos flujos, debido a la "aversión al riesgo" (riesgo a que los obliguen a actuar en concordancia con lo dispuesto por la ley) de los inversores argentinos, temerosos de sufrir persecuciones de AFIP, sorpresivamente interesada en cobrarles impuestos a los ricos, sobre todo si son evasores o elusores, generó urticarias galopantes en la suiza sudamericana.

Es bueno entender el funcionamiento de algunas de estas cosas, para compararlas con opiniones habituales, ignorantes de estos detalles, que suelen poner a la Argentina en papel de victimario frente al Uruguay en torno a la cuestión comercial y las limitaciones al ingreso de importados, o a los requisitos para la compra de divisas. O que suelen dictaminar sin demasiado dato concreto que lo sustente que Argentina es una porquería que no tiene comparación con las bondades del Uruguay. O cuando se señala la indemostrablemente distinta catadura moral de nuestras clases dirigentes.

Y también puede ser de utilidad a la hora de saber por qué la izquierda uruguaya suele ser celebrada por la derecha argentina.

Ojo, estamos convencidos de que en ese aspecto Mujica (cuyas declaraciones a veces fueron tomadas como fundamento de críticas a nuestros gobernantes) es un salto de calidad respecto del conservador y reaccionario Tabaré Vázquez (y su pupilo Danilo Astori, actual vicepresidente). Pero también habrá que reconocer que a veces la más férrea voluntad reformista choca con estructuras que manejan una lógica propia y que son muy difíciles de corregir y/o enfrentar.

Y que entonces, cuando esto se cumple más eficazmente, cualquier poder concentrado preferirá un gobierno de izquierda como el de Uruguay. Y no uno "populista" como el de acá, en que se afectan grandes intereses.

Capital y trabajo

Vamos a dar vueltas de nuevo en torno de la "pelea" que entretiene a sectores del Gobierno con sectores de la CGT.

Parece más claro hoy que desde el oficialismo se llamó a Caló para que se levante del banco de suplentes y empiece el precalentamiento. Para entrar, a más tardar, en abril. Es la intención, veremos si se puede plasmar, porque el gobierno no juega solo en esto.

El potencial reemplazante de Moyano es un tipo mucho menos cuestionado que el actual secretario general de la CGT, en cuanto a honestidad, por ejemplo. Al menos será así hasta que se haga más conocido.

Pero esta situación que puede provocar algún entusiasmo en realidad no merece que se la asuma como una acción épica revolucionaria de combate a un quiste corporativo instalado en la central de trabajadores.

Nada indica que en el marco de la "sintonía fina" el hipotético reemplazo del ex-camionero por el metalúrgico redunde en grandes beneficios para el conjunto de los asalariados.

¿Cuál es la virtud que tiene Caló y con la que Moyano no cuenta, de modo tal que se convierta en el dirigente sindical favorito del Gobierno? ¿la honestidad? ¿su incuestionable pasado como genuino trabajador? ¿que no tiene negocios a su nombre ni de testaferros? ¿que no tiene actividad empresarial? ¿que no extorsiona a intendentes?

Respetuosamente, no creemos que ninguna de esas (si existiesen) definirían la cuestión de favoritismo oficial.

Caló, sin embargo (igual que Gerardo Martínez, por ejemplo), es un tipo cuyo perfil se encuadra mucho mejor en el contexto actual y los escollos y desafíos que este implica.

Principalmente, la moderación de la pauta de actualización salarial, de cara al inicio de las paritarias, especialmente para los gremios más grandes, o cuyos trabajadores mayores salarios perciben.

Una descripción esquemática podría ser la siguiente:

en el marco de una sociedad cuyo producto se obtiene sobre la base de un incuestionado modo de producción capitalista, el gobierno eligió que este capitalismo incuestionado tuviera determinadas características.

Y en lo que tiene que ver específicamente con la relación capital-trabajo, a grandes rasgos, promovió un modelo de mediatización de los conflictos de intereses entre ambos grupos (o clases), a través de la discusión institucionalizada entre corporaciones representantes de los intereses de uno y otro: sindicatos y asociaciones empresarias.

El gobierno (desde el Ministerio de Trabajo) se propone como el disciplinador de tal relación conflictiva pero institucionlizada.

En este proceso, y hasta ahora, en general optó por hacer mayores concesiones a la corporación que representa al trabajo que a la que representa al capital.

Entendiendo que existían los márgenes suficientes como para promover un incremento relativamente acelerado del poder adquisitivo real del salario sin poner en riesgo el patrón de acumulación de capital, que se abrió incluso a nuevos actores, de distintos sectores productivos, y no solo a los tradicionales (por ejemplo, las empresas binacionales, que piden subsidios en Argentina, y pagan impuestos en Luxemburgo), y realizando un bosquejo de proyecto a mediano plazo de desarrollo e integración productiva nacional y regional.

La modificación táctica de la postura del Gobierno, sin modificar el esquema, es debida a que tal vez ya no se considere posible mantener la tendencia expansiva sin generar algún colapso, lo cual sería peor en sus consecuencias que un leve ajuste, moderado y con cierta gradualidad, como el que incluye una pauta de aumento salarial por debajo del índice de inflación. El paso a una táctica defensiva. El diferencial de concesiones, entonces, pasará a favorecer coyunturalmente al capital.

Moyano no se encuadra en esta decisión. Caló, sí.

De allí el cambio de preferencias, y la legítima intromisión política en las definiciones de una organización autónoma.

Agregado de valor en origen

Hace un tiempo había leído este post en La patria chacarera. Y la verdad es que es muy atendible lo que señala Mariano T. sobre el plan agroalimentario del INTA, para agregar valor a las materias primas en origen.

Cualquier intento de desarrollo productivo en Argentina, en materia de alimentos, tiene que vincularse directamente con la necesidad de obtener destinos de exportación.

Hay que identificar una primera condición: tenemos capacidad para producir (y de hecho lo hacemos) cantidades de materias primas agrícolas que superan ampliamente la capacidad de consumo interno. Pero el tema está ligado también a que si implementamos políticas para incentivar la agregación de valor sobre esas materias primas, indefectiblemente la rentabilidad de la exportación de grano sin procesar mermará, en beneficio de la necesidad de absorber internamente mayor cantidad de esos productos para elaborarlos y transformarlos en productos de otras características.

De manera tal que se convertiría en casi una necesidad macroeconómica desarrollar escala de producción de alimentos elaborados, capaz de generar por la vía de la exportación ingreso de divisas.

Sin embargo, hay un sesgo demasiado marcado a identificar las necesidades exportadoras con la competencia contra productos de alta calidad.

Mientras las mayores oportunidades en la materia se dan, hoy por hoy, coyunturalmente, por el lado de la incorporación al consumo de alimentos manufacturados de cantidades de población, inabastecible con producción local para los países de origen de esa población.

En esos casos, no solamente la producción de productos frescos sino también secos, competitivos en precio más que diferenciados en calidad puede ser una oportunidad, al menos de mediano plazo.

Un objetivo posible, entonces, sería identificar las necesidades cambiantes del consumo masivo.

Y por esta vía, y atendiendo a otra cosa que señala Mariano T. en su post que es la tendencia mundial de los países a alcanzar la "seguridad alimentaria" es que el desarrollo de industrias de este tipo debe ponerse como objetivo la flexibilidad, para la adaptación a situaciones cambiantes por la propia dinámica de la historia. Y para ello el auxilio de la investigación en ciencia y tecnología es fundamental.

Conflictos, socialistas y conservadores

Como destaca la teoría política, los conflictos sociales son inherentes a la democracia contemporánea. Pero este reconocimiento necesario de la pugna de valores e intereses en sociedades desiguales se agudiza cuando la política económica genera inflación y se desata una carrera entre precios y salarios (la obsesión, en defensa de los más débiles, del fundador del Partido Socialista en nuestro país, Juan B. Justo).

 Este párrafo está extraido de una nota de opinión publicada en el Clarín de hoy. El autor, columnista invitado, es el historiador Natalio Botana. Las negritas, las agregué yo.

Hay que retomar nuevamente el camino ya recorrido varias veces.
Las políticas económicas que generan inflación, lo hacen a partir de provocar una interrupción u obstaculización de los flujos "normales" de circulación de recursos y bienes.

La "obsesión" de Juan B. Justo por no desatar la carrera de precios y salarios no es otra cosa que la aceptación de la división del trabajo y el usufructo consiguiente de lo socialmente producido, evitando cualquier puja distributiva que quiera poner en cuestión las proporcionalidades que la "normalidad" sugiere adecuadas para la distribución de la renta entre grupos y sectores con intereses diversos y que puedan entrar en potencial colisión.

Es decir, defender a los "más débiles" en este sentido es cuidarlos de las consecuencias posibles (y no exclusivamente contra ellos sino generales) de una exacerbación de los conflictos de intereses, invitándolos a renunciar a pretensiones desmedidas. Anular el conflicto, saldándolo en favor de lo dado.

Es la mejor explicación de por qué el conservador Juan B. Justo no se alzó nunca con el favor de los "más débiles" por cuya defensa estaba "obsesionado", a diferencia, por ejemplo, del "inflacionario" Perón.

De derechos y privilegios: a propósito de la discusión por el subte

Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires adolecemos en general de un profundo desconocimiento del país en que vivimos. De los procesos de conformación histórica de las estructuras políticas que nos gobiernan. De los condicionantes socio-económicos que delimitaron los márgenes de expansión de la ciudad que habitamos. De la calidad de la relación con sus territorios aledaños (léase, "el interior"). De la canalización de los flujos de recursos surgidos del proceso de producción social, y de cómo se usufructúan esos recursos. Y de que todos estos procesos no son meramente naturales (aunque sí hay condiciones naturales que de algún modo influyen y hasta los determinan), sino que requieren de una convalidación política aunque más no fuera que por la omisión que significa no realizar ningún esfuerzo por modificarlos.

Nacimos, decía, en una ciudad ya construida. Para cuya construcción, además, no tuvimos necesidad de hacer ningún aporte pecuniario. Porque se fue construyendo con fondos federales.

Y como resultante de un proceso de apropiación de renta y de acumulación de capital, además, que beneficiaba primordialmente a la oligarquía residente en la misma y a las actividades económicas en las cuales ésta basaba su poderío económico, y también político. Decisión arbitraria, de proyecto de país, impuesto por la fuerza frente a otros proyectos.

Entonces, la riqueza de la ciudad portuaria se afianzó sobre dos pilares: el económico, como parte del modo de acumulación, y el político, expresado en términos monetarios a través de la organización fiscal, o sea, se financió el desarrollo de la ciudad con lo recaudado por el fisco nacional, no solamente en la ciudad sino en todo el resto del país.

Formoseños, correntinos, salteños, patagónicos, etc., todos aportaron proporcionalmente al desarrollo infraestructural de la ciudad. Los porteños también, por supuesto. Bueno fuera que ni siquiera eso...

Nacimos, decía, los porteños contemporáneos, en una ciudad ya hecha y desarrollada. Con veredas, con asfalto, con agua potable, cloacas, redes de gas y electricidad, sistema de transportes extremadamente sofisticado en relación a la media del resto del país, que incluye no sólo transporte público de pasajeros sino también amplias autopistas, por ejemplo. No tuvimos necesidad de aportar directamente a la construcción de ninguna de esas partes de lo que constituye la infraestructura urbana básica. De hecho, aún hoy la Nación sigue haciendo aportes para el desarrollo urbano porteño.

Todas estas cosas, en el resto del país, se pagan. Directamente. Con la boleta municipal. La vereda, la pagás, el pavimento, lo pagás. El gas, el agua potable y la cloaca, también. Si tenés la suerte, claro, de tener tu casa en algún territorio que entre en los planes de expansión de la infraestructura urbana.

Relacionar esto con el traspaso del subte deja en ridículo la estúpida alocución (se la escuché al legislador De Andreis): "nos tiraron el subte por la cabeza".

Cabría contestarle que queríamos en realidad "tirárselo por la cabeza" a Insfrán, pero nos pareció desmedido. Creemos igualmente que el intendente de Córdoba, Mestre, hubiera recibido gustoso el arroje por la cabeza de subte, si éste hubiera venido, claro, con unos 20 kilómetros de subte ya construidos y funcionando.

En fin, volvemos a algo que ya dijimos en relación a otro acontecimiento: el que está acostumbrado al privilegio suele confundirlo con un derecho, y cuando lo ve amenazado intenta defenderlo como a un derecho, pero la realidad es que se trata de un privilegio.

Un puntito más: evidentemente el esquema de subsidios no era nada beneficioso para las empresas. Se ve claramente analizando la conducta de las mismas ante las podas, acompañadas con aumento de boleto, y analizando además las proporcionalidades de los aumentos y la poda respectivas. Esperamos ver la evolución de cantidad de pasajes vendidos en los próximos meses para profundizar.

Ahora, justificar el incremento en el precio del boleto diciendo que va a redundar en inversiones es un verso considerable. Para salir esforzadamente del aprieto circunstancial.

La opinión de Llach

La Nación de hoy publica un análisis de la coyuntura económica mundial del ex-funcionario de De la Rúa, Juan José Llach.
En él, el economista se centra en un hecho que le parece fundamental para pensar el actual momento: lo claramente mejor que les fue en los últimos años a los países emergentes, en comparación con los magros resultados económicos de los desarrollados.

Desde allí, comienza a desarrollar el análisis de las que supone causas, principalmente de la debacle de los desarrollados, pero también del "éxito" de los emergentes. Y establece, además, algunas líneas comparativas con el período histórico de pos-guerra, para señalar una inversión en el presente de los lineamientos generales del devenir de entonces.

Ahora, como todos los análisis, éste no consigue neutralizar el ímpetu de la ideología. Que hace que Llach coloque a la alta inflación como elemento preponderante en los malos resultados (de los emergentes -subdesarrollados, bah-) de la posguerra.

Esta inclusión le permite a Llach señalar un problema concreto que enfrenta la Argentina en la actualidad y que hace que sus perspectivas para los próximos dos o tres años sean peores que las del promedio de emergentes. Si bien desconfiamos de esas previsiones fugitivas que desde hace 8 años huyen hacia el incomprobable futuro levemente cercano de "dentro de dos o tres años", concedámoslo. Pongámosle que sí.

La verdad es que en este último tramo de la historia los emergentes que han crecido (Argentina es uno de los que más ha crecido en los últimos 8 años en América Latina) han tendido a tener una inflación notablemente más alta que los países desarrollados a los que les ha ido mal.

En primer lugar, y generalizado para todos, como consecuencia de la infructuosa política expansiva norteamericana, que propició un proceso de inflación en dólares a nivel mundial, que apenas si compensó la destrucción de activos y poder adquisitivo que la recesión les causó internamente.

Y además, se le sumó que en algunos casos las autoridades monetarias no condescendieron a la aplicación de políticas tozudamente contractivas como la del Banco central europeo, por ejemplo. Incluso aquellos países que aplican "metas de inflación", los más "serios" digamos, no se desesperaron por haber incumplido la meta en algunas ocasiones, mientras el crecimiento siguió en terreno positivo.

Pero si alguna conducta en relación con la inflación debemos señalar como ligada al crecimiento negativo de las economías centrales, es el no abandono de la fijación obsesiva por combatirla aún cuando no la hubiera.

Es decir, la realidad muestra lo mismo que dice Llach, pero totalmente al revés.

Sintonía fina: examen válido hasta el día de hoy

Escuchamos muchas veces que el ajuste era inevitable. Sólo un actor político de los que aspiraban a administrar los resortes estatales no había aceptado tal inevitabilidad. Justamente el que tenía la obligación de gobernar, después de los contundentes (hasta lo lacerante) resultados de octubre (anticipados en agosto).

Cabe recordar acá que para algunos comentaristas de la realidad el ajuste era inevitable ya en 2007. Y se pospondría hasta el 2008 poselectoral por pura necesidad política, tan enemistada con la racionalidad imperante en la ciencia económica. El "modelo" ya estaba agotado desde entonces.

La realidad volvió a ser esquiva, año tras año, tanto para la inevitabilidad de los ajustes, como para las desgracias que acaecerían en caso de que la "política" quisiera gambetear subversivamente lo dictaminado por las leyes de hierro de la ciencia.

Pero esta vez las cosas son distintas. Cristina le prometió a la UIA terminar con las "distorsiones", y el  proyecto de acumulación de capital con desarrollo endógeno ya tuvo su primer choque con el hecho maldito del país burgués realmente existente. Los episodios se repetirán, y sólo la capacidad política del gobierno para administrar la coyuntura pueden evitar que los chispazos importunen de manera considerable. Es la dinámica histórica en su versión más genuina.

Pero los ajustes tienen formas... y formas.

Hasta ahora la cuestión fiscal ha tenido centralidad. Y los datos no son del todo negativos. No todo lo negativos que se había esperado al inicio de diciembre, al menos.

Los recortes de subsidios fueron hasta ahora muy prudentes. Y no está mal que el ahorro se vincule con el factor tiempo. Los anuncios, que sin dudas sobrevendrán, no escaparán a este ritmo cansino y paciente que la respetable mesura le impuso al proceso desde el inicio.

Otro hecho destacable, como pilar de la "sintonía fina", es la postergación hasta después del cierre de paritarias de la modificación del mínimo no imponible de ganancias. Un elemento que, además, en el terreno político es disciplinador de los reclamos exacerbados.

Y hay dos indicios para evaluar también. Primero la revisión incluida en el decreto de ampliación de gastos que pesará sobre los ingresos de los 300.000 empleados del estado nacional que cobran plus salariales en diversas formas.
El otro, el reclamo de Bossio sobre la industria del juicio en materia de seguridad social, con jubilaciones que post-sentencia ascienden a los 100.000 pesos.

Este último punto, sobre todo, recuerda a lo que fue un tópico de la política de seguridad social, que era el achatamiento de la pirámide, mediante la inclusión de nuevos beneficiarios excluidos a costa de la merma en la actualización de haberes de los privilegiados y los intermedios.

Ajuste antipático, como todos, pero al que hasta ahora nadie le puede endilgar falta de voluntad para conjugar gradualidad y selectividad.
"Lujos" gubernamentales (estos sustantivos) sólo posibles cuando los márgenes no asfixian.