De aquel "paraíso" para las mineras proclamado por la "izquierda", a este infierno que anuncian los voceros de las corporaciones

En la sección Economía del diario La Nación, que hoy compite fuertemente con Clarín por constituirse en boletín oficial de la monarquía teocrática del Vaticano, se publica esta interesante nota donde se dan detalles de cómo marcha la actividad minera en nuestro país, a la luz de la suspensión unilateral de la brasileña Vale de la explotación de un yacimiento de potasio en Mendoza. La visión que difunde la nota es la de las empresas, en función de su capacidad de obtener rentabilidad "adecuada" para sus proyectos.

Una de las cosas en las que hace reiterativo hincapié el artículo es en la comparación entre la situación argentina y la de países vecinos con potencial minero parejo, como Chile y Perú.

Se habla por ejemplo de una presión tributaria para el sector mucho menor en esos países (mientras aquí rondaría el 34%, en nuestros vecinos andaría por el 18 y el 20). Este elemento es absolutamente discordante respecto de las críticas que suelen proliferar en sentido inverso: que las mineras pagan poco impuesto. A los ojos de las compañías pagan demasiado.
Y apuntan un dato relevante: mientras en Chile y Perú la base imponible son los ingresos netos, en Argentina es la facturación bruta, lo cual, independientemente del nivel de las alícuotas que se apliquen, aumenta muchísimo el nivel de aportes al fisco en relación con las ganancias netas obtenidas.

Otras "dificultades" señaladas también son sintomáticas: por ejemplo, las dificultades de facto que enfrentan las compañías para girar sus utilidades al exterior. Esto es, estimo yo, decisivo para que Vale haya abandonado su proyecto.
La empresa brasileña es eminentemente productora de hierro. Enfrenta un proceso de reducción fuerte de sus ganancias a nivel global a partir de que la merma en el crecimiento de la producción industrial china provoca un menor nivel de demanda de hierro, lo cual hace además bajar el precio del mineral. Ante eso, Vale decide una diversificación productiva que le permita compensar pérdidas. Pero para llevar a cabo con éxito tal plan a escala global, necesita garantizarse la libre disponibilidad de las utilidades. Creo yo que en esta "desconfianza" generada por la tensión entre reinversión interna o remesas al exterior que le pudiera plantear el Gobierno argentino se explica el retiro del proyecto por parte de la compañía, en lo que puede significar algún incumplimiento de contrato que, al igual que al país, no le saldrá gratis.

Otro punto que en la comparación pone a la Argentina en desventaja en relación a sus vecinos para la consecución de inversiones: la mayor permeabilidad de los gobiernos chileno y peruano, para hacer "cumplir la ley" ante posible conflictividad social. Directamente y sin eufemismos: las protestas, sean de grupos ambientalistas contrarios a la explotación minera, sean de trabajadores directa o indirectamente afectados a la actividad, son resueltas con mayor firmeza por parte de los gobiernos de esos países. Los cagan a palos sin pruritos. Y listo. "Cumplen con la ley".
Lo cual de algún modo también conecta con otra preocupación corporativa: el nivel salarial. O sea, para decirlo de manera más presentable: la "competitividad". "Perdemos competitividad por aumento de costos", o "sufrimos la revaluación cambiaria" significan, sin eufemismos, "tenemos que pagar sueldos muy altos".

Y lo más llamativo de todo es que uno de los pilares del esquema minero amigable con los inversores externos ("investement friendly", para decirlo en jerga de suplemento económico) que se implantó en la década del 90 con la reforma constitucional del 94, que fue la provincialización de los recursos mineros, les resulta hoy ruidoso a las compañías que dicen padecer la arbitrariedad de los gobernadores (sólo Gioja es tibiamente elogiado).

En definitiva un esquema que adolece de todos los "defectos" que según Pino Solanas brillan por su  ausencia. Siempre compleja, la realidad.